Antes de ser arrestada por participar tras una protesta de inmigrantes, Daniela Vargas soñaba con tener tres hijos y ser profesora de matemáticas.
Ahora, la joven de 22 años descrita por sus amistades como una típica chica norteamericana podría ser deportada sin audiencia a Argentina, un país al que no ha regresado desde que tenía 7 años, cuando sus padres huyeron de una economía en colapso y violaron un programa de exención de visa para trabajar en Mississippi.
Sus abogados dijeron que presentaron una moción en el Departamento de Seguridad Nacional para que Vargas, ahora detenida en Luisiana, pueda permanecer en Estados Unidos mientras preparan un alegato judicial.
Por ahora se le procesa por “exceder el permiso de estadía”, lo cual significa que pueden negarle una audiencia y ponerla en un avión a Sudamérica.
“Dijo que estaba en una celda con otras chicas. Ni siquiera se ha bañado porque le da miedo”, dijo su amigo Jordan Sanders. “No entiende lo que sucede”.
Sanders dijo que agentes federales en dos autos sin placas los recogieron cinco minutos después de la conferencia de prensa en Jackson, donde clérigos, abogados y defensores de los derechos civiles se pronunciaron contra las medidas inmigratorias del presidente Donald Trump.
“Rodearon el vehículo y abrieron la puerta del lado de Dany y actuaban como: `Saben quiénes somos, saben por quién estamos aqu픑, dijo Sanders. Se la llevaron esposada.
La joven estudió en la Universidad del Sur de Mississippi y era una “dreamer”, eximida de la deportación bajo la ley de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA por sus siglas en inglés).
Cada vez que conversábamos era como si ella encontrara nuevas partes de sí misma”, dijo Macy Hudson, compañera de clase de Vargas en la misma localidad de unas 3 mil 500 personas en el centro de Mississippi.
Hudson relató que se llevaba a Vargas casi a fuerzas a comer a un restaurante Olive Garden y que ambas platicaban de sus programas favoritos de televisión.
Otros amigos la describen como una buena estudiante de secundaria incapaz de hacer daño a nadie que contaba bromas a quienes conocía.
Debió abandonar los estudios universitarios por falta de dinero. Tenía varios empleos, uno en una compañía telefónica y otro un restaurante de comida saludable, para reanudar la escuela.
El programa DACA, que sus detractores llaman “amnistía ilegal”, ha protegido a unos 750 mil inmigrantes desde que el presidente Barack Obama lo inició en 2012. Permite a los jóvenes que llegaron cuando eran niños y viven en el país sin autorización obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años.
El permiso más reciente de Vargas venció en noviembre y apenas en febrero pudo reunir los 495 dólares de cuota para renovarlo, dijo Abigail Peterson, una de sus abogados.
