Detectan irregularidades y desabasto en las cocinas comunitarias en Oaxaca

Noticieros Televisa

Las cocinas comunitarias en el estado de Oaxaca fue uno de los programas sociales emblemas del gobierno que encabezó Gabino Cué, para combatir la desnutrición entre la población más pobre de ese estado, pero también fue uno de los más cuestionados en el manejo de recursos.

Facturas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca muestran que se compraron utensilios en grandes cantidades, como, budineras, bote italiano, cuchillo de chef o licuadoras que supuestamente eran para las cocinas comunitarias, sin embargo, dichos comedores no cuentan con ninguno de esos accesorios.

Entrevistado antes de que dejara el cargo, el exdirector del programa de cocinas comunitarias del DIF estatal, David Fernández, negó que se compraran esos productos y aseguró que los 500 millones de pesos que cada año se destinan a esos comedores solo se utilizaron para la adquisición de alimentos.

“Este recurso que viene etiquetado solo es para alimentos…si de ahí se quiere pensar que parte de ese recurso se utiliza para comprar ese tipo de insumos no podríamos, estaríamos terriblemente castigados por la función pública y la auditoría”, dijo David Fernández, exdirector del programa de Cocinas Comunitarias del DIF Oaxaca.

“Lo único que nos mandan es la despensa. La verdad es que entre todas tenemos que fijar una cooperación para recaudar ese dinero y comprar las cosas que se necesiten”, explicó Silvia Velasco, integrante del Comité de Cocina Comunitaria, Tamazulápam, Oaxaca.

Esta es la cocina comunitaria de Tamazulápam, ubicada en la mixteca oaxaqueña.

Atiende a 98 personas y en un principio funcionaba en este espacio de lámina.

La organización y cooperación de las integrantes del comité logró que pudieran construir este otro espacio.

Cocinan con leña, cuentan con los utensilios básicos, nada parecido a los instrumentos reportados en las facturas. Y una bodega para almacenar la despensa que cada bimestre les manda el gobierno del estado, la cual se supone no debería tener costo.

“Cada que nos llega el envío, pagamos también una cooperación para ir al municipio a depositarlo, damos mil 760 que igual tenemos que cooperar para pagarlo. ¿esa cooperación para qué es? Ellos dicen que cada envío tenemos que pagar”, describió Victoria Márquez, presidenta del comité de Cocina Comunitaria, Tamazulápam, Oaxaca.

“Dentro de las responsabilidades que el sistema DIF y asume al momento de los procesos de licitación, es que la empresa que distribuye los alimentos tiene la responsabilidad y obligación de trasladar los productos a pie de la cocina, sea donde sea que se encuentre, sin ningún costo”, señaló el exdirector de las cocinas comunitarias del DIF Oaxaca.

“¿Pero es el estado quien les dice que tienen que pagar, o es el municipio? Ya viene la orden de allá, llega el carro y traen la ficha de pago”, dijo Victoria Márquez.

Las cocinas comunitarias son abastecidas por la empresa Serel, la cual ganó las licitaciones en todo el sexenio de Gabino Cué.

Se trata de una empresa sancionada en 2012 por la Secretaría de la Función Pública, debido a que no reunía los requisitos en la ley de adquisiciones del sector público para la licitación de un comedor en la Secretaría del Trabajo.

“Esa parte la desconozco y si así fuera el caso creo que estaría imposibilitada a entrar en los procesos normativos”, afirmó David Fernández.

La ganancia de la empresa fue de 3 mil millones de pesos en todo el sexenio de Gabino Cué, 500 millones por año. Cantidad que se le entregaba, aunque hubiese cocinas sin funcionar.

Despierta comprobó que hay comedores comunitarios cerrados como el ubicado en el municipio de Tejupam.

“Hasta el día de hoy tenemos 2 mil 315. Todas operan, señaló el exdirector Fernández.

Pero la nueva presidenta del DIF Oaxaca dijo solo funcionan 13 de las 2 mil 315 cocinas.

Martha Patricia Campos, exdiputada de Oaxaca por el Partido Acción Nacional (PAN), solicitó en varias ocasiones en la tribuna del congreso la comparecencia de la entonces directora del DIF, sus compañeros diputados nunca le hicieron caso.

La exmilitante del PAN denunció que la empresa Serel estaba apadrinada por Jorge Castillo Díaz, uno de los amigos más cercanos del exgobernador Gabino Cué.

“Todas las licitaciones que entraban eran parte o tenían que entrar directamente con el señor Castillo. La mano derecha de Gabino Cué. La mano derecha que siempre, todo lo que tenía que pasar de obras, licitaciones, todo tenía que pasar por las oficinas del señor Jorge Castillo. En una ocasión me sentó mi coordinador Juan Iván con él para que dejara de decir de las cocinas”, afirmó la exdiputada de Oaxaca por el PAN.

Jorge “El Coco” Castillo Díaz, fue conocido como el operador financiero de Gabino Cué.

En 2015, el senador Benjamín Robles, quien años antes fuera operador político de Gabino Cué, denunció a Jorge Castillo Díaz ante la PGR por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Presentó documentos en los que Jorge “Coco” castillo tiene una cuenta por 24 millones de dólares en un banco de Texas.

En junio de 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una alerta al FBI para que investigara a Castillo por lavado de dinero.

El SAT le congeló cuentas bancarias por 64 millones de pesos debido a que no cubrió los impuestos de ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos.

En octubre de 2016, en su comparecencia en el senado, la entonces procuradora General de la República, Areli Gómez, confirmó que las denuncias por el caso Oaxaca estaban en proceso de investigación.

KAH

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