Después de 10 años, negligencia en pacientes con hidrocefalia cobra estragos

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El sistema de derivación consiste en un catéter cuyos extremos se introducen en el cerebro y en el abdomen. (AP, archivo)

En octubre de 2004, Yolanda Guerrero fue diagnosticada con hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez, donde le colocaron una válvula en el cerebro, conocida como Pudenz.

La válvula falló y en diciembre de ese año le implantaron un nuevo dispositivo llamado sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo.

Yolanda fue dada de alta para hace su vida normal, “pero ella nunca mejoró, al contrario”, comentó su esposo, Juan Manuel Armenta.

Desde entonces estoy yo cansada… me mareo… me he caído en la calle, me he desmayado”, relató Yolanda.

De 1993 a 2006 el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía implantó 473 sistemas de derivación en sus pacientes con hidrocefalia.

En 2009, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) dictaminó que este dispositivo se instaló en fase experimental, sin protocolo de investigación vigente y sin contar con autorización sanitaria.

Juan Luis Gómez Amador, subdirector de Neurocirugía del INNN, afirmó que el dispositivo no lo pueden considerar “experimental, porque no estamos probando algo nuevo”.

Señaló que fue aprobado por la Secretaría de Salud a través de la Dirección del Instituto de Neurología y Neurocirugía.

El sistema de derivación consiste en un catéter cuyos extremos se introducen en el cerebro y en el abdomen, está fabricado con tygon, un material plástico que nunca antes se había usado en el interior del cuerpo humano.

Fue inventado y patentado en 1997 por el doctor, Julio Everardo Sotelo Morales, ahora investigador emérito del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, de donde fue director de 1998 a 2006.

El subdirector de Neurocirugía del INNN detalló que “el sistema se dejó de emplear en 2006… porque ya no existieron los recursos económicos para la fabricación del mismo… El sistema se fabricaba dentro del Instituto”.

Para la asociación civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., el uso de este dispositivo fue una práctica médica ilegal, que viola al menos una decena de artículos de la Ley General de Salud.

En 2010, la Red denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por crímenes de lesa humanidad y tortura médica.

Rodolfo Ondanza, integrante de la asociación Red Solidaria Década Contra la Impunidad, señaló que están en búsqueda de “una auditoria para saber el número exacto de víctimas… y sabiendo cuántos sobrevivientes existen, se les dé atención médica gratuita y expedita”.

Subrayó que debe haber “resarcimiento del daño, como a ley corresponde y por último que hay a un deslindamiento de responsabilidades”.

Fue hasta 2007 que a Yolanda le retiraron el dispositivo implantado en 2004, pero una parte de él quedó encarnado en el cerebro.

En la misma intervención quirúrgica, le colocaron otra válvula convencional, pero su salud no ha mejorado.

Esto no es vida, lo que estoy pasando”, aseveró Yolanda.

 

Con información de Cecilia Reynoso.

 

RMT

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