Lleva más de 15 años preso. Es el mexicano que más tiempo ha pasado en la cárcel sin ser sentenciado.
“Tengo 15 años metido en un calabozo, sin culpa”, dijo Daniel García.
En abril de 2002, Daniel García y su exjefe, el entonces alcalde de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Juan Antonio Domínguez, fueron detenidos, arraigados y trasladados al Penal de Barrientos.
La Procuraduría de Justicia los acusó de extorsión, fraude, delincuencia organizada y del asesinato de una regidora.
Se dicta auto de formal prisión en contra de Juan Antonio Domínguez Zambrano y Daniel García Rodríguez por la probable responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado en agravio de María de los Ángeles Taméz Pérez.
Cuatro años después, el exalcalde fue exonerado y liberado, pero Daniel García siguió preso y combatiendo las imputaciones en su contra.
Actualmente sólo la acusación de homicidio calificado lo mantiene en prisión. Fue exonerado de las 3 restantes.
“La negligencia de los jueces en este caso es la que ha permitido que el proceso se alargue tanto, porque para que cumplan con su obligaciones constitucionales han tenido que ser obligados a través de la interposición de distintos recursos”, señaló el abogado defensor Simón Hernández.
Dos ejemplos de esa negligencia, asegura su abogado, son éstos.
Cinco años tardó la revisión del auto de formal prisión, a través de una apelación y un amparo.
Trece años demoró el juzgado en dar vista al ministerio público para que investigara las denuncias por tortura.
Para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México este juicio se ha alargado por causas imputables al acusado.
“El procesado expresamente renunció al derecho a ser juzgado en un año, con la finalidad de aportar medios de prueba. También ha interpuesto diversos recursos y juicios de amparo. En el caso han sido 20 juicios de amparo”, señaló Palemón Jaime Salazar Hernández, magistrado consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.
Sin presuponer la inocencia o culpabilidad del acusado, Miguel Carbonell, especialista en derecho constitucional, dio su opinión sobre este caso.
“Es desde luego gravísimo, desde mi punto de vista, pero así como ese, hay cientos de personas, miles de personas, que vienen arrastrando una medida cautelar de prisión preventiva excesivamente larga, que viola su presunción de inocencia, su derecho a la defensa, su derecho al debido proceso legal”, concluyó Miguel Carbonell Sánchez, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.
Recordó que en México 4 de cada 10 personas que están presas no han sido sentenciadas.
Son por lo menos 90 mil internos a los que no se les ha declarado culpables o inocentes.
Con información de Óscar Hernández
KAH
