CNDH envía visitadores a Culiacán tras asesinato del periodista Javier Valdez

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La CNDH externó su solidaridad con la familia y compañeros de profesión del periodista Javier Valdez (@jvrvaldez)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, periodista del semanario Ríodoce de Culiacán, Sinaloa y corresponsal del periódico La Jornada.

Externó su solidaridad con la familia del periodista y sus compañeros de profesión, así como con los trabajadores y directivos de ambos medios informativos.

En un comunicado se detalló que para el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el homicidio de Javier Valdez Cárdenas es un hecho inaceptable y reprobable, que lastima a la sociedad mexicana en su conjunto, afectando la libertad de expresión y al corazón mismo de la democracia mexicana.

CNDH envió a Culiacán, Sinaloa, visitadores adjuntos, encabezados por el titular del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, para sostener reuniones con los familiares y colegas de Javier Valdez Cárdenas, así como con autoridades municipales y estatales de aquella entidad.

La CNDH solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita para que este asesinato no quede impune, y para que implementen las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Javier Valdez Cárdenas.

Con tales medidas se busca salvaguardar la integridad física de los familiares de la víctima y de los colaboradores del semanario Ríodoce, las cuales fueron solicitadas por esta Comisión Nacional a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como para que también se les brinden medidas de contención emocional.

La CNDH reitera su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad, para evitar homicidios que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo.

CNDH subrayó aun cuando las agresiones a periodistas no provengan de servidores públicos, sino de particulares, el Estado mexicano no está exento de su obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de las mismas.

“Los agravios a periodistas que no se atienden hasta su esclarecimiento total, reparación integral del daño a la víctima y castigo a los responsables, generan la reiteración de prácticas criminales que lastiman y afectan la vida nacional en sus valores cívicos y democráticos; así como la privación de vida de periodistas y defensores de derechos humanos”.

CNDH manifestó que es obligación de la autoridad poner fin al círculo perverso que va desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas, recorrido que pasa por el miedo, la incertidumbre, la duda y en no pocas ocasiones la autocensura, sin olvidar el cierre de medios informativos, el cambio de profesión de periodistas y el autodestierro o movilidad forzada.

Detalló que “el crimen organizado y el abuso de poder constituyen una realidad que frecuentemente golpea el ejercicio periodístico con el propósito de censurarlo, sumarlo a fines y causas ajenas, así como inhibirlo, reprimirlo o castigarlo”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró la necesidad de que la Recomendación General número 24, emitida por este Organismo Nacional sea atendida con la oportunidad y de manera integral, al tiempo que refrenda su solidaridad con el gremio periodístico y estará vigilante del proceder de las autoridades en cada caso.

Con información de la CNDH

AGHO

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