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CIDH otorga medidas cautelares a la fiscal general de Venezuela

CIDH otorga medidas cautelares a la fiscal general de Venezuela

Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela. Reuters

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este viernes medidas cautelares a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, según anunció en un comunicado en el que insta al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar su seguridad y la de su familia.

Las medidas cautelares se disponen cuando la comisión cree que la vida o la integridad de una persona corre peligro.

Ortega, quien, pese a proceder del chavismo se ha convertido en una voz crítica con el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado estar siendo objeto de amenazas por parte de funcionarios del gobierno venezolano. Esta semana así se lo dijo en conversación telefónica al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La CIDH indica que tras analizar las alegaciones “y considerando la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela”, ha concluido que Ortega y su familia están “en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable”.

La comisión ha tenido en cuenta el papel de la fiscal en las denuncias de violaciones a los derechos humanos en su país y de presuntas violaciones al marco legal y constitucional en lo relativo al proceso de la Asamblea Constituyente, que se instaló hoy en Caracas.

Entre los factores de riesgo que ha tomado en cuenta cita declaraciones y pronunciamientos, “algunos provenientes de altas autoridades, que habrían vinculado a la fiscal con actos ‘terroristas’ calificándola como traidora al gobierno”.

También cita “la presunta persecución dirigida a retirarla de su cargo y reducir sus competencias; así como las amenazas que habrían sido proferidas en su contra en las afueras de la sede del Ministerio Público, advirtiéndose en una ocasión la presencia de una persona armada”.

Además de instar al gobierno a garantizar su integridad personal y la de su familia, le urge a adoptar medidas para garantizar que puede desarrollar su labor como fiscal general del Estado.

FJMM

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