El 17 de noviembre del año 2015 Monserrat Paredes Ávila murió atropellada por un autobús de transporte público de la concesionaria Bicentenario RFM, sobre Avenida Paseo de la Reforma. Ella tenía 21 años de edad, estudiaba mercadotecnia y se dirigía en bicicleta de la zona de Polanco al cruce entre Reforma e Insurgentes. Dos años después de su muerte, la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México resolvió que las Secretarías de Movilidad y Medio Ambiente no tienen responsabilidad alguna ante una mala planeación de las ciclovías, como reclama la familia de Monserrat Paredes Ávila.
Dentro del documento entregado al papá de la joven, la Secretaría de Movilidad consideró que el atropellamiento “se trató de un hecho y circunstancia consentido por ella misma, puesto que se colocó por su propia voluntad en el evento”.
El documento agrega que la joven “no fue obligada y aceptó un riesgo como toda persona que circula en la megalópolis de la Ciudad de México y se sirve de toda infraestructura urbana”.
Gabriel Paredes, papá de víctima, explica: “Toda la planeación de ciclovías es culpa de mi hija. O sea, el que va y se mete a una ciclovía y lo atropellan, pues fue su bronca. El Gobierno no está obligado a planear ni a proteger peatones ni ciclistas”.
El director general de Legalidad de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, Fernando Carmona, declaró que no procedía el argumento de la Secretaría de Movilidad, que prácticamente culpa a la joven. “Hubo algunos argumentos de los entes públicos que trataban de establecer algunas excluyentes de responsabilidad hasta irrisorias como si la víctima se hubiera colocado en esa posición y que eso le causó la muerte”.
La familia de Monserrat Paredes Ávila y sus abogados solicitaron a ambas Secretarías documentos que demuestren la planeación de esa estructura y la capacitación de los choferes de las empresas concesionarias.
Alejandro Martínez, abogado de las víctimas, señala: “No exhibieron documentación alguna que probara al menos si esa vía ciclista había sido pensada”.
Un segundo argumento con el que se deslinda a ambas Secretarías es la Ley General de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México. Ahí se establece que el tiempo para reclamar una indemnización por un accidente en la obra es de un año. La ciclovía fue puesta en operación en el año 2012.
Alejandro Martínez, abogado de las víctimas, explica: “Ellos dicen que como el accidente ocurrió el 17 de noviembre del 2015 entonces ya estaría prescrito”.
El tercer argumento para deslindar de responsabilidad a las dependencias de la Ciudad de México es que no hay una causa-efecto en el accidente. “Hay una causa eficiente, una causa origen y esa es la construcción de forma negligente de una ciclovía o una vía compartida entre un servicio público concesionado y las bicicletas”, afirma Alejandro Martínez, abogado de las víctimas.
Fernando Carmona, director general de Legalidad de la Contraloría CDMX, responde: “No se acredita que haya actuado por la instrucción de un ente público, sino que fue por la impericia, como lo comento, del chofer”.
La Contraloría General de la Ciudad de México estableció un plazo de 15 días hábiles a partir del 22 de noviembre pasado para que la familia Paredes Ávila apele la resolución administrativa que les negó 140 millones de pesos que piden de indemnización. En la vía penal, ellos aseguran que tampoco tuvieron justicia.
Gabriel Paredes, papá de la víctima, denuncia: “Al chofer lo detuvieron al otro día en base a los videos que había en las cámaras de Reforma y de ahí se inició el proceso penal, que parecía que todo iba muy bien, y a la hora del juicio hubo muchas deficiencias de parte de los fiscales y el Ministerio Público. No sabían cómo incorporar las pruebas al juicio”.
Esta versión del papá de Monserrat Paredes quedó comprobada en uno de los videos del juicio. Ahí se aprecia que el ministerio público encargado del caso, Marco Antonio Camacho Vázquez se desiste de las pruebas en contra del chofer al no saber incorporarlas. Esto provoca la molestia de la jueza del sistema procesal penal Belem Bolaños Martínez, quien señaló: “Ministerio público, estimo que su conducta es reincidente, que no conoce cuáles son las reglas para el desahogo de la prueba del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si persiste en esta conducta me veré obligada a dar aviso a su superior jerárquico, así como al ciudadano procurador de justicia de esta ciudad, puesto que no se puede dar continuidad de manera adecuada a este procedimiento como lo solicita”.
Gabriel Paredes, papá de la víctima, agrega: “A pesar de todo eso, es el día que no hay un supuesto culpable de este hecho. El transporte público sigue en la impunidad total, no, siempre son como protegidos, ¿por qué?, no sé si hay intereses del Gobierno ahí atrás”.
La familia Paredes Ávila también inició un procedimiento civil en contra de Bicentenario RFM, su aseguradora y el chofer que atropelló a Monserrat.
Con información de Claudio Ochoa
MLV
