En una sesión de casi 12 horas, la Asamblea Legislativa capitalina aprobó el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
Estará sustentado en tres instancias fiscalizadoras, revisoras y sancionadoras de los actos de corrupción de funcionarios públicos: la Contraloría General que tendrá autonomía presupuestal y de gestión, la Auditoria Superior local, y la Fiscalía Anticorrupción, la cual tendrá atribuciones para sancionar faltas administrativas graves, incluso, penalmente.
Comprende 136 nuevos puestos para funcionarios, entre ministerios públicos especializados, magistrados, y otros.
Los diputados locales actuales, o sea esta misma legislatura, elegirán al primer fiscal anticorrupción y al próximo contralor capitalino, por mayoría simple, es decir, por voto de la mitad de los diputados presentes más uno, a partir de ternas presentadas por el Jefe de Gobierno. Ambos tendrán una gestión de siete años con derecho a ser reelegidos por una única ocasión.
Morena, PES, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y parte del PRI reclamaron sin éxito que esta decisión abre la puerta para que esta legislatura designe a un fiscal anticorrupción y a un contralor de la ciudad a modo por 7 años.
La Fiscalía Anticorrupción contará con agentes del Ministerio Público especializados y policías de investigación.
Se crea un sistema digital que contendrá las declaraciones fiscales y de interés de los funcionarios públicos, con él se dará seguimiento a la evolución patrimonial de los funcionarios, estará a disposición de los entes de fiscalización.
En las reformas aprobadas al Código Penal de la ciudad, por ejemplo, se establece ahora que comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, el particular que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión dé prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Ciudad de México, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero.
Con información de Carmen Jaimes
KAH
