Un juez federal bloqueó temporalmente este miércoles una decisión del Departamento de Justicia que de acuerdo con activistas obstaculizaría mucho del trabajo que realizan para ayudar a quienes enfrentan procesos de deportación.
El juez Richard Jones, de Seattle, emitió su decisión inmediatamente después de escuchar argumentos en una demanda presentada por el grupo sin fines de lucro Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto para los Derechos del Inmigrante).
El Departamento de Justicia le envió al grupo una carta el mes pasado en la que le dijo que no podía dar cierto asesoramiento legal a inmigrantes a menos que asuma formalmente su defensa legal en la corte. La agrupación sostiene que no tiene los recursos para ello.
La orden obligaría al grupo y a otras organizaciones similares a dejar de preparar mociones y otros documentos a nombre de inmigrantes que se representan a sí mismos en las audiencias, indicó la organización.
El grupo entabló una demanda contra el gobierno federal la semana pasada, acusándolo de violar sus derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión y a hacer peticiones al gobierno.
El juez estuvo de acuerdo en que la medida del Departamento de Justicia violaría los derechos constitucionales del Northwest Immigrant Rights Project a la libertad de expresión, de asociación y de petición al gobierno, y que la carta de cese y desista limitaría su trabajo, lo cual obligaría a muchos inmigrantes a quedarse sin asistencia legal, ya que las personas que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado en la corte, como sí lo tienen los acusados de delitos penales.
El juez prohibió asimismo que el Departamento de Justicia envíe esas cartas a otras organizaciones sin fines de lucro que hagan trabajos similares en el país.
Jorge Baron, director ejecutivo del grupo con sede en Seattle, dijo que sus abogados habían estado rechazando solicitudes de ayuda a entre tres y cuatro docenas de inmigrantes a la semana desde que recibieron la carta, y agregó que muchos de esos inmigrantes están detenidos.
“Estamos muy entusiasmados de poder volver a trabajar”, dijo.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, perteneciente al Departamento de Justicia, citó una regla adoptada en el 2008 para erradicar la mala conducta profesional de los abogados y el llamado fraude de “notarios”, en el que personas no autorizadas a ejercer la abogacía decían poder ayudar a los inmigrantes a obtener el estatus legal.
Victor Mercado Santana, abogado del departamento, le dijo al juez que la regla era un ejercicio legítimo de la autoridad del gobierno para regular a los abogados que comparecen en las cortes de inmigración con el propósito de sancionarlos en caso de que comentan infracciones.
Pero el juez resaltó que desde que la regla entró en vigor, el Northwest Immigrant Rights Project ha informado de su participación en cualquier petición que ha presentado a nombre de inmigrantes que carecen de representación legal, por lo que no sería difícil para las cortes vincular cualquier petición cuestionable éticamente con los abogados que la presentaron. De hecho, dijo Jones, era solamente gracias a que el grupo incluyó esas notas que el Departamento de Justicia supo a quién enviarle la carta.
“¿Es ése el efecto? ¿Están siendo penalizados por ser honestos?”, preguntó el juez.
El magistrado cuestionó repetidas veces el objeto de aplicarle la regla a una organización sin fines de lucro y buena reputación que, como Mercado Santana reconoció, realiza labores importantes ante un retraso masivo de casos de inmigración.
FJMM
