Sin embargo, éstos continuarán inhabilitados por 15 años para ejercer cualquier cargo público.
En un comunicado, ambas dependencias dieron a conocer que analizan la procedencia de un recurso de revisión del cual conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si ésta determina que el asunto revierte importancia o trascendencia.
Queda en evidencia que en su decisión, el tribunal no consideró ilícito que los servidores públicos hayan emitido una opinión favorable para adjudicar directamente un contrato de supervisión de obra, cuando la licitación de ésta había quedado desierta.
Indicaron que para la autoridad esto representa un claro fraude a la ley, pues de esa opinión derivó un contrato por adjudicación directa de la supervisión de una obra que no se iba a realizar.
En 2014, la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios inició un procedimiento administrativo contra el ex subdirector de Costos y Concursos, y el ex Jefe de Unidad Departamental de Concursos de esa dependencia.
Ello, por irregularidades en la asignación del contrato número 12. 07 CD 03.M.3.011, a favor de una empresa, por un monto de 1’070,520.13 pesos para la supervisión de la construcción del “Proyecto Integral para la construcción de la Policlínica Tláhuac-Mixcoac”.
La Contraloría dio vista al agente del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ-CDMX, toda vez que los hechos materia del procedimiento de responsabilidades, también podrían ser constitutivos de ilícitos cometidos por ambos ex servidores públicos.
Tras diversas investigaciones, la Contraloría los encontró responsables y los inhabilitó por 15 años, dicha determinación se encuentra vigente y es materia de litigio por parte de los servidores públicos a la fecha.
El representante social ejercitó acción penal contra ambos ex trabajadores por el delito de uso ilegal de atribuciones, siendo procesados y sentenciados por la Tercera Sala Penal de la Ciudad de México a pena de prisión de 1 año 15 días, la cual se conmutaba por una multa, además de una inhabilitación de 6 años 6 meses.
Sin embargo, por dicha determinación, los servidores públicos promovieron un amparo ante un Tribunal Colegiado, que determinó concedérselos y dejar sin efecto la sentencia penal que los condenaba.
Ante esta situación, se analiza la procedencia de un recurso de revisión del cual conocería la SCJN, si ésta determina que el asunto revierte importancia o trascendencia.
RAMG
