Cámaras contra un sistema: ¿Son suficientes las medidas de la Policía Federal después de Tanhuato?

El pasado 18 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un detallado informe indagando sobre lo sucedido el 22 de mayo de 2015 en el “Rancho del Sol” ubicado en el municipio de Tanhuato Michoacán. Este documento acreditaba el uso indebido de la fuerza y serias violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Federal (PF). En respuesta a las recomendaciones de la comisión, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales declaró que se implementará lo sugerido por la CNDH y que se colocarán cámaras en los cascos de la PF para realizar operativos en los que se pueda suponer el uso justificado de la fuerza. La medida llega más de un año después de la ejecución extrajudicial de, al menos, 22 personas en Tanhuato y muestra, apenas, un avance en las intenciones del gobierno por evitar futuras violaciones de este tipo.

Pero, ¿es suficiente esta medida? ¿Acaso se puede decir que esto abre un camino para que se esclarezcan otros casos similares? ¿Cuáles son los antecedentes para este tipo de medida y en qué sentido pueden funcionar?

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La comisión en Tanhuato

El reporte de casi 700 páginas que presentó la CNDH sobre los eventos acontecidos en Tanhuato es una reconstrucción compleja y preocupante que muestra las serias violaciones que cometió la PF en el rancho michoacano. Días antes del enfrentamiento, la dueña del rancho advirtió a las autoridades que un grupo de cincuenta personas armadas habían ingresado a su predio con intenciones de que se les vendiera el terreno. Rompieron candados y chapas y se instalaron ahí sin que nadie pudiera hacer nada. Previamente, en 2014, los dueños del “Rancho del Sol” habían recibido amenazas por parte de otro grupo armado que quería instalarse en el lugar para drenar los ductos de Pemex que pasaban por ahí. A partir de que la dueña del terreno acudió a las autoridades se abrió una investigación en el ministerio público correspondiente y la PF implementó un operativo que derivó en los hechos violentos del 22 de mayo 2015.

La balacera que se prolongó por tres horas dejó un saldo de 42 civiles y un policía muerto, varios heridos y tres detenidos. Posteriormente se determinó que los detenidos y los fallecidos pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que ha adquirido considerable fuerza y poder financiero en los últimos años. En los tres meses que antecedieron a los hechos ocurridos en el “Rancho del Sol”, este cartel había tenido diversos enfrentamientos con la PF que dejaron un saldo de aproximadamente 30 elementos federales muertos, además de una emboscada al Comisionado de Seguridad del Estado de Jalisco y un helicóptero derribado. El cartel dirigido por “El Mencho” Oseguera se ha caracterizado, en los últimos tiempos, por confrontar directamente a las fuerzas gubernamentales y a organizaciones enemigas.

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Finalmente, el 22 de mayo de 2015, según lo determinado por la CNDH, las fuerzas federales llegaron al rancho de manera silenciosa, sometieron a dos vigilantes en la entrada y dispararon fuego contra los presuntos narcotraficantes mientras algunos seguían dormidos. La PF rindió una versión de los hechos que explicaba el motivo de la incursión: según las declaraciones de diversos participantes en el enfrentamiento, al patrullar la zona, una camioneta blanca abrió fuego contra las fuerzas federales que iniciaron una violenta persecución que terminó en la balacera dentro del rancho. Sin embargo, la CNDH estableció que esta versión es inconsistente con los hechos y los testimonios de los detenidos. Así, al entrar en el rancho y disparar indiscriminadamente, la PF ejecutó extrajudicialmente, según el mismo informe, a, por lo menos, 22 personas.

Entre los civiles fallecidos, 40 murieron por impactos de armas de fuego, uno fue atropellado y otro más murió calcinado. Pero lo que es más relevante de las investigaciones periciales de la Comisión es que se determinó que 13 víctimas fueron acribilladas por la espalda, cinco fueron abatidas con fuego de ametralladora proveniente de un helicóptero, una persona fue quemada mientras seguía con vida y tres más fueron ejecutadas cuando ya se encontraban sometidas. Además, después de estas ejecuciones arbitrarias, los elementos de la PF manipularon cadáveres, colocaron armas deliberadamente, alteraron el lugar de los hechos, expusieron cadáveres a fuego directo e incurrieron en inconsistencias en las declaraciones sobre el comienzo de los hechos, las líneas de temporalidad y las causas del enfrentamiento. Además de que los detenidos presentaron señales de tortura.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) también cometió omisiones periciales en los dictámenes criminalísticos, en el levantamiento de cadáveres y en el aseguramiento de elementos balísticos. Finalmente, se determinó que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) incurrió en irregularidades además de dar un trato indigno, poco considerado y carente de respeto a los cadáveres que recibió en Morelia para entregarlos a los familiares de las víctimas. Diversos testigos explicaron cómo los cuerpos desnudos estaban amontonados en el piso con aserrín y hielo, junto a un ventilador, en avanzado estado de putrefacción.

La respuesta insuficiente

Frente a estos hechos tan graves, la CNDH estableció una serie de recomendaciones para la PF y la PGJEM. Entre ellas se encuentra el uso de equipo audiovisual para tener evidencia precisa de todos los operativos que lleve a cabo la fuerza federal. También se recomendó dar compensaciones y trato adecuado a los familiares de las víctimas y a los detenidos que presentaron signos de tortura. A pesar de todas estas indagaciones, antes de los hallazgos, el Comisionado de la PF, Enrique Galindo había asegurado que no hubo ejecuciones extrajudiciales y que todos los occisos formaban parte de un grupo criminal que había abierto fuego en contra las fuerzas federales.

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En este contexto, es preocupante observar la historia de denuncias que se han acumulado, en los 12 años de mandato de Galindo, en torno a las acciones de la PF. Bajo Galindo, la PF ha sido señalada por uso indebido de la fuerza en manifestaciones pacíficas; por el asesinato de 6 personas en Apatzingán, Michoacán; por la muerte de ocho personas durante enfrentamientos con miembros de la CNTE en un operativo en Nochixtlan, Oaxaca; además de este muy sonado caso de Tanhuato.

Es cierto, las recomendaciones de la CNDH no han ido solamente a esta institución policiaca. Ha habido también denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el sonado caso de Tlatlaya, Estado de México, en el que perdieron la vida 22 personas (incluyendo a tres menores de edad) y en el que se estableció que hubo más de diez ejecuciones extrajudiciales. También, a pesar de que algunas instancias del ejército han implementado estas recomendaciones desde 2014 (incluyendo a la Marina que ha grabado, desde entonces, más de 300 operativos), las demás recomendaciones de la CNDH, en particular las que se refieren al esclarecimiento de los hechos y al trato de las víctimas, no han sido atendidas oportunamente.

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Ahora, con este nuevo implemento de cámaras y drones para los operativos de la PF, el titular de la CNS, Renato Sales espera satisfacer también las recomendaciones de la CNDH. Pero, como se ha visto en el caso del ejército, estas implementaciones espectaculares siguen siendo insuficientes para garantizar que se va a evitar, en el futuro, el uso indiscriminado de la fuerza. También falta explicar las acciones de los altos mandos y las posteriores irregularidades dentro de los diferentes organismos de procuración de justicia.

Mientras todos los puntos de la comisión no sean tratados cabalmente, por más cámaras que se adjunten a los cascos de nuestras fuerzas militares y federales, la población no podrá sentirse nunca a salvo de las arbitrariedades de esta larga, costosa e inagotable guerra contra el narco.

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