PARÍS, Francia, ene. 21, 2015.- Francia tiene desplegadas a 122.000 personas entre fuerzas del orden y militares para proteger el espacio público y los centros sensibles de todo el país tras la elevación del nivel de alerta por los ataques terroristas.
El dato lo dio hoy miércoles el primer ministro, Manuel Valls, al anunciar en una comparecencia ante la prensa el dispositivo antiterrorista que va a reforzar los medios humanos y materiales, con 2.680 empleos y una dotación de 425 millones de euros en los tres próximos años.
Valls explicó que entre los 122.000 efectivos que “aseguran la protección permanente de puntos sensibles y del espacio público” están los refuerzos de 10.500 militares que salieron de los cuarteles la semana pasada para proteger instalaciones estratégicas, pero también centros de culto o escuelas judías.
Para dar la dimensión de las amenazas terroristas que pesan sobre su país, indicó que en Francia hay que vigilar a 3.000 individuos como sospechosos de terrorismo, de los cuales unos 1.300 están vinculados con las redes de yihadistas en Siria e Irak, un grupo que ha aumentado un 130 % en un año.
Según el diario “Le Figaro”, que cita fuentes policiales, de esos 1.281 franceses o residentes en Francia, al menos 393 han dado el paso de irse a Siria para integrarse en grupos yihadistas como el Estado Islámico, y entre ellos figuran 96 mujeres, con una edad media de 25 años y reducidas allí en muchos casos a la esclavitud sexual.
De acuerdo con esa misma contabilidad, 240 yihadistas franceses han salido de Siria y 190 han vuelto a Francia, donde los servicios secretos tratan de vigilarlos por considerar que constituyen “bombas potenciales”.
A esos hay que sumar unos 250 que están en tránsito hacia las zonas de combate y cerca de 300 con intenciones de ir. Un policía citado por el diario advirtió de que impedir que estos últimos integren las filas yihadistas puede ser también un riesgo, en la medida en que decidan atentar en represalia en Francia.
Valls, tras detallar su dispositivo antiterrorista, recordó que las 17 personas asesinadas en los atentados terroristas que sacudieron Francia del 7 al 9 de enero supusieron un “choque” que “recordó la amenaza que pesa sobre el país y que sigue a un nivel muy elevado”.
E hizo hincapié en que esos ataques “reclaman la mayor determinación” entre otras cosas “para reafirmar nuestros valores y demostrar que frente al terror la democracia (…) no se pliega y no se plegará nunca”.
Tras adoptar un paquete de medidas en el Consejo de Ministros, insistió en que “este cambio de escala impone medidas excepcionales y no de excepción”.
En total, en los próximos tres años habrá 2.680 nuevos empleos en los diversos servicios que luchan contra el terrorismo, y “la primera urgencia” será “reforzar los medios humanos y técnicos” de los servicios secretos, que tendrán 1.400 efectivos suplementarios en ese periodo, de los cuales 1.100 específicamente en labores antiterroristas.
En el Ministerio de Justicia, globalmente la dotación de plantillas subirá con 950 puestos en esos tres años, repartidos entre los tribunales, la administración y la protección de la juventud.
La Policía del Aire y de Fronteras (PAF) se encargará de la puesta en marcha de la plataforma de datos de los viajeros aéreos. Las unidades de lucha contra el “ciberyihadismo” también contarán con medios suplementarios.
El Ministerio del Interior, que contará con 233 millones de euros suplementarios en tres años, dedicará una parte de ese dinero a equipar a las fuerzas del orden con chalecos antibalas, incluidos los agentes municipales.
El costo global de este nuevo plan antiterrorista será de 425 millones de euros durante estos tres años que, según puntualizó Valls, no modificará los compromisos del Ejecutivo en términos de reducción del déficit público. Es decir, que se disminuirá el gasto en otras partidas del presupuesto.
El jefe del Gobierno socialista, que dijo que “luchar contra la radicalización implica una acción de gran amplitud”, señaló que la experiencia que se está llevando a cabo en la cárcel de Fresnes para concentrar en un módulo a los terroristas islámicos se va a ampliar a cinco centros.
Se trata de controlarlos, con una mayor presencia de los servicios de información, y de “evitar la presión en la propagación del radicalismo” a otros internos.
A eso se añade la contratación de 60 nuevos capellanes musulmanes para los centros penitenciarios.
Otra novedad será la inclusión en un fichero, controlado por los jueces, de todas las personas que han sido condenadas por terrorismo, pero también las que hayan aparecido en sumarios de esta naturaleza.
Todas ellas serán obligadas a declarar su domicilio y cualquier cambio que hagan, pero también sus viajes al extranjero.
Valls señaló que “toda la sociedad se tiene que movilizar” para transmitir información sobre personas en proceso de radicalización, a imagen de la plataforma constituida para las familias concernidas.
Y frente al objetivo de los yihadistas de minar “la diversidad y la cohesión”, el Gobierno francés va a lanzar “una política de ciudadanía, de reforzamiento del laicismo (…) de lucha contra el racismo y contra el antisemitismo”.
El primer ministro no quiso precipitarse sobre las demandas de la oposición de derechas de cambiar las normas para poder retirar la nacionalidad o condenar por indignidad nacional a los terroristas.
Por eso encomendó una reflexión multipartidista a las dos cámaras parlamentarias para tener en seis semanas propuestas “compatibles con nuestro derecho y con nuestros valores”.
AAE
