WASHINGTON, Estados Unidos, nov. 13, 2013.- La férrea resistencia del procurador general Eric Holder, a entregar al Congreso más de 80 mil documentos del departamento de Justicia con comunicaciones y autorizaciones del Operativo Rápido y Furioso, podría tener un alto costo político para la Administración del presidente Barack Obama, quien ahora solo tiene la confianza de menos del 39% de estadounidenses, según las últimas encuestas.
El congresista Pete Olson, republicano de Texas, introdujo este miércoles por la noche una iniciativa de resolución con artículos de Impeachment o Juicio Político contra el procurador Holder por su participación en el operativo clandestino que permitió a los carteles de droga mexicanos adquirir más de tres mil fusiles de alto poder, sin que el Buro de Alcohol Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos hiciera nada para detenerlos. La iniciativa será analizada y debatida este jueves en comité.
Olson y otros republicanos acusan al primer Procurador General Afroamericano, de “seguir un patrón de conducta que no refleja respeto alguno por el imperio de la ley”.
La resolución, apoyada por la mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso también culpa al procurador Holder de ser participe y responsable de otros escándalos de los que es investigada la administración Obama, como el de ATF, del IRS, de falta de actividad de la CIA, la desinformación en el caso Birmingham, Alabama.
La iniciativa consta de cuatro artículos:
-Primero.- Pide la destitución del procurador Holder por “una conducta incompatible con la confianza que le ha confiado” “fallar en cumplir con órdenes de presentación relacionadas con el operativo Rápido y Furioso”, por lo que a finales del año pasado, el pleno del Congreso, a iniciativa de Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión y Vigilancia, le declaró en desacato al Congreso, e inicio una batalla legal, que aun no termina.
-Segundo.- Pide la destitución del procurador Holder porque “violó el juramento que hizo, al rehusarse a vigilar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Defensa del Matrimonio, también conocida como DOMA, por su negativa a garantizar el respeto a la Ley de Substancias Controladas, de 1986, y hacer imponer las leyes federales en relación con los estados que han legalizado la marihuana.
-Tercero.- Pide el juicio político contra el Procurador, por su supuesta negativa a consignar a responsables del escándalo político por la diseminación ilegal de información de impuestos de contribuyentes a contiendas políticas.
-Cuarto.- Le acusan porque “supuestamente no informo adecuadamente al Congreso sobre su conocimiento acerca de la expedición de órdenes judiciales para investigar la presunta intercepción de mensajes electrónicos y teléfonos del periodista James Rosen, de la cadena de televisión Fox News.
Hasta el momento, ocho congresistas republicanos firmaron como aval de la resolución: Michelle Bachmann, de Minessotta, Blake Farenthold, de Texas, Lrry Bucshon, de Indiana, Phil Roe, de Tennessee, Lynn Westmoreland, de Georgia, Roger Williams, de Texas, Ted Yoho, de Florida y Randy Weber de Texas.
El congresista Olson dijo que “si el procurador general no renuncia, recibirá suficiente presión para hacerlo” y que tomo la determinación de pedir el juicio político, “porque luego de decretarlo en desacato al congreso, a finales de 2012, el procurador mostró desdén y continuó negándose hasta la fecha, en la entrega de documentos.
“El pueblo estadounidense merece respuestas y actitudes responsables. La oficina del líder mayoritario John Boehner, se rehusó a emitir comentario alguno” dijo Olsen en un comunicado.
Bob Godlatte, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, dijo que ” la única forma de recuperar la confianza en el Departamento de Justicia y la administración Obama, es a través del cambio de liderazgo” por lo que urgió al presidente Obama a elevar al procurador Holder.
Pero los escándalos podrían crecer tras el descubrimiento de que Jean Baptiste Kingery, traficante internacional de armas, abasteció de millares mas de fusiles AK-47 que convirtió en automáticos para los carteles, así como de miles de granadas y explosivos.
El escándalo surgió porque Dennis Burke, el fiscal Federal de Phoenix, que superviso el operativo Rápido y Furioso, detuvo a Kingery y lo dejo en libertad, permitiéndole abastecer de armas y explosivos a los carteles mexicanos durante más de 18 meses, hasta que fue capturado por autoridades mexicanas.
Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión Interno de la Cámara Baja, dijo a Televisa que planea convocar a nuevas audiencias a las que invitara a testificar para conocer mas información del contrabando de granadas, usadas en México para asesinar a numerosos policías y víctimas inocentes.
Estas acciones republicanas, parte de una amplia estrategia política que incluye otras investigaciones congresionales como la del espionaje y divulgación ilegal de información sensitiva de impuestos de organizaciones de contribuyentes republicanos, que condujo a la detección del dispendio de recursos en el Servicio de Recaudación de Impuestos y otras.
En caso de ser aprobada por la mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso, – como fácilmente podría ocurrir, la iniciativa seria un fuerte revés político a la administración del presidente Barack Obama, quien ha perdido la credibilidad de casi 60% de la población de EU, a causa del rompimiento de su palabra, sobre la aprobación de la Reforma Migratoria, que ofreció para los primeros 100 días, la promesa de que con su Reforma de Salud, todos podrían mantener sus seguros médicos, lo que tampoco sería una realidad.
LLH
