CIUDAD DE MÉXICO, México. Mayo 3, 2016.- La asociación Alto al Secuestro celebró la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, pero dejó de manifiesto su preocupación debido a que no contempla castigo a las instituciones que comentan violaciones a los Derechos Humanos.
A través de un comunicado, la asociación señaló que los artículos 89 y 94 de esta ley prevén que cuando exista tortura como violación a los Derechos Humanos o como delito, la reparación integral será con cargo al fondo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es decir toman dinero del fondo de víctimas del delito a quienes ellos mismos agredieron.
"Vale la pena hacer notar que no se reformó la Ley de Víctimas, de la cual Alto al Secuestro ya entregó una propuesta al Senado en lo que respecta al punto anterior y toda la burocracia que esta representa, ya que las víctimas del delito no tienen recursos del fondo".
Mencionó que es sumamente grave dejar el delito de tortura como imprescriptible.
"Hemos explicado que la tortura como violación a los Derechos Humanos no prescribe pero como delito sí. No nos explicamos ¿cómo es posible que si un homicidio que es mucho más grave prescriba, la tortura no? Esta condición creará una gran impunidad, ya que nunca tendremos sentencias firmes ni justicia para las víctimas del delito".
Destacó que al permitir la participación de peritos particulares para determinar si un acusado fue torturado o no, cualquiera podrá contratar su perito privado, es decir, les abren la puerta de la cárcel, ahora desde esta ley.
"Tal parece que todo el sistema trabaja en favor de los imputados o procesados y no de la justicia, ya que cualquier procesado contratará a sus propios peritos. Esto en el nuevo sistema no es tan grave, el problema será cuando apliquen de manera retroactiva estos criterios y grandes capos o secuestradores paguen sus peritos, sabemos de antemano a favor de quien saldrá el peritaje".
En el mismo comunicado, Alto al Secuestro dijo que para el Senado de la República, los policías y ministerios públicos son ciudadanos de segunda. No respetan su presunción de inocencia ni el debido proceso que tanto argumentan, porque cuando un funcionario sea imputado por tortura, si se considera que pueda obstaculizar la investigación, será separado de su cargo sin necesidad de que le acrediten la comisión del delito.
Con esto favorecen la impunidad, ya que si se trata de un policía no podrá imputar al acusado en cuya detención él participó.
"Finalmente, es incomprensible que el Senado no sea solidario con las víctimas del delito, a quienes les aplican procesos complicados y llenos de burocracia, pero a procesados o delincuentes que argumentan tortura les abren las arcas de los fondos aun cuando al final del proceso no acrediten que fueron víctimas".
Mencionó que esto es que mientras a la víctima del delito le dan la calidad de denunciante y la condicionan a tener una sentencia condenatoria para acceder a los fondos de reparación, a los delincuentes y procesados de inmediato le dan calidad de víctima con el solo hecho de anunciarlo.
"Prueba de que no toman en cuenta a las víctimas es que no ha sido aprobada la Ley de Víctimas para cambiar la condición que hoy vivimos".
Por lo anterior hacemos un llamado al Senado de la República para que esto sea corregido durante el siguiente periodo de sesiones y las víctimas no suframos las consecuencias de una mala decisión, ya que esta ley no contempló nuestra petición de que las víctimas seamos parte del proceso, parea controvertir o aportar pruebas si uno de los victimarios argumenta tortura, antes de ser emitida cualquier resolución al respecto.
LSH
