CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 3, 2016.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de la Ciudad de México viola los derechos humanos.
Este delito contempla una pena de 6 meses a 2 años de prisión para aquellas personas que insulten, maltraten o agredan, física o verbalmente, a una autoridad.
El ministro José Ramón Cossío Díaz propuso a los ministros del Pleno declarar la inconstitucionalidad de este delito argumentando que viola la libertad de expresión.
"Que se declare que el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, relativo al delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional. Limita las ideas que desean expresarse, en particular el vocabulario elegido respecto a una autoridad o bien, las funciones que ésta realice".
Sin embargo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo anunció que votará en contra de este proyecto. Argumentó que las sanciones por el delito de ultrajes a la autoridad son limitaciones a la libertad de expresión necesarias para garantizar el orden público dentro de la sociedad.
"La protección del orden público constituye un objetivo autorizado por nuestra Constitución para establecer restricciones a la libertad de expresión, por lo tanto me parece que la norma persigue ese fin legítimo".
Durante la sesión, algunos ministros señalaron estar de acuerdo con la postura del ministro Arturo Zaldívar, sin embargo, argumentaron que no se trata de una violación a la libertad de expresión, sino que el artículo debe declararse inconstitucional debido a que no fue definido claramente por la Asamblea Legislativa.
"Le falta una precisión en la descripción de la conducta, no es claro, es completamente indefinido. Lo cierto es que puede ser casi cualquier cosa, por supuesto que es sobre inclusivo y por supuesto que me parece que puede generar arbitrariedad".
El pleno comenzó el estudio de este caso, luego de que llegara hasta la Corte un amparo promovido por Norma Angélica Rangel Salazar, líder de comerciantes ambulantes en Xochimilco, quien fue sentenciada a 10 meses de prisión por el delito de ultrajes a la autoridad en febrero de 2014.
La sesión finalizó sin que los ministros llegaran a un acuerdo respecto a la constitucionalidad de este artículo, por lo que el estudio continuará en la sesión del próximo lunes.
AGHO
