CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 27, 2015.- La justicia cotidiana busca resolver uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad mexicana: la notoria ausencia de incentivos y condiciones para el cumplimiento regular de los acuerdos entre las personas, la reivindicación efectiva de sus derechos y para que quienes los violenten o incumplan, tengan consecuencias
Los conceptos de justicia cotidiana y de acceso a la justicia se derivan directamente del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su primer párrafo, dicho artículo enuncia: Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
En el mismo sentido, los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen la obligación del Estado Mexicano de proporcionar a toda persona un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los tribunales competentes, que lo amparen contra actos que violenten sus derechos fundamentales con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.
La justicia cotidiana incluye a la justicia civil, que atiende los problemas del estado civil y familiar de las personas o bien el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo mismo que la justicia laboral, que trata las relaciones de trabajo de las personas con sus empleadores.
También forma parte de la justicia cotidiana la justicia de proximidad, es decir, aquella que atiende los problemas que se generan en la convivencia en las comunidades, vecindarios y ciudades.
Despidos injustificados, prestaciones no entregadas, una multa injusta, violencia familia, herencias, entre otros, son un ejemplo.
La justicia penal no forma parte de la justicia cotidiana, pues implica el uso legítimo de la fuerza del Estado para sancionar conductas que alteran la vida social. El uso de esta fuerza implica problemas distintos a aquellos que involucran los conflictos de las relaciones cotidianas entre las personas.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014 del INEGI, muestra que el ámbito penal es relativamente pequeño con 279,811 asuntos iniciados, cifra que contrasta con 1,863,061 demandas iniciadas en materia civil, familiar, mercantil y otras.
Para hacer efectivos los derechos de las personas y resolver de manera pacífica y oportuna los conflictos propios de la vida moderna en sociedad, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, propuso 20 puntos al presidente Enrique Peña Nieto . Estas propuestas derivan del Decálogo para Fortalecer la Seguridad y el Estado de Derecho, que el pasado 27 de noviembre el presidente encargó al CIDE para hacer recomendaciones concretas y fortalecer el Estado de Derecho.
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