CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 1, 2015.- El representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Jorge Lomónaco, envió una carta a Joachim Rücker, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde fija la posición del Gobierno Federal sobre el informe que presentó Juan Méndez, relator especial para casos de tortura, en el más reciente periodo ordinario de sesiones del organismo.
A continuación reproducimos la traducción de la carta enviada por el embajador Lomónaco:
Sr. Joachim Rücker
Embajador
Presidente del Consejo de Derechos Humanos
Excelencia:
Permítame hace referencia al Informe sobre la visita al país elaborado por el Relator Especial sobre Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Juan Méndez, como resultado de su misión oficial a México, del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos durante su presente periodo ordinario de sesiones.
El objetivo específico de la visita al país llevada a cabo por el Relator Especial fue el de evaluar la adecuación del marco legal e institucional actual con las obligaciones internacionales de México orientadas a prevenir y erradicar la tortura.
El Relator Especial ha reconocido tanto en su informe como públicamente, que el Gobierno de México le otorgó pleno acceso y todas las facilidades disponibles durante su visita. El Relator tuvo acceso irrestricto a 11 centros de detención de su elección, señalados inclusive con muy poca antelación, se entrevistó libremente con personas detenidas, y tuvo la oportunidad de reunirse con funcionarios al más alto nivel del gobierno federal, así como en varios estados de la República Mexicana.
México en todo momento respetó la independencia que le es conferida en su capacidad de Relator del Consejo de Derechos Humanos y otorgó todas las facilidades necesarias para asegurar que la visita se llevara a cabo en las mejores condiciones posibles.
El informe que resultó de la visita al país, identifica y reconoce importantes avances llevados a cabo por el Gobierno de México, tanto en materia legislativa como en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Entre otros desarrollos, el Relator resaltó las reformas constitucionales relacionadas con los derechos humanos, la adopción del Código Único de Procedimientos Penales, la implementación a nivel nacional del Protocolo de Estambul, así como el enorme progreso que representa la reforma a la jurisdicción militar.
De la misma manera, el informe identifica retos a los que se enfrenta el gobierno mexicano para combatir y erradicar la tortura de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas. Para atender estos retos, el informe contiene una serie de recomendaciones precisas, muchas de las cuales reflejan acciones que México está ya llevando a cabo.
El Gobierno de México valora positivamente la visita así como las recomendaciones que contiene el informe, convencido de que un diálogo constructivo con el Relator no puede sino contribuir al fortalecimiento del marco jurídico e institucional de México.
Sin embargo, el Gobierno de México desea expresar su decepción, inconformidad y total desacuerdo con la aseveración contenida en el informe, según la cual la tortura y los malos tratos son generalizados en México, reafirmando la posición expresada tanto durante la presentación de las conclusiones preliminares al final de la visita en la ciudad de México, como durante la presentación del Informe ante el Consejo de Derechos Humanos en su sesión de marzo.
Afirmar que la tortura en México es generalizada carece de fundamento. En efecto, tal afirmación supondría alcanzar un umbral numérico, algo que en este caso no ha sido debidamente documentado, toda vez que únicamente se ha proporcionado información específica sobre 14 casos (véase la comunicación anexa enviada al Relator Especial el 9 de mayo de 2014 sobre este aspecto).
Estamos preocupados por el hecho de que la afirmación citada anteriormente se aparta de una más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse a partir de las acciones que el Gobierno ya ha puesto en marcha para combatir esta práctica, específicamente tomando en consideración que el Relator ha reconocido ante el Consejo que la metodología utilizada es rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles.
Dichas afirmaciones contravienen, sin duda alguna, el espíritu del papel que desempeñan los procedimientos especiales, tal y como se desprende del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Específicamente, el artículo 13 del Código de Conducta establece que, en el contexto de las visitas a países, los procedimientos especiales deben asegurarse de que cualquier declaración sobre la situación de los derechos humanos en el país puedan promover un diálogo constructivo entre los interesados, así como la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos.
El propio artículo 13 también requiere a los titulares de mandato que, al expresar sus opiniones ponderadas, particularmente en sus declaraciones públicas sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate. México considera que el Relator Especial para la Tortura también contraviene esta obligación al haber realizado múltiples declaraciones públicas, muchas de las cuales se hicieron a los medios de comunicación, tratando de justificar la terminología utilizada en el informe. Al haber hecho esto, él omitió mencionar la postura que el Gobierno de México, de manera repetida y directa, ha expresado al respecto.
El Relator realizó declaraciones públicas en las cuáles afirmó “que la tortura es generalizada en México, como lo prueban cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las prisiones y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños, manifestaron haber sufrido brutalidad al momento de su detención.” Con dicha afirmación el Relator contraviene la letra y el espíritu del artículo 12 del Código de Conducta que demanda que, al cumplir su mandato, los titulares de mandatos deberán hacer gala de prudencia, moderación y discreción para no menoscabar el reconocimiento del carácter independiente de su mandato o el clima necesario para desempeñarlo debidamente.
Merece la pena también resaltar que el informe no hace referencia a acto alguno de brutalidad cometido en contra de niños o niñas durante su detención. Tampoco se acredita la tortura por lo que corresponde a la estación migratoria visitada por el Relator. En este sentido, es importante subrayar que los niños migrantes no acompañados que son llevados ante las autoridades migratorias son puestos en manos de personal especializado (Oficiales de Protección a la Infancia, OPI) quienes están a cargo de verificar que los derechos humanos de los niños sean respetados en todo momento y que sus respectivos consulados sean debidamente notificados y tengan un acceso irrestricto. Para los casos de repatriación, las autoridades consulares reciben información detallada sobre la fecha y la hora de salida con la finalidad de asegurar su retorno seguro. Adicionalmente, existen protocolos para la identificación de niños que requieren de protección internacional.
Nuestro interés por recibir información relativa a los casos de tortura registrados por el Relator durante su visita cumple un doble propósito: el primero, para acreditar de manera correcta estos casos; el segundo, para asegurar su adecuado seguimiento y solución. Nos preocupa especialmente el hecho de que se mencione la tortura en contra de menores sin que se haya compartido con el Estado la información correspondiente.
Pocos países como México han demostrado el compromiso y apertura a la cooperación con el sistema universal y regional de protección de los derechos humanos; lo acreditan los 15 años de construcción de un andamiaje normativo e institucional ampliamente documentado y reconocido, que es evaluado a diario por una sociedad civil crítica y exigente, así como por parte de instituciones públicas de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
El gobierno de México desea dejar constancia de su profunda decepción por el hecho de que un ejercicio de cooperación que debería caracterizarse por un diálogo constructivo basado en la confianza mutua, quedó reducido a señalamientos que carecen de fundamento, los cuales no contribuyen a generar las condiciones propicias para fomentar la cooperación internacional para la protección de los derechos humanos.
Finalmente, permítame reafirmar el pleno compromiso de México de continuar trabajando para la erradicación de la tortura, como parte de una política general de promoción y protección de todos los derechos humanos.
Por favor reciba, Excelencia, las seguridades de mi más alta consideración.
Jorge Lomónaco
