CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 18, 2015.- Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Establece principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los tres niveles de gobierno.
“Es una ley, hay que decirlo, que empodera al ciudadano para que pueda cuestionar indagar, evaluar y vigilar a sus gobernantes. Estamos convencidos que un factor determinante para que la ciudadanía pueda recobrar la confianza en las instituciones es, sin duda, la transparencia.”, comentó el senador Pablo Escudero.
La nueva legislación establece la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que contara con una plataforma en internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible, información que deberá ser aportada por organismos públicos, autónomos y sujetos obligados.
Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no serán públicas, salvo que éstos así lo autoricen.
“Sabemos que hay un hartazgo social frente a la clase política en general y esta ley, si se aplica bien, puede ayudar a revertir esto y abonar a la reconstrucción de los lazos de confianza entre autoridades y ciudadanos”, dijo la senadora Laura Rojas.
Con respecto a los partidos políticos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública les marca mayores responsabilidades, como la publicación de su padrón de afiliados y militantes, cuotas, ingresos públicos y privados que perciban y hasta conocer al detalle los procesos de selección y registro de sus candidatos.
“Ahora sí vamos a poder saber cómo fue posible que se registrara al señor Abarca, como candidato y posteriormente presidente municipal en Iguala, como también ha sucedido con muchas otras autoridades postuladas por los partidos, que hoy están vinculadas con la delincuencia organizada”, indicó Alejandro Encinas.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública faculta al Instituto Federal de Acceso a la Información abrir los expedientes relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, sin esperar la calificación de la CNDH.
La nueva norma contempla trece causales para reservar información, entre ellas: que se comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional; que se afecten políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero, o se ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras o del sistema financiero.
El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que la información debe ser reservada por considerarla de seguridad nacional.
La nueva ley de transparencia prevé sanciones para los servidores públicos que se nieguen a proporcionar información no reservada. Van de la amonestación a una multa de 105 mil pesos.
El trabajo de todos contribuye a que México entre a una era internacional de la transparencia, entra con la madurez suficiente, para que con este principio de transparencia se terminen excesos e irregularidades que tanto ha dañado han hecho a la administración pública federal, estatal y municipal, y sobre todo a los mexicanos”, dijo Cristina Díaz.
Seis senadores reservaron 27 artículos para discutir en lo particular. Ninguna propuesta de modificación fue aceptada.
La minuta con Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación.
MACO/BLR
