CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 12, 2015.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analiza la constitucionalidad de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal.
Los ministros del pleno determinarán la validez de al menos 35 artículos de esta Ley que fueron impugnados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), al considerarlos inconstitucionales.
También analizarán una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de otro artículo de la misma ley.
El análisis comenzó este jueves con 3 de los 8 puntos establecidos en el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, para determinar si estos artículos deben ser invalidados.
Los ministro deberán definir si es constitucional establecer grados de peligrosidad de las personas que purgan una condena, bajo el principio de velar por la reinserción social.
Si este principio admite la aplicación de un tratamiento técnico a las personas recluidas, es decir la elaboración de un expediente que contemple el cambio conductual y la forma de pensar del recluso, así como el estudio a fondo de sus antecedentes psico-sociales, familiares y socio-económicos. Y si este tratamiento técnico debe ser un requisito para la obtención de beneficios penitenciarios como la libertad anticipada.
La discusión de estos puntos continuará en la próxima sesión del pleno.
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