CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 21, 2014.-El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, señaló la importancia de que en los próximos días el presidente Enrique Peña Nieto envíe al Congreso de la Unión la iniciativa que crea y reglamenta la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.
En un comunicado de prensa, el diputado federal dijo que este es uno de los temas esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia en el combate a la corrupción.
Manlio Fabio dijo que se trata de un asunto prioritario para los diputados del PRI, que habrán de analizar con toda responsabilidad para dotar a México de los mejores instrumentos a su alcance para prevenir y sancionar este flagelo nacional.
Por otra parte, dijo que el PRI reitera su apoyo a las iniciativas que la Comisión especial para investigar la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi presentó en su primer informe de actividades al pleno de la Cámara de Diputados, las cuales fueron aprobadas como resoluciones del punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.
Señaló que en ese documento quedó claro que el incidente ocurrido en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, es el mayor desastre ecológico en la historia de la minería en nuestro país, sin que hasta ahora se hayan cuantificado y remediado totalmente el daño ambiental y las afecciones a la vida comunitaria y las actividades productivas de la región, aseveró el diputado Beltrones en una reunión de evaluación con los vicecoordinadores de la fracción priísta.
Declara que para el grupo parlamentario del PRI es preocupante que el estado de Sonora y sus habitantes no se hayan beneficiado de la explotación de sus recursos minerales, por lo cual se aprobó incluir al municipio de Cananea en el programa de poblaciones damnificadas, además de exhortar a que la empresa cumpla con las medidas sanitarias emitidas por la autoridad competente y a que se garanticen los derechos humanos y laborales de la población.
Finalmente señala que los diputados del Revolucionario Institucional trabajarán en un paquete legislativo para fortalecer al Estado mexicano en sus capacidades regulatorias y de sanción, de acuerdo con el daño ambiental, las afecciones económicas y sociales y en proporción a las ganancias percibidas por la empresa que tenga la concesión de una mina, para garantizar el principio básico de que pague quien contamine.
RAMG
