CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 29, 2014.- Todo inició en 2006. Integrantes del Sindicato de Mineros de la República Mexicana denunciaron a su líder Napoleón Gómez Urrutia por un presunto desvío de 55 millones de dólares a sus cuentas personales, en perjuicio de esta organización sindical.
La primera orden de aprehensión contra Gómez Urrutia se libró en el Juzgado Primero de Distrito del Reclusorio Norte como probable responsable de violación a la Ley Federal de Instituciones de Crédito.
Ante esto, Gómez Urrutia se consideró prófugo de la justicia y huyó a Canadá.
También, en diferentes juzgados del fuero común de la República Mexicana, se libraron órdenes de aprehensión en contra del líder de mineros.
Sin embargo, mediante amparos promovidos por su defensor particular ante jueces federales concedieron los beneficios legales al comprobar que todas las acusaciones eran concurrentes al mismo delito.
El pasado 7 de agosto se dio a conocer que Interpol México emitió una “Ficha Roja” en contra de Gómez Urrutia, para que se le ubicara y detuviera para ser extraditado a México, y ser juzgado por el presunto desvío de 55 millones de dólares.
Seis días después, el 13 de julio su defensor particular aseguró, que el Gobierno de Canadá le otorgó la ciudadanía de aquel país.
Este viernes tres magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Federal le otorgaron un amparo, en contra de la última orden de aprehensión vigente, librada en su contra por el Sexto Tribunal Unitario de la Ciudad de México.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados aseguraron en su resolutivo, que las pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación son insuficientes para demostrar el cuerpo del delito por el que ejercitó acción penal.
El fallo emitido por los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado es inapelable.
MACO
