CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 17, 2015.- El juez 37 del sistema penal acusatorio, Roberto Castellanos Barroso, vinculó a proceso penal al encargado de mantenimiento, al gerente operativo de planta y al apoderado legal de la empresa Gas Express Nieto, por la explosión provocada por una pipa de gas LP en el interior del hospital materno infantil de Cuajimalpa, en el que murieron 5 personas y 74 más, resultaron lesionadas.
Durante la audiencia inicial de juicio oral que se realizó este martes, el ministerio público hizo la imputación directa en contra del encargado de mantenimiento y del gerente operativo de la planta, de la empresa Gas Express Nieto, a los cuales acusó del delito de daño al patrimonio del gobierno capitalino por 146 millones 980 mil pesos.
El ministerio público consideró a los inculpados responsables de una conducta típica omisiva, que derivó en una explosión que provocó que el hospital materno infantil de Cuajimalpa se colapsara, así como la destrucción de muebles e instrumental médico.
El ministerio público acusó al encargado del mantenimiento de la empresa Gas Express Nieto de haber dado un mantenimiento deficiente a la pipa de gas LP, con número económico 1075, que provocó la explosión.
Según los peritajes de la procuraduría capitalina, el día de los hechos, hubo una fuga de gas lp, en la bomba de trasiego de la pipa, que fue provocada por dos tornillos que estaban fracturados.
Por otra parte, el ministerio público acusó también al gerente operativo de planta, de la empresa Gas Express Nieto por no haber ejercido un control debido sobre el encargado del mantenimiento.
Luego de escuchar a las partes, el juez 37, Roberto Castellanos dictó como medidas cautelares, una garantía económica de 500 mil pesos a cada uno de los acusados.
Además, ordenó a cada uno de los acusados a presentarse a firmar ante la unidad de supervisión de medidas cautelares, cada 15 días.
El juez también dictó, como medidas cautelares, una garantía económica de 146 millones 980 mil pesos en contra de la empresa Gas Express Nieto y del apoderado legal.
Y ordenó que el depósito correspondiente se hiciera en un plazo de 24 horas.
El juez 37, Roberto Castellanos fijó un plazo de 6 meses al ministerio público para que concluya con esta investigación.
MACO/CPS
