Los primeros días de julio de 2016 vieron aparecer la noticia de dos hombres negros y desarmados, ejecutados a disparos por la policía de Estados Unidos. Sus nombres eran Alton Sterling y Philando Castile. Los hechos se suman a una larga cadena de asesinatos policiales contra afroamericanos inermes. De la situación nos hemos enterado por la gravísima magnitud y enorme visibilidad de las ejecuciones. Sin embargo, la comunidad negra estadounidense no es el único objeto de malos tratos por parte de la fuerza pública de ese país. Como sabemos, allí habita un grupo numeroso de personas latinas. Según un estudio llevado a cabo por Pew Research Center, este sector también sufre el yugo de las violencias diarias que la policía ejerce.
¿Cómo entender la función cabal de la fuerza armada en este contexto? Y, sobre todo, ¿cómo gestar, entre minorías vulnerables, una red de protección frente al brazo arbitrario del monopolio de la fuerza? Hay algunos factores que pueden orientar la respuesta a estas preguntas.
Números, listas mortuorias enormes
En efecto, desde hace meses el asesinato de afroamericanos inermes es un problema que aqueja a la sociedad estadounidense y, siendo francos, al resto del tejido humano. La cotidianeidad que el asunto ha adquirido hace pensar que los incidentes no son aislados de ninguna manera. En este circuito de situaciones pueden localizarse otros tres homicidios perpetrados por la policía:
- Antonio Zambrano Montes, abatido en Pasco, Washington, el 10 de febrero de 2015.
- Rubén García Villalpando, muerto el 20 de febrero del mismo año a manos de Robert Clark, oficial de Grapevine, Texas.
- Ernesto Javier Canepa Díaz, asesinado el 27 de febrero de 2015 por oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana, California.
Los tres casos tienen en común dos rasgos fundamentales: primero, a pesar de haber incurrido en infracciones menores, los asesinados estaban desarmados; segundo, los tres eran inmigrantes mexicanos. Es posible, bajo esta luz, ponerse a pensar en los resultados arrojados por la investigación que Pew Research Center ha realizado. Según sus cifras, el 52% de los hispanos en Estados Unidos consultados dijo haber sufrido algún tipo de discriminación o maltrato por su sola condición racial. Al parecer, esto varía según la edad de los sujetos encuestados. De entre ellos, el 65% de los que tienen entre 18 y 29 años, dijo haberse sentido discriminado. Por otro lado, de los que tienen de 50 años en adelante, sólo 35% declaró haber sido víctima de maltrato. Lo anterior no debe desconsiderase si se piensa que, para 2014, la comunidad hispana ascendía a 19.3 millones de personas en Estados Unidos, esto es, casi la mitad de la población inmigrante que habita ese país.
Por otro lado, The Washington Post presenta una interesante serie de datos. De las 990 personas asesinadas por la policía en 2015, 494 eran blancas, 258 eran negras y 172 eran hispanas. De los blancos que perdieron la vida en estas operaciones, sólo 32 de ellos iban desarmados, es decir, el 6% de todo el grupo. Sin embargo, el porcentaje de individuos inermes asciende cuando se trata de los dos sectores restantes: 14.7% en el rubro de negros y 10.4% en el de latinos. Por lo demás, vale la pena acudir a The Guardian, donde se lleva una lista meticulosa de personas asesinadas por la policía en Estados Unidos. Un vistazo rápido muestra que, entre ellos, hay un sector considerable de negros e hispanos.
No podemos considerar los datos anteriores sin contemplar que, tras ellos, se esconde un ambiente de tensión y franco temor por parte de las minorías mencionadas. En realidad, los mexicanos asesinados representan una suerte de caso extremo en términos de la violencia ejercida por parte de la fuerza pública. El miedo se encuentra en otra parte, en un mecanismo de agresión diaria que, por silenciosa, tiende a invisibilizarse. Romina Reyes, una inmigrante dominicana que habita y sostiene una estética en Baltimore, declaró a El País que los latinos no le tienen confianza a los cuerpos policíacos de esa entidad. Ella fue detenida en el año 2013 y el encierro duró 26 horas. ¿La causa? Denunció a su marido por maltrato cuando aún no se había convertido en ciudadana estadounidense.
Esta es una situación generalizada de desconfianza a las autoridades. Sin embargo, el proceder de la policía no puede explicarse sin una pequeña revisión de estipulaciones oficiales que han logrado asentarse entre estadounidenses.
Ley y legitimidad
Hay un punto concreto que distingue, en términos de vulnerabilidad, a la comunidad hispana de la afroamericana. Los latinos no sólo deben lidiar, ante los ojos de una mayoría blanca, con el hecho de ser de una raza distinta. Muchos se encuentran en una situación migratoria irregular que los sobre expone a la posibilidad de abusos por parte de la autoridad. En este sentido, vale la pena recordar dos legislaciones que tenían por objeto directo la restricción de derechos a los extranjeros sin documentos oficiales.
- En 1994, se presentó la proposición 187 de California, que abogaba por retirarle los servicios públicos –educación y salud– a los inmigrantes indocumentados en esta entidad. Fue aprobada con el 59% de los votos, pero revocada federalmente. Se buscaba, pues, que ningún extranjero pudiera acceder a dichos servicios hasta que regularizara su situación migratoria.
- En 2010, se propuso y discutió la Ley Arizona SB1070, conocida como la acción legal más grande contra la inmigración de los últimos años. La norma considera un delito menor que un extranjero viva en Arizona sin poseer sus documentos de registro. Para sus opositores, ella fomenta la discriminación racial y criminaliza la inmigración.
A pesar de que estas leyes se hayan revocado, o bien, de que sus puntos más controversiales hayan sido removidos, su sola promulgación parece ser sintomática. Es que, finalmente, demuestran que un cúmulo de la población estadounidense aún preserva hostilidades hacia las minorías y los inmigrantes. La puesta en circulación de una ley, aunque ella no sea cabalmente aprobada para su ejecución, tiene un efecto inevitable: su contenido discursivo puede legitimar, para sus simpatizantes, ciertas acciones concretas. Esto, por supuesto, aun cuando la norma no se haya establecido como un mandato vigente. Lo que se gesta en ese movimiento es la activación de un discurso capaz, en este caso, de legitimar la atrocidad, la agresión contra hombres desarmados. En este sentido, vale la pena pensar en el papel que la policía ejerce en las sociedades. Si la fuerza pública es la encargada de vigilar el orden público, es decir, el engranaje sostenido gracias a un cúmulo de normas y leyes aplicables a una sociedad, esa fuerza no es necesariamente invulnerable a los efectos de discursos de segregación que se han propuesto ya como reglas plausibles.
El cuerpo policíaco forma parte de un circuito presidido por instancias normativas. La orientación de estas tendrán, inevitablemente, efectos en ese cuerpo, en ese aparato de fuerza pública. En este sentido, tal vez no sea necesario establecer una política declarada de persecución contra una minoría, sino sólo enunciar –muy severamente– su sola posibilidad.
Resistir
Enrique Peña Nieto condenó públicamente el asesinato de Antonio Zambrano Montes. Por su parte, Amalia García Medina, presidente de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, exigió aplicar un castigo ejemplar a los oficiales responsables. Es verdad, cualquier homicidio que se ejerza desde la fuerza pública contra objetivos desarmados es, en todos los casos, un acto condenable. Así, vale la pena preguntarse cómo la sociedad civil se hace cargo para frenar una masacre paulatina, pero cuyo paso no se detiene. Lydia Walther-Rodríguez, organizadora comunitaria en Baltimore de la organización hispana CASA, señala algo que hay que atender: si el homicidio de personas negras en Estados Unidos es más visible mediáticamente, ello se debe en alguna medida a que falta una organización eficaz entre los miembros de la comunidad hispana. La situación es particularmente difícil para ellos pues, según las palabras de la propia Walther-Rodríguez, cuando un latino tiene un problema, debe pensar cuidadosamente antes de llamar a la policía, ya que existe el riesgo real de que ocurra algo peor. Es preciso reconocerlo: bajo un clima de persecución invisible, tal vez indenunciable, pero ciertamente presente, el verdadero alcance de la violencia posible se vuelve indeterminable. El miedo, pues, tiende a crecer. Bajo estas condiciones, resulta francamente difícil organizarse para resistir.
Sin embargo, entre las masas aún existe la afortunada tendencia a protegerse cuando se comparten vulnerabilidades. En Baltimore y en el estado de Maryland, activistas hispanos y negros se han unido tras la muerte de Freddie Gray, el joven negro que falleció mientras estaba bajo custodia policial. Juntos crearon la Campaña por Justicia, Seguridad y Trabajos(Campaing for Justice, Safety and Jobs), que busca una mayor transparencia policial. Su primer logro dicta que han arrancado con un vuelo alto, tal vez esperanzador: han extendido el plazo para denunciar el abuso policial, que pasó de 90 días a un año y un día.
El panorama es ciertamente alarmante. Sin embargo, los primeras jugadas de la sociedad civil se han puesto ya sobre la mesa. Ello no es desdeñable, sino todo lo contrario: la unión de las minorías habla de la radical intolerabilidad de estas situaciones. Movimientos así pueden significar el único camino hacia la desarticulación de formas de proceder que de inmediato se muestran, sin exagerar, como agentes de destrucción.
