El gobierno español ha calificado como ilegal e inconstitucional el referéndum independentista promovido por el gobierno de Cataluña y ha hecho todo lo posible por frenar el proceso.
Acabo de firmar, con todo el gobierno, la convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña. ¡Por la libertad y la democracia!”, expresó en Twitter el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, tras la firma del decreto de convocatoria.
La firma tuvo lugar después de una tensa sesión parlamentaria de casi 12 horas en la que se aprobó la llamada “ley del referéndum”, una norma con la que los independentistas pretendían dar cobertura legal a la consulta.
El gobierno español encabezado por Mariano Rajoy, contrario al proceso separatista catalán, dio el primer paso para recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional.
Horas antes, ya había pedido al alto tribunal que frenara actuaciones del “parlament” contrarias a sentencias previas y que estudiara una posible responsabilidad penal de quienes admitieron a trámite la ley, entre ellos, la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.
Un día después, el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, anunció una demanda contra el Gobierno de Cataluña por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum secesionista, al tiempo que el Consejo de Estado respaldó que el Gobierno español recurriera esta medida ante el Tribunal Constitucional.
Maza, en una breve comparecencia sin preguntas, afirmó que es la respuesta de la Fiscalía “en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho ante la gravedad de la situación generada en Cataluña”.
Por su parte, el Gobierno de España recurrió al Tribunal Constitucional (TC) todas las resoluciones acordadas por el Parlamento y las autoridades de Cataluña para celebrar el referéndum.
Según informó el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se pidió la nulidad de todos estos actos y la suspensión inmediata a la espera de sentencia.
La ley había sido aprobada la noche anterior por la mayoría separatista del Parlamento regional catalán, que también había respaldado un día antes la convocatoria para celebrar el referéndum.
Por otra parte, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó una querella contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su Gobierno, así como contra la presidenta del Parlamento regional por desobediencia, prevaricación y malversación, un delito éste último que implica penas de prisión.
La querella, anunciada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se formalizó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El 12 de septiembre, el Tribunal Constitucional español suspendió la llamada “ley de Transitoriedad” aprobada por el Parlamento catalán, que permitiría poner en marcha un nuevo Estado en forma de república y que fue recurrida por el Gobierno de Madrid.
Esta suspensión se sumó a la que hizo días antes el Tribunal de la “ley del referéndum”, también aprobada por la Cámara catalana, que regula la convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña para el 1 de octubre.
EL REY FELIPE INTERVIENE Y EL GOBIERNO CONTINÚA SU LUCHA CONTRA EL REFERÉNDUM
Por su parte, el fiscal general del Estado de España, José Manuel Maza, dio instrucciones a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como imputados de todos los alcaldes que cedan locales para el referéndum previsto el 1 de octubre, y en el caso de que no comparezcan, reclamen su detención.
El 15 de septiembre, el Ejecutivo español aprobó un mecanismo de control para la región de Cataluña, de forma que el Estado pueda sustituir a las autoridades locales en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine “ni un euro” a financiar el “ilegal” el referéndum secesionista del 1 de octubre.
Así lo explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al término de la reunión semanal del Gabinete, en la que dio un plazo de 48 horas al presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, para que se adecuara a la legalidad o, en caso contrario, asumiría pagos a proveedores, nóminas funcionarios y otros servicios públicos en sanidad y educación.
La Guardia Civil dijo que la literatura de campaña fue confiscada en operaciones a varios negocios en la provincia de Barcelona que distribuyen material publicitario.
La Policía dijo que la operación elevó a 1.5 millones los objetos relacionados con el referéndum que han sido confiscados.
Un día después y ante las decisiones del gobierno español, Cataluña recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión del Ejecutivo de Madrid de intervenir sus cuentas y finanzas para evitar que pueda desviar fondos para la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional.
Fuentes de la investigación informaron que ése era el hallazgo más importante en los registros llevados a cabo en distintas sedes de la empresa de mensajería en las últimas horas.
A diferencia del material intervenido en otros registros, en este caso se trataba de material directamente relacionado con el censo del referéndum y no simplemente propaganda.
DETIENEN A CATORCE PERSONAS
“Estaban avisados”, afirmó el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien insistió en que las autoridades regionales catalanas “sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país”.
No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas”, declaró Rajoy a la prensa, después de conocerse la operación contra los promotores del referéndum independentista.
Sin embargo, el Gobierno regional catalán insistió en celebrar ese referéndum independentista que convocó de manera unilateral para el próximo 1 de octubre, pese a que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, a instancias del Ejecutivo de Rajoy, al considerarlo contrario a la ley.
El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, llamó a los ciudadanos a votar en dicho referéndum para responder al Ejecutivo español, al que acusó de “aplicar de facto un estado de excepción” y “suspender” la autonomía de Cataluña.
En una declaración institucional ante la prensa, acompañado de los miembros de su gabinete, invitó a los catalanes a responder con “firmeza y serenidad” acudiendo a votar el 1-0.
Entre los detenidos figuraba el número dos de la consejería de Economía, Josep Maria Jové, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó y responsables de Telecomunicaciones y Asuntos Sociales de esa región española.
Otros detenidos son cargos de las áreas de Exteriores, Economía y Hacienda y Telecomunicaciones, vinculados con la organización de la consulta.
En el amplio dispositivo desplegado por la Guardia Civil para impedir la consulta de octubre, además de las detenciones, los agentes registraron las consejerías regionales de Asuntos Exteriores, la sede de Vicepresidencia y Economía, Trabajo y Asuntos Sociales, así como la sede del partido parlamentario CUP, también secesionista.
La operación incluyó también la entrada en diversos organismos dependientes del gabinete catalán, entre los que están la Agencia Tributaria regional, y empresas tecnológicas como Indra y T-Systems, en relación con el citado referéndum.
El juez que ordenó su detención los investiga por presuntos delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, por su participación en la organización del suspendido referéndum.
Además, los agentes, por orden judicial, se incautaron entre seis y nueve millones de papeletas impresas con el “sí” y el “no” para la consulta independentista, halladas en el registro de una nave industrial próxima a Barcelona, cuyo propietario también fue arrestado.
Aparte de las papeletas incautadas, en días anteriores los agentes intervinieron otro material destinado a la celebración de esa consulta suspendida, pero que las autoridades secesionistas catalanas quieren celebrar.
Así, los agentes se incautaron de cartas destinadas a miles de catalanes para constituir las mesas de votación el día 1 y material de propaganda para difundir el referéndum.
Asimismo, por orden judicial se clausuraron páginas webs abiertas por las autoridades catalanas para informar de la consulta.
Por otra parte, Rajoy se reunió hoy con el líder del PSOE (primer partido de la oposición), Pedro Sánchez, y con el presidente de Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, ante la evolución de los acontecimientos en Cataluña.
Ambos partidos apoyan al Gobierno en su oposición al referéndum independentista por considerarlo que no se ajusta a la Constitución española, aunque difieren en el tratamiento que debe darse a este conflicto institucional, ya que los socialistas proponen una reforma de ese texto para dar al Estado un carácter federal.
EL EJECUTIVO DE RAJOY CONTROLA EL PRESUPUESTO CATALÁN
Por su parte, el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, reiteró que su control del presupuesto de la administración regional de Cataluña se mantendría de manera indefinida, “mientras sea preciso” para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad vigente.
Montoro compareció en el Congreso de los Diputados cinco días después de que el Gobierno español de Mariano Rajoy acordara la intervención de las cuentas y finanzas del Ejecutivo regional catalán, para evitar el eventual desvío de fondos al referéndum independentista.
El ministro explicó ese acuerdo gubernamental, que implica que el Estado pagará directamente los servicios públicos esenciales, como las nóminas de funcionarios y los relacionados con sanidad, educación y algunas partidas sociales.
De este modo, el Gobierno español retendrá unos 1.400 millones de euros mensuales que tendría que haber transferido a las autoridades catalanas para el pago de todos esos servicios fundamentales.
Las medidas del Ministerio de Hacienda se prolongarán el tiempo que el Gobierno considere necesario, añadió Montoro.
La intervención de las finanzas catalanas ha generado las críticas del Gabinete regional que preside Carles Puigdemont, que un día antes del acuerdo del Gobierno español decidió dejar de enviar con carácter semanal el informe de sus gastos y pasarlo a mensual.
Ese hecho suscitó la respuesta del Gobierno español, ante el temor de que alguna partida fuera desviada a financiar la consulta soberanista del 1 de octubre.
El 24 de septiembre, los independentistas catalanes mantuvieron el pulso con el Estado a una semana del referéndum separatista y las dos principales organizaciones que lideran las movilizaciones repartieron “papeletas oficiales” para la consulta, pese a la denuncia por sedición que pesa sobre ellas.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos organizaciones secesionistas denunciadas por la Fiscalía por los disturbios durante una operación para evitar el referéndum, llamaron a los catalanes a la “movilización social permanente” hasta el 1 de octubre, fecha de la consulta independentista, suspendida por el Tribunal Constitucional español.
Cientos de voluntarios repartieron este domingo en Barcelona un millón de papeletas, según las asociaciones, con la pregunta oficial del referéndum ilegal: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.
PUEDE HABER ALBOROTO Y RUIDO, PERO NO REFERÉNDUM, DICE RAJOY
Al día siguiente, el presidente Mariano Rajoy calificó de “disparate” que el Parlament (Parlamento catalán) declarare la independencia de Cataluña tras el 1 de octubre y consideró que lo único que puede haber ese día es “alboroto” y “ruido”, pero no un referéndum.
Rajoy, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó que todo el mundo sabe que no se puede celebrar un referéndum porque no hay ni junta electoral, ni un equipo en la Generalitat organizando el referéndum, ni papeletas, ni locales, ni personas en las mesas.
Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantía”, añadió.
Por ello, ha concluido que lo más sensato en una situación como esta es volver al sentido común y “terminar con toda esta historia que lo único que hace es generar división y tensiones”.
Durante esa misma jornada, el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, aseguró que a su departamento no le ha parecido “oportuno” hasta ahora pedir la detención del presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, aunque admitió que es una posibilidad que queda “abierta”.
En declaraciones a la cadena de radio Onda Cero, Maza dijo estar convencido de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional pero que las autoridades de esa región insisten en mantener.
Así mismo, el Tribunal de Cuentas español reclamó al expresidente del Gobierno de Cataluña Artur Mas 5,2 millones de euros por los gastos que produjo la consulta independentista de noviembre de 2014, declarada ilegal por la Justicia española.
ÚLTIMAS MEDIDAS, A ESCASOS DÍAS DEL REFERÉNDUM
24 horas después, el gobierno español le ordenó a la Policía regional catalana identificar a los responsables de escuelas u otras instalaciones que se usarán en un referéndum sobre la independencia de la región que Madrid considera ilegal.
La orden coloca en una posición incómoda a la policía catalana, que tiene órdenes de las autoridades centrales de actuar contra ciudadanos catalanes, en una disputa preñada de pasiones nacionalistas y regionalistas.
El fiscal catalán, José María Romero de Tejada, pidió que los agentes se personen en los centros educativos o administrativos de la lista de colegios electorales que difundió a través de Twitter el presidente catalán, Carles Puigdemont.
El 26 de septiembre, la Guardia Civil española bloqueó más de 140 páginas webs de apoyo al ilegal referéndum independentista catalán del 1 de octubre por orden judicial, entre ellas la de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las principales organizaciones que apoyan la consulta.
Según informaron fuentes de la investigación, las webs fueron sido clausuradas en las últimas horas en cumplimiento de la resolución del alto tribunal catalán que autorizaba a la Guardia civil a bloquear las páginas que apoyaran la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.
Igualmente, la Fiscalía Superior de Cataluña ordenó a la Policía de esa región precintar antes del sábado 30 de septiembre los colegios designados como puntos de votación para el referéndum e impedir que se pueda votar en la calle, en un radio de 100 metros.
En una instrucción remitida a los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía solicitó garantizar que no se pueda acceder a los locales que está previsto que acojan urnas y que se evite la constitución de mesas electorales mediante un “amplio dispositivo” policial.
El 27 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó el control de las actuaciones para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, y ordenó a la Policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.
La magistrada del TSJC Mercedes Armas ordenó a la Policía catalana, conocida como Mossos d’Esquadra; la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.
De igual forma, la Guardia Civil española volvió a requisar material referente a la consulta; en esta ocasión requisó 2,5 millones de papeletas, 4 millones de sobres y un centenar de urnas en una localidad próxima a Barcelona, según informaron fuentes policiales.
El Gobierno español aseguró el 29 de septiembre que el Ejecutivo catalán y sus “socios” de la formación secesionista CUP tendrán que responder ante los tribunales de la “muy grave deslealtad institucional” en la que están incurriendo al insistir en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Estamos en presencia de un proceso continuado de desobediencia constitucional contra una democracia europea acreditada y prestigiosa como es la de España y, en pleno siglo XXI, contra un Estado miembro de la Unión Europea”, señaló en rueda de prensa el ministro Portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
El Gobierno de la región de Cataluña anunció que prevé disponer de 2.315 colegios electorales y de 7.235 personas para intentar que el próximo domingo unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar en el referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional.
Varios integrantes del Ejecutivo catalán presentaron a la prensa los preparativos de esa consulta, que el Gobierno español considera ilegal y pretende impedir con un amplio dispositivo policial.
Con información de Noticieros Televisa y agencias
AAE
