Abuso sexual y maltrato físico en una casa hogar destinada a proteger a niñas y adolescentes de la violencia. Hacinamiento y pandillas que se reagrupan en las cárceles y alejan a los reclusos de la rehabilitación. En menos de un mes quedó exhibida la incapacidad de autoridades guatemaltecas para proteger a sus niños y adolescentes en programas de reinserción social.
“Se ha considerado de urgencia nacional la creación de la legislación y la asignación del presupuesto que permita la construcción o readecuación de la infraestructura para la reclusión de los menores de edad que cumplan su mayoría de edad estando de un centro correccional”, afirma Jimmy Morales, presidente de Guatemala.
También se evidenció la crisis en el sistema carcelario nacional en el que la sobrepoblación alcanza 305 por ciento.
“El sistema penitenciario acá en Guatemala es el segundo más hacinado del continente, también entre los diez más hacinados a nivel mundial”, señala Corinne Dedick, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN.
Según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, publicado en 2016, en Guatemala la población carcelaria se triplicó durante la última década, no así los espacios penitenciarios.
En 2007, había 7 mil 932 reos distribuidos en 6 mil 420 espacios carcelarios. Actualmente hay 20 mil 760 presos y 6 mil 809 centros penitenciarios. Se trata de un sistema creado en 1988 que no se reforma desde 2003.
“La estructura penitenciaria, o el aspecto jurídico o el aspecto funcional, o el tema de algunos programas de rehabilitación ya no son viables equiparando la realidad de custodia el día de hoy”; dice Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario de Guatemala.
Las políticas de ‘mano dura’ que pretenden poner fin a la violencia en las calles permitiendo detenciones por el aspecto, tatuajes o asociación con pandillas, fueron contraproducentes. Sólo fomentaron la concentración de pandilleros en las cárceles. Ahí se reagruparon, se reorganizaron e hicieron de las penitenciarías centroamericanas sus centros de operación.
Según analistas, los nueve ataques coordinados realizados por pandilleros de Barrio 18 a sedes policiacas y patrullas, tras el motín en la Correccional Etapa II, pudo prevenirse.
“Toda acción tienen una reacción y la reacción desde luego iba a ser violenta por parte de este grupo”; indica Julio Rivera Clavería, guatemalteco experto en seguridad.
El gobierno de Jimmy Morales está en alerta máxima ante la amenaza de nuevos ataques.
“El gabinete de seguridad ha declarado una amenaza de alta intensidad en contra de los guatemaltecos y las fuerzas de seguridad”.
El Consejo de Seguridad está en sesión permanente para diseñar una estrategia frente a las acciones de las estructuras criminales.
Con información de Lisa María Lou
MLV
