El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la primera encuesta nacional de personas privadas de su libertad o en prisión.
Julio Alfonso Santaella, presidente de la junta de gobierno del INEGI, explicó que los resultados de la encuesta dan “una radiografía, como nunca se ha tenido, del sistema penal mexicano; intuíamos las condiciones de precariedad de la vida penitenciaria, pero ahora por primera vez las hemos medido”.
La encuesta fue realizada en octubre de 2016, cuando en México había 211,000 personas en reclusión repartidas en 338 centros penitenciarios. El INEGI visitó esos lugares y tomó muestras entre 64,150 personas.
Las irregularidades se detectaron desde la forma en que se realizaron los arrestos, porque, explicó Adrián Franco, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, entre las personas encuestadas, 21.5% dijo que su detención “fue sustrayéndola de algún lugar, sin orden de detención; el 20%, en la calle, sin una orden de detención; el 13%, con una orden de detención y el 13% durante la comisión del presunto delito”.
Franco abundó que “75% sufrió de algún tipo de violencia durante el arresto; al momento del arresto, 75.6%; de ellas 6 de cada 10 fue incomunicada o aislada; 52.5% fue amenazada con levantarle cargos falsos; 46.2% fue desvestida; 40% fue atada; 39% fue vendada de los ojos o le cubrieron la cabeza; 39% fue presionada para denunciar a alguien; a 35.6% le impidieron respirar; 28% fue amenazada con hacerle daño a su familia y al 7.5% le hicieron daño a su familia”.
Las agresiones perpetradas en el arresto se repitieron ante el ministerio público, donde los aprehendidos reportaron agresiones físicas, desde golpes hasta violaciones, pasando por lesiones con armas de fuego.
Sobre el proceso judicial, 29.6% de las personas privadas de su libertad no han recibido sentencia; de ellas, 69% lleva más de un año esperando y 43% tiene más de 2 años sin recibir sentencia.
Además, 60% no pudo pagar un abogado privado, lo que los puso en desventaja, porque nadie les explicó “cómo presentar la apelación”; tampoco les explicaron “cómo se desarrolla el proceso, cómo presentar elementos para demostrar su inocencia o llamar a comparecer a testigos que apoyen su caso; ésos son de los eventos en donde hay mayor acción por parte del defensor privado que el defensor de oficio”, de acuerdo con Adrián Franco.
En los centros penitenciarios, 45.6% de los internos viven con más de cinco personas en la misma celda, lo que se considera hacinamiento.
Franco abundó que “donde está más alta la proporción de hacinamiento es en Baja California, el Estado de México y Jalisco, con arriba del 80% de la proporción de personas que viven con más de cinco personas en su celda y los menos están en Tlaxcala, Zacatecas y Guanajuato, donde prácticamente nadie vive con más de cinco personas en su celda”.
Entre los encuestados, 39.3% dijo haber sido víctima de al menos un acto de corrupción, en el arresto, ante el MP, durante el juicio y en el centro penitenciario. Adrián Franco destacó que “66.4% pagan actos de corrupción para exentar el pase de lista, la mitad por tener aparatos eléctricos; 42% por cambiar de celda; 37% por salir al patio de visitas; por tener agua potable, 35%, tener acceso a un teléfono o tener dispositivos electrónicos de comunicación 26%”.
(Con información de Marco Dueñas)
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