Debido a abusos contra menores, toma DIF el control de casa hogar dirigida por sacerdote

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El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, posa junto con varios niños de su casa hogar (Facebook/La Ciudad de los Niños)

La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato (PGJ) recibió, desde el 11 de marzo de 2017 una denuncia anónima en la que se expuso que más de cien menores, entre los que se encuentran niños, niñas y adolescentes, han sido víctimas de maltrato físico, psicológico y abuso sexual en cinco albergues relacionados con la Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato. Las acusaciones e investigaciones pertinentes han llevado a que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tome el control de dicha institución.

La Ciudad de los Niños es la casa hogar, dirigida hasta el día de ayer 11 de julio de 2017 por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. La asociación tiene a su cuidado, hasta el último reporte, la cantidad de 300 menores de edad.

Acorde al portal Zona Franca, los maltratos realizados por la asociación habían ocurrido con complicidades de instancias oficiales como los sistemas DIF tanto estatales como municipales así como del Registro Civil. La Ciudad de los Niños ha recibido además un amplio respaldo de parte de funcionarios y políticos del estado.

La juez Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, puso al descubierto la situación en la que habían vivido más de cien niños y niñas albergados en las cincos sedes de la Ciudad de los Niños en Salamanca al emitir la resolución del juicio de amparo indirecto con número 475/2016-VIII.

Según el testimonio de diversos niños y funcionarios, se evidenció que la mayoría de los menores de la casa hogar han sufrido violencia física, sexual y psicológica, poniendo en riesgo su integridad, por lo que la juez federal pidió que los internos de dicha asociación fueran reubicados.

El 15 de julio de 2016, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, promovió un amparo ante la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, por el caso de una niña de siete años cuyas manos habían sido quemadas sobre una estufa como castigo por haber hurtado un bloque de plastilina. El amparo pretendía evitar que la pequeña saliera de la Ciudad de los Niños, lugar en el que tenía viviendo dos años.

La juez federal sentenció la improcedencia de dicho amparo además de que realizó una serie observaciones que pretendieron proteger tanto a la menor en cuestión, como al resto de los niños, pues

no es benéfico para los menores permanecer viviendo en los centros de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca”.

Macías Lovera estableció que han existido omisiones de las autoridades que han propiciado abusos. En su resolución, también pidió indagar al Ministerio Público si los apoyos recibidos por la organización por parte de organismos públicos y privados han sido utilizados en la mejora de los centros de la asociación o si se ha incurrido en un desvío de fondos.

Derivado  de la sentencia de juicio de amparo dictada por la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato”, El DIF acudió a las diversas sedes de la Ciudad de los Niños; “a fin de identificar alguna circunstancia susceptible de atención, derivándose la implementación de la medida de protección preventiva”.

Después de diversas indagaciones, el DIF estatal, señaló mediante la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), que:

se tomó la determinación de implementar medidas de protección enfocadas en la intervención del inmueble, tomando de ésta manera a su cargo a las niñas, niños y adolescentes que ahí residen”, para “continuar las valoraciones ya iniciadas  con un mayor alcance y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de manera integral”. 

La PEPNNA ha intervenido hasta el momento en 63 casos de niños residentes de la Ciudad de los Niños. “la actividad que involucró psicólogos, abogados, trabajadores sociales y médicos” para conocer el estado de los menores, “para posteriormente proceder con la restitución de los derechos que se identifiquen vulnerados, de ser el caso”.

Además “se determinó intervenir la administración de la Asociación Civil, cabe señalar que se detectaron 5 casos cuyos dictámenes recomiendan recibir atención psicológica en condiciones adecuadas de mayor alcance y profundidad.”

El DIF aseguró que las autoridades de la asociación civil, “mostraron su total disposición a la intervención y control del albergue”. No se hizo mención del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

Con información de: Zona Franca

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