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La Asamblea Constituyente aprobó fragmentos del Artículo 21 de la Constitución de la Ciudad de México en los que se prohíbe la privatización de los servicios públicos de potabilización, distribución, abasto de agua, y drenaje.
Estos serán prestados por el gobierno de la Ciudad a través de un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, es decir, un ente descentralizado, un tema que logró consenso tras un día completo de debates entre los grupos parlamentarios.
“Se dice expresamente y claramente: este servicio no podrá ser privatizado, quiero reconocer porque el PRD desde el principio de estos debates, en todo momento hemos fijado nuestra posición de jamás aceptar la privatización del servicio público del agua, por eso festejamos”, dijo Dolores Padierna, constituyente PRD.
El gobierno de la Ciudad deberá establecer tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo con el consumo de agua.
“La objeción principal es que el organismo que va a ocuparse como parte del gobierno, como un órgano público tenga patrimonio y personalidad jurídica propios, estábamos nosotros en desacuerdo, pero si estamos consiguiendo la declaración tajante, expresa que prohíbe la privatización, no hay que tener temor”, señaló Bernardo Batiz, constituyente Morena.
Se prohíbe la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos. Las autoridades de la Ciudad prestarán de forma exclusiva y gratuita los servicios de barrido, transportación y destino final.
El gobierno de la ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables.
JLR
