Este mes de agosto aumentó el precio de la gasolina en México. Las críticas hacia las promesas de la reforma energética no se han hecho esperar: la luz ha subido para grandes consumidores, el precio de la gasolina va al alza y el impacto en la inflación es notable. El día de ayer se reunió una comisión especial para discutir el precio de la gasolina que fijó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el mes de agosto. Con las críticas, entonces, también vinieron las explicaciones.
¿Por qué, a pesar de las promesas, el precio del combustible sigue subiendo? ¿Por qué este aumento no se califica como “gasolinazo”? ¿Cuáles son las razones del gobierno para romper promesas tan insistentemente repetidas?
El fin de los subsidios
Durante la administración de Felipe Calderón (2006–2012), se estableció una estrategia económica para acabar con los subsidios a la gasolina. Los subsidios funcionaban como una protección económica hacia los sectores más vulnerables de la población: a pesar de las fluctuaciones en los costos del petróleo, el precio de la gasolina en México se mantenía estable gracias a la intervención monetaria del gobierno.
El sistema de subsidios presentaba, sin embargo, muchos problemas. Otros países, como Estados Unidos, utilizan un sistema de libre mercado para tasar el precio de la gasolina: se trata de un precio que fluctúa según los cambios en los costos del petróleo y de la producción refinada de combustible. Por decirlo de otra manera, la gasolina se compra, día a día, al valor del mercado. De ahí que los precios cambien tanto y tan frecuentemente en el país norteamericano.
En México, la realidad es muy distinta. A pesar de las fluctuaciones en los precios del crudo y de los costos cambiantes en el proceso para refinar gasolina, lo que se paga por combustible no ha cambiado notablemente en los últimos años. El aumento en el precio de la gasolina en México es progresivo y constante porque responde a una escala artificial: el gobierno regula los precios a través de la SHCP y, hasta el mandato de Calderón, no se permitieron aumentos abruptos ni caídas drásticas en los costos.
Pero el ex-presidente panista quiso implementar un plan económico para emparejar los costos de venta de combustible en México con el precio internacional. O, al menos, para lograr empatarlo con el precio liberalizado de Estados Unidos. Con este fin, Calderón implementó el llamado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas y el diesel. Este incremento mensual al costo de la gasolina se conoció, en el sexenio anterior, como los “gasolinazos”.
En 2015, la SHCP decidió hacer un aumento único y, finalmente, fijó el precio de la gasolina Magna en 13.57, de la Premium en 14.38, y del diesel en 14.20 pesos por litro. Recientemente, por la caída del precio del crudo, la gasolina en Estados Unidos ha disminuido sus costos y el precio fijo del combustible en México ha rebasado los costos del vecino país del norte.
Según datos de Forbes, el 9 de noviembre de 2015, el precio de un litro de gasolina en Estados Unidos llegó a costar 9.17 pesos, es decir 4.40 pesos más barato que en México. Así, el IEPS pasó de ser un subsidio y se convirtió en una fuente de ingresos para el gobierno: según las mismas cifras, entre enero y septiembre del 2015, se recaudaron 156,093 millones de pesos a través de este impuesto.
El camino a la liberalización
En 2016, la SHCP calculó un límite máximo para la fluctuación de los precios de la gasolina en México. Tomando como referencia el precio fijo de 13.57 pesos por litro, la instancia gubernamental fijó un máximo de fluctuación del 3%. Es decir que, durante todo este año, la gasolina no podrá costar menos de 13.16 pesos, ni más de 13.97 pesos.
Para explicar este margen de aumentos, desde el año pasado, la SHCP precisó que no se trata de un aumento al IEPS sino de proveer una banda de fluctuación para asumir los cambios en los precios internacionales del crudo y de la gasolina. En principio, entonces, este tipo de márgenes no existirá más en 2018 cuando se llegue a la liberalización completa del mercado de la gasolina que prevé la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.
El aumento a la gasolina de este mes será, entonces, una expresión normal de acomodo a los precios internacionales dentro del margen previsto por la SHCP. Sin embargo, esto no quiere decir que el aumento no tenga repercusiones. Al llegar a 13.96 pesos por litros después de costar 13.40, este incremento será el más grande en 18 años. Afectando todos los sectores de la economía, este aumento significará también una alza en la tasa de inflación que podría exceder el 3.2% a finales de año.
A pesar de las críticas por parte de la oposición, entonces, el aumento a la gasolina está previsto en los márgenes de este año y se encamina hacia la proyección de liberalización del 2018. Este proyecto, ciertamente, busca hacer frente a los anteriores errores en la política de subsidios. Sobre todo porque esta política mostró no ser efectiva en lo que pretendía: es decir, en ayudar a los más desfavorecidos con la economía cotidiana.
Según un estudio de la Reserva Federal del Banco de Dallas en 2013, la franja más desfavorecida de la población (que representa 20% del país) sólo adquirió el 3% de la gasolina vendida en 2010. Eso quiere decir que la inversión de casi 10 billones de pesos en subsidios que representó cerca de 1% del Producto Interno Bruto (PIB), no sirvió para impactar en prácticamente nada en la economía de las franjas más pobres de la población. Paralelamente, un 10% de la población más adinerada compró más del 39% de la gasolina que se vendió ese mismo año.
Así, parece evidente que el sistema mexicano de subsidios no funcionaba acorde a las promesas políticas que lo acompañaron desde hace más de dos sexenios. Sin embargo, con la lenta transición hacia el enorme cambio que representará la liberalización del mercado de la gasolina, todavía no podemos medir los impactos de la nueva etapa que se inaugurará en la economía mexicana. Mientras tanto, las dudas siguen: ¿cómo se están distribuyendo las cuantiosas recaudaciones del IEPS? ¿Cuál es el uso político que se le da a los precios de la gasolina? ¿Cuáles serán los impactos, a largo plazo, de la liberalización de este mercado?
Entre subsidios que no cumplen su cometido y la falta de transparencia en la recaudación de impuestos a la gasolina, nos queda esperar el impacto de un cambio radical en nuestra economía. Tal vez, al final de este mandato, se cumplan las promesas que inauguraron, con resonante esperanza, este polémico sexenio.
