Violencia y dinero

Panoramas de la corrupción en México

En México, las cifras sobre corrupción son alarmantes. En el último estudio de Transparencia Internacional sobre la manera en que se percibe la corrupción en el país, México aparece en el último lugar de los 34 miembros que conforman la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico).


México ocupa el lugar 95 de 168 países en percepción de corrupción (Fuente: México: Anatomía de la Corrupción. María Amparo Casar, CIDE-IMCO, 2015.)

Es verdad, este estancamiento de varios años dentro de los peores lugares en la percepción de la corrupción global sólo muestra la forma en que se considera la corrupción en México. Eso quiere decir que el índice puede ser alentador porque cada vez más mexicanos se dan cuenta del problema. Según cifras de Transparencia Internacional de 2015, México ha caído 31 posiciones en la percepción de la corrupción de 2008 a 2014, mientras que, en el mismo periodo, por ejemplo, Brasil subió 11 escaños. Este tipo de cifras también se reflejan en la frecuencia con que la prensa ha señalado la corrupción en México: según el mismo informe, en 1996 hubo 502 menciones de corrupción en artículos periodísticos, mientras que, en 2014, hubo 29 mil 505 menciones.

Jorge Emilio González habla durante una conferencia de prensa en el 2004. Esto después de que alegara que el video donde presuntamente aparece aceptando $2 millones de dólares para permitir un desarrollo en Cancún era falso. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Jorge Emilio González habla durante una conferencia de prensa en el 2004. Esto después de que alegara que el video donde presuntamente aparece aceptando $2 millones de dólares para permitir un desarrollo en Cancún era falso. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Estas cifras señalan que los mexicanos son cada vez más conscientes de un problema que observan, según encuestas, como más apremiante que la pobreza. Pero la situación sigue siendo apremiante y compleja. Para empezar, es difícil medir con precisión los índices de corrupción en un país en dónde sólo terminan con sentencias el 1% de los delitos de corrupción. En México, la corrupción se combina con una enorme impunidad y una grave falta de transparencia.

En 2012, cuando inició la administración de Enrique Peña Nieto, todos quedaron sorprendidos por la captura de Elba Esther Gordillo, líder del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) por desviar 2 mil 600 millones de pesos del ingreso del magisterio para uso personal. Pero, después de este ajuste de cuentas no ha habido ninguna captura significativa de figuras públicas o privadas por escándalos de corrupción. Y los escándalos se extienden en todos niveles y bajo todas formas: del sector empresarial al sector público, en el nivel federal, estatal y municipal, en instancias de impartición de justicia, fiscales y políticas, en el día a día y en la problemática historia de México.

Un monitor de TV es expuesto para prensa. En este se observa a Elba Esther Gordillo en prisión federal. (AP Photo/Alexandre Meneghini)

Un monitor de TV es expuesto para prensa. En este se observa a Elba Esther Gordillo en prisión federal. (AP Photo/Alexandre Meneghini)

Desde hace varios años, el equipo de Punto de Partida, encabezado por Denise Maerker, ha recopilado información en torno a escándalos de corrupción. Con un equipo de reporteros que incluye a Javier Vega, Marco Antonio Coronel, Vanessa Job, Cecilia Reinoso, Miriam Moreno y Fátima Monterrosa y con la realización de Ahmed Velázquez, Antonio Maldujano y Adrián Tinoco, el equipo de Punto de Partido ha observado de cerca escándalos en las esferas políticas y empresariales de todo el país. Desde los problemas con las filtraciones tóxicas en la mina de Cananea en Sonora, hasta la fuga del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y de su esposa después de la desaparición de los 43 normalistas, los casos que aquí han tenido seguimiento resultan de primera importancia para la comprensión de uno de los más grandes problemas de México.

Así, a pesar de que desde el 2004 se ha duplicado la inversión institucional en la batalla contra la corrupción, México continúa percibiéndose entre los países más corruptos del mundo. Según cifras de la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del 2013 por el INEGI, la población mexicana considera, en promedio, en los estados que conforman la República, un 83% de corrupción en el sector público. De la misma manera, en el sector empresarial, según las cifras presentadas por María Amparo Casar, el 44% de las empresas en México aceptó haber pagado algún tipo de soborno. Con estas cifras preocupantes, es incuestionable la importancia de dar seguimiento a estos casos y exigir mayores medidas de transparencia en todos los niveles del sector público y privado.

Vista del río Sonora después de ser contaminado. (AP Photo/El Imparcial, Julian Ortega, File)

Vista del río Sonora después de ser contaminado. (AP Photo/El Imparcial, Julian Ortega, File)

Las mineras: ambición contra el medio ambiente

En julio del 2014, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó un permiso a la empresa Desarrollo Zapal, S.A. de C.V., para construir el proyecto minero Los Cardones en el área natural protegida (ANP) La Sierra La Laguna en Baja California Sur. Se trata de una mina de oro a cielo abierto que ocuparía el 58% del área protegida y pondría en grave riesgo los suministros de agua de la región. Las preguntas que surgen aquí son preocupantes: ¿Cómo pudo ser aprobado un proyecto de esta magnitud por la misma secretaría que debe proteger las ANP? ¿Se trata de un caso más de corrupción entre sector privado y sector público? ¿Cómo se emitieron esos permisos?


El 59% de los sobornos de empresas hacia instancias del gobierno suceden a nivel municipal y Estatal. (Fuente: Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, KPMG)

En cualquier caso, los riesgos ecológicos y sociales de este tipo de proyectos ya han sido palpables en otros estados. Es el caso del peor desastre ecológico causado por una compañía minera en México: el desastre de los ríos Bacanuchi y Sonora en Cananea, al norte del país. A pesar de que la empresa minera Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, fue directamente señalada como responsable de la enorme filtración de productos tóxicos a estos ríos, los fideicomisos de reparación para los municipios afectados aún causan grandes dudas. ¿Cuánto tiempo pasará para que paguen los responsables las consecuencias de sus actos? ¿Acaso será éste otro caso de impunidad?

El 6 de agosto del 2014 se filtraron 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas de Cananea. Si la SEMARNAT da su aprobación al proyecto minero Los Cardones en Baja California Sur ¿quién será responsable cuando suceda una catástrofe ecológica similar?

Murillo Karam, enseña en una pantalla a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Murillo Karam, enseña en una pantalla a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

El reino de los Abarca

Entre el inicio de la llamada “guerra contra el narco” del presidente Felipe Calderón en 2006 hasta octubre del 2014, desaparecieron 22 mil 610 personas en México. Esta cifra llegó a la atención internacional cuando la noche del 26 al 27 de septiembre de ese año, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa a mano de policías municipales trabajando en connivencia con la delincuencia organizada. Sin embargo, como luego se relató en diferentes investigaciones, éste no fue el primer foco rojo que se prendió, como alarma apremiante, en la región.

José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. (AP Photo/PGR, File)

José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. (AP Photo/PGR, File)

El 50% de las 22 mil 610 desapariciones forzadas en México desde 2006 ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. (Fuente: Información para el comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, Amnistía Internacional, México, Febrero 2015)

Desde el año 2013 diferentes denuncias pesaban sobre el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Desde señalamientos de desapariciones forzadas hasta imputaciones de asesinatos a líderes opositores de otros partidos y de ONGs, las sospechas que se construían en torno a Abarca eran, sin duda, graves. Y, sin embargo, después de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, Abraca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tuvieron tiempo suficiente para escapar a la Ciudad de México en donde, posteriormente, serían aprehendidos. Entre las muchas preguntas que levanta el caso de Ayotzinapa, quedan sin responder, también, los vínculos de la familia Abarca con la delincuencia organizada, los asesinatos que se les imputan y la connivencia con autoridades estatales para facilitar su fuga. La corrupción aquí, a nivel municipal y estatal, levanta peligrosos precedentes de graves abusos de autoridad.

Según fuentes oficiales, desde 2006 no se ha enjuiciado a nadie por casos de desaparición forzada a nivel federal. ¿Es necesario que sucedan tragedias como la de Ayotzinapa para que se desplieguen verdaderas medias en contra de la impunidad en México?

El gobernador Javier Duarte. Fue señalado en un reportaje por desaparecer 645 millones de pesos, con una red de empresas fantasma. (AP Photo/Marco Ugarte, File)

El gobernador Javier Duarte. Fue señalado en un reportaje por desaparecer 645 millones de pesos, con una red de empresas fantasma. (AP Photo/Marco Ugarte, File)

Corrupción municipal: un problema creciente

Hace algunos meses, el país quedó impactado ante la fiesta de cumpleaños de Hilario Ramírez, alcalde de San Blas en Nayarit, que gastó 15 millones para una celebración en dónde abundaron las cervezas, la birria multitudinaria y uno que otro detalle de machismo exacerbado en la humillación pública de una joven que bailaba con el festejado. A pesar de que el alcalde pretendió justificar este gasto desmedido argumentado que todo fue pagado por sus “50 mil amigos que me apoyan”, nada parece justificar el lujo desmedido en una localidad que no ha encontrado los recursos para completar rellenos sanitarios, asegurar la recolección de basura y hacer llegar agua potable a una gran parte de la población.


En México, sólo el 2% de las averiguaciones previas que señalan delitos cometidos por servidores terminan en ingresos a la cárcel (Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. con datos del Censo de Impartición de Justicia 2014)

Pero éste no es un caso aislado. En efecto, la impunidad en los estados de la República alcanza niveles alarmantes. Según una investigación de Pablo Montes para el CIDE, de 41 gobernadores acusados entre 2000 y 2013 de corrupción, sólo 4 han sido sentenciados. En el mismo periodo, para dar una cifra de contraste, los nueve gobernadores acusados de corrupción en Estados Unidos han sido todos procesados por la ley. Es en este marco de impunidad generalizada en los estados que se pueden observar a candidatos para presidencias municipales y puestos de representación popular con antecedentes de corrupción que siguen siendo contendientes a puestos de elección popular y que, incluso, como es el caso de Aarón Urbina Bedolla, ganan los comicios. Este miembro del PRI fue elegido por cuarta ocasión como alcalde de Tecamac, en el Estado de México, a pesar de haber sido acusado de despojo, tráfico de influencias y nepotismo. ¿Cuántos casos como estos pasan desapercibidos? Y, lo que es aún más grave, ¿Cuántos de ellos siguen impunes?

La corrupción en México es también un factor económico: “la falta de sanciones a los actos corruptos costó a México 86 mil millones de dólares, que se atribuyen a desvíos, subejercicios y despilfarros de recursos públicos, así como pagos indebidos en el gobierno.” (Fuente: México: Anatomía de la corrupción de María Amparo Casar, CIDE, IMCO, 2015)

Mapa donde se muestra el desarrollo habitacional de Tecamac. (AP Photo/Jose Luis Magana) **EFE OUT**

Mapa donde se muestra el desarrollo habitacional de Tecamac. (AP Photo/Jose Luis Magana) **EFE OUT**

Construcciones irregulares: un riesgo real

Desde las zonas más privilegiadas del país hasta las construcciones de interés social, las irregularidades en el levantamiento de vivienda son muy comunes en México. Aquí, el equipo de Punto de Partida se interesa en dos casos específicos. El primero de ellos alude a una construcción irregular en un talud de Santa Fe, en la Ciudad de México, que pone en riesgo de deslave a cientos de habitantes. El segundo es el caso de un condominio horizontal en Tecamac, en el Estado de México, que fue construido con materiales baratos e inseguros para engañar a los compradores con precios inflados de vivienda.


Según cifras del 2014, el 61% de las víctimas de delitos en México no presentó denuncia. (Fuente: Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, INE-COLMEX)

Este segundo caso es, ciertamente, preocupante si observamos que se trata de un municipio manchado por los casos de corrupción de su alcalde, Aarón Urbina Bedolla. Además, nadie puede dudar del considerable impacto social que tiene el fraude en vivienda. Estos casos aislados son sólo la punta de un enorme iceberg que todavía esconde muchos casos de corrupción municipal a lo largo y ancho de la República. Al menos, con el caso de Tecamac, se asentó un importante precedente en el combate a estos abusos regulares.

La impunidad en México se alimenta también de la gran falta de confianza que muestra la ciudadanía hacia las instituciones de impartición de justicia: según la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, el 33% de los mexicanos cree que las leyes se usan para proteger los intereses de la gente con poder. (Fuente: Secretaría de Gobernación, 2005)

Marino y policías toman nota del lugar de los hechos donde encontraron dos cuerpos de personas asesinadas en Acapulco en el año 2011. (AP Photo/Bernandino Hernandez)

Marino y policías toman nota del lugar de los hechos donde encontraron dos cuerpos de personas asesinadas en Acapulco en el año 2011. (AP Photo/Bernandino Hernandez)

Violencia y dinero

El Instituto por la Economía y la Paz, en su reporte de 2015, Peace and Corruption, encontró que hay una relación estadística entre el aumento de la violencia en un país y una mayor corrupción en sus instituciones. La desconfianza en los sistemas de impartición de justicia, el aumento de la violencia por parte de grupos del crimen organizado y un creciente número de homicidios son sólo algunas de las preocupantes correlaciones que este estudio encuentra. Según el análisis estadístico de una gran cantidad de datos, existe un punto de inflexión a partir del cual un pequeño aumento en la corrupción en un país puede causar un significativo aumento de la violencia. Y México se encuentra cerca de este umbral.

Las consecuencias de la corrupción no son entonces solamente sociales, morales o políticas sino que tienen un impacto real en la economía de México y en el bienestar de sus habitantes. El aumento en la violencia ya no puede ser considerado como un dato aparte en las percepciones de la corrupción y tiene que relacionarse directamente con la desconfianza generalizada, en México, hacia la impartición de justicia y las instituciones gubernamentales y policiacas; además de la enorme impunidad de la que gozan políticos y empresarios. Sin embargo, existen soluciones. Como plantea María Amparo Casar, el involucramiento de la sociedad civil en la redacción de leyes secundarias, la eliminación del uso de efectivo en actividades gubernamentales, la persecución de oficio para delitos de corrupción y un mayor uso de herramientas digitales en trámites gubernamentales pueden ser algunas medidas mínimas para comenzar a reducir la corrupción en México. El camino por recorrer es largo y tortuoso pero merece, sin duda, el involucramiento activo de todos los mexicanos para pavimentarlo con la esperanza de un mejor mañana.

Fajos de billetes son expuestos tras ser encontrados en la oficina de José Saiz, secretario de finanzas del ex gobernador Andrés Granier, del PRI. (AP Photo/America Rocio, File)

Dinero asegurado (AP, archivo)

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Para mayor información sobre informes de corrupción en México, la relación de la corrupción con la violencia y los reportes de desapariciones forzadas en nuestro país, consultar los siguientes enlaces:

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