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Venezuela: ¿El fin del gobierno de Maduro?

Las imágenes de las protestas en Venezuela han dado la vuelta al mundo; miles y miles de personas han salido a las calles en más de una ocasión para exigir la destitución del presidente Nicolás Maduro. La popularidad del mandatario va en picada y no existe, al parecer, ningún escenario posible para revertir su detrimento. Una encuesta importante reveló hace unos días que el 63% de la población en Venezuela cree que el presidente debe dejar el poder antes de que termine el año. La crisis gubernamental es evidente, hay algo en Venezuela que no funciona.

¿Estado de excepción o de emergencia?

Las imágenes de las protestas en Venezuela han dado la vuelta al mundo; miles y miles de personas han salido a las calles en más de una ocasión para exigir la destitución del presidente Nicolás Maduro. La popularidad del mandatario va en picada y no existe, al parecer, ningún escenario posible para revertir su detrimento. Una encuesta importante reveló hace unos días que el 63% de la población en Venezuela cree que el presidente debe dejar el poder antes de que termine el año. La crisis gubernamental es evidente, hay algo en Venezuela que no funciona.

¿Qué pasó?

A principios de este año la Asamblea Nacional, en un acuerdo aprobado por la mayoría opositora, declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela que se extiende hasta este momento: el país sudamericano vive una situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad y el bienestar de su población, pues el desabastecimiento y la escasez de medicinas y alimentos han alcanzado niveles alarmantes.

Durante el mismo enero, el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de emergencia económica, una forma particular del estado de excepción en la que se le otorgan amplias facultades al poder ejecutivo para “limitar el uso o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción.” La crisis económica en Venezuela, producto de los bajos precios del petróleo y la altísima inflación, comienza a mostrar su peor faceta.

(AP Photo/Fernando Llano)

Los meses corren y la economía venezolana no mejora. Las consecuencias de la crisis son atroces. Actualmente, el país carece de más o menos 80% de los suministros médicos indispensables. Las filas interminables afuera de los supermercados para comprar productos de básica necesidad se han convertido en el día a día de los venezolanos. Hay escasez de pan, azúcar, papel de baño, y el gobierno no puede pagar nuevas importaciones. Los estantes se vacían rápidamente cuando llega, si es que lo hace, un nuevo cargamento. La economía venezolana se hundió 5.7% el año pasado, y se espera que llegue a un 8% antes de finalizar el 2016. La inflación es de un 180%. El Bolívar, la moneda nacional, vale menos que un centavo de dólar en el mercado negro. El país se enfrenta a la penuria, a la oscuridad y a las fricciones.

El desplome del precio del petróleo, con la importancia que éste tiene para la economía venezolana, pero también la mala calificación que le otorgan organismos internacionales, a pesar su cumplimiento riguroso en el pago de la deuda, han generado un clima de incertidumbre económica en la nación. Pero eso no es todo, desde finales de abril el gobierno semi-paralizó al sector público al decretar semanas laborales de dos días para ahorrar energía. Esto debido al insólito vaciamiento de la principal central hidroeléctrica, que genera el 70% de la energía que se consume en Venezuela. El gobierno teme que el nivel del agua siga disminuyendo, lo que provocaría un apagón generalizado. Por lo mismo ha implementado apagones generales durante 40 días para postergar el colapso energético. La crisis económica, que a principios de año se tradujo en humanitaria, es también una crisis energética. Y con tanta crisis, ¿hacia dónde puede ir Venezuela? ¿Cuál es el futuro de una nación que hasta hace unos años era de las más prósperas de América Latina?

Un poco de historia

(AP Photo/Fernando Llano)

En 1999 Hugo Chávez es electo presidente constitucional de Venezuela, y llega al poder con la idea de construir, de acuerdo a sus afirmaciones, una democracia directa, participativa y protagónica del pueblo venezolano. Para reconstruir un poco la historia de lo que fue el país sudamericano, sin afán de abarcarlo todo de un jalón, es posible consultar las cifras con las que arrancó la administración bolivariana, en un intento por comprender qué implicaciones tiene su decadencia.

El gobierno de Hugo Chávez logró reducir la pobreza en 20.8% al pasar de 48.6% en 2002 a 27.8% en 2010, de acuerdo al Panorama social de América Latina, publicado por la CEPAL en 2010. Asimismo, la pobreza extrema pasó de 22.2% a 10.7%.

La popularidad del presidente Chávez era innegable, por lo que volvió a ganar los comicios en 2012 con un 55.07% de los votos frente a 44.31% que obtuvo el candidato de la oposición Henrique Capriles (algunos medios como El País reportaron la victoria con un 54.4%). Sin embargo, ese mismo año Chávez vuelve a enfermar de cáncer. Es entonces cuando le pide al pueblo venezolano que ante cualquier eventualidad elija a Nicolás Maduro como su sucesor en la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Hugo Chávez muere el 05 de marzo de 2013; y el 14 de abril se realizan elecciones presidenciales, acordes al mecanismo previsto en la Constitución Nacional. Maduro gana las elecciones con apenas un 50.66% de los votos, frente al 49.07% del candidato opositor Henrique Capriles. La oposición venezolana desconoce los resultados.

Estado de excepción

Los saqueos, productos de la escasez y la inestabilidad económica han ido en aumento. La gente se ha volcado a las calles a protestar contra un gobierno que no da soluciones eficaces a la crisis que están viviendo. Hartos de las filas, de los apagones, de la violencia, una parte importante de los venezolanos pide la pronta destitución del mandatario Nicolás Maduro. La oposición, cuyo líder continúa siendo Henrique Capriles, ha promovido una serie de recursos para hacer del reclamo una realidad antes de que termine el año.

Henrique Capriles (AP Photo/Fernando Llano)

El mes pasado la oposición venezolana, quien el 6 de diciembre de 2015 puso fin a la hegemonía del oficialismo y ganó la mayoría de los asientos en la Asamblea Nacional, reunió un millón de firmas para solicitar al Consejo Nacional Electoral un referéndum revocatorio, estipulado en el Artículo 72 de la Constitución Nacional. Ocho veces más de lo solicitado por el CNE para iniciar el proceso, pues el REVOCATORIO debe ser activado por lo menos por el 20% de los electores. La lista de firmas crece, mientras el gobierno desesperado intenta recuperar la estabilidad. Algunos analistas consideran que Maduro no terminará el año al frente de Venezuela, pues la presión nacional e internacional contra su gobierno ha ido en aumento.

El pasado viernes 13 de mayo Nicolás Maduro declaró un estado de emergencia que le da poderes especiales por encima de la Asamblea Nacional:

“… un estado constitucional de emergencia… para atender a nuestro país y, lo más importante, para prepararse para denunciar, neutralizar y superar las agresiones externas y extranjeras en contra de nuestro país.”

Un estado de emergencia distinto al que decretó a principios de año, más alarmante, más urgente, y tal vez un poco más impositivo. Es, ahora sí, un estado de excepción con todas sus letras. Pero, ¿qué es y qué implica un estado de excepción en Venezuela?

El estado de excepción es un régimen que se aplica en circunstancias extraordinarias, cuando la seguridad del país y sus habitantes se encuentra en riesgo. Su objetivo es salvaguardar la paz y garantizar el funcionamiento de las actividades económicas y militares en las zonas fronterizas. En el estado de excepción pueden ser restringidas las garantías individuales, excepto aquellas estipuladas por la Constitución.

En Venezuela los artículos que hablan el proceder del presidente Nicolás Maduro son el 337 y el 339, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 337
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se clasifican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

Artículo 339
El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

A pesar de que la Constitución avala el proceder del mandatario y de que éste lo considera una medida necesaria para proteger la soberanía de Venezuela y “derrocar el golpe de Estado, la guerra económica, estabilizar socialmente nuestro país y enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento”, el estado de excepción del viernes 13 tiene para algunos un tinte autoritario y riesgoso para el estado de derecho.

Agrupadas en el Foro por la Vida, dieciséis organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela afirman que el reciente decreto de estado de excepción “establece una ruptura del orden constitucional que coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población venezolana.” Asimismo, los cancilleres de Argentina, Chile y Uruguay han firmado un comunicado conjunto en el que llaman tanto al gobierno de Maduro como a la oposición a establecer un diálogo para resolver los conflictos, manteniendo siempre la tradición democrática del país:

Con pleno respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos, creemos que los problemas de Venezuela deberán ser resueltos por los propios venezolanos, de conformidad a su institucionalidad y observando los compromisos internacionales de plena protección de los derechos humanos y las libertades individuales. Confiamos en que el pueblo venezolano sabrá honrar su larga tradición democrática y su histórico compromiso con las soluciones políticas pacíficas y de consenso, desalentando así alternativas radicales que lo alejen de las vías democráticas.

En las calles

(AP Photo/Ariana Cubillos)

La última jornada de protestas tuvo lugar el miércoles 18 de mayo a lo largo del día. Se registraron 23 marchas simultáneas en todo el país, de las cuales cinco terminaron en enfrentamientos con la policía. Al grito de “¡Revocatorio! ¡Revocatorio!”, la gente y los líderes de la oposición marcharon a las principales sedes del Consejo Nacional Electoral; sin embargo, volvieron a encontrarse con barricadas policiales que les bloquearon el acceso a los edificios.

En Caracas la manifestación fue liderada por el ex candidato a la presidencia Henrique Capriles y el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup. La marcha no logró acceder a la Plaza Venezuela, pero a través de uno de los rectores electorales entregó una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral, a quien acusan de retrasar el proceso para iniciar el revocatorio, con el fin de que no pueda realizarse este año. La oposición afirma, por ejemplo, que el proceso de verificación de firmas debió durar tan sólo cinco días y ya han pasado dos semanas.

No vamos a descansar hasta que no se haga el referéndum este año”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos tras la marcha. “Los derechos constitucionales no se ruegan ni se mendigan. Los males del país se seguirán agravando mientras estos bandidos sigan manejando el Gobierno”.

Si el revocatorio se pospone hasta el 2017 no habría transición real en el gobierno, afirma la oposición, pues de acuerdo a la ley venezolana, sólo durante este año es posible convocar a elecciones, Si el proceso se alarga sería el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, quien terminara el mandato.

La violencia estuvo presente en varias de las protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática. En Caracas, después de que el grueso de la marcha se dispersó, un grupo de manifestantes optaron por mantener el cierre de vialidades. La policía venezolana lanzó gas lacrimógeno para reprimir la manifestación. Hasta el momento siete detenidos y varios heridos es el saldo de la tensa jornada del miércoles.

(AP Photo/Ariana Cubillos)

Escenarios posibles

La crisis social, política y económica en Venezuela es indiscutible. El tiempo pasa, las tensiones entre los bandos se acentúan, y no parece que exista una solución reconciliatoria del conflicto. Dos son por lo menos los escenarios probables, aunque no los únicos posibles. En el primero, el CNE convoca al referéndum revocatorio a través del cual Nicolás Maduro sería destituido de su cargo. En el segundo, el plazo se alarga, las protestas continúan, la violencia tanto de los manifestantes como del Estado se intensifica, y el colapso se hace evidente.

Saber qué va a pasar en Venezuela es complicado, desde el 2014 se habla de la posibilidad de una guerra civil y de la probable caída del gobierno de Maduro, pero los años pasan y, a pesar de la decadencia, el régimen y sus simpatizantes resisten las embestidas de los opositores. Sea cual sea el escenario venidero, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela debe asumir la responsabilidad de respetar en todo momento las garantías individuales y los derechos humanos: el derecho a la vida, a la protesta, al acceso a la información, etc., para resolver la crisis humanitaria a la que se enfrenta. Antes que todo está la gente y es para ellos para quienes gobierna.

(AP Photo/Fernando Llano)

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