¿Quién gobierna a los gobernantes?

Abuso de poder y uso excesivo de la fuerza en México

¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién gobierna al gobierno? El Estado moderno y democrático parte de una premisa básica e irrenunciable: la soberanía del país recae en el pueblo, quien delega esa autoridad a una institución diseñada para velar por sus libertades y sus derechos. Sin embargo, las instituciones no son infalibles, tienden a dibujar estructuras jerárquicas de poder, y en poco tiempo el gobierno olvida que el poder que posee en última instancia no le pertenece.

El artículo 39 de nuestra Constitución se puede leer: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Alumnos del primer año de la Escuela Normal de Ayotzinapa protestan tras la desaparición de los 43 estudiantes. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

La soberanía recae en el pueblo, la máxima autoridad de un país son sus ciudadanos. Si no es así, entonces no estamos hablando de una democracia. La autoridad de los gobernantes es siempre transitoria. No hay un jefe máximo en un país democrático, ni nadie con el suficiente poder como para, por sí mismo, cambiar la Constitución del Estado. El presidente no es ni puede ser un jefe supremo, tampoco los presidentes municipales y mucho menos los cuerpos armados.

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Violencia de Estado

¿El gobierno puede ser violento? Sí. No sólo eso, en el Estado moderno, solamente el gobierno puede ser violento, todo lo demás está penado por la ley. El artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos comienza: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Esta restricción existe para mediar entre relaciones particulares. Permitimos que el gobierno tenga el monopolio de la violencia para vigilar y hacer cumplir el principio de que ningún ciudadano o grupo pueda agredir a su vecino. En otras palabras, que el gobierno tenga el monopolio de la violencia constituye –o debería constituir– un principio básico de convivencia y paz.

Pero eso no quiere decir que cualquier institución de Estado pueda ser violenta en cualquier situación y a cada momento. Existen leyes y regulaciones que están ahí para evitar que los individuos investidos con casacas de gobierno abusen del poder transitorio que poseen. Está claro, sin embargo, que algo falla en México, pues en diversos puntos del país y en diferentes esferas, quien viste de autoridad parece exento de cualquier castigo por su mal comportamiento, carece de cualquier tipo de freno e, irónicamente, carece de gobierno.

[video-caption] Cuando dos agentes de la policía federal fueron linchados por presuntamente participar en secuestros, las consecuencias para la localidad fueron intensas y llenas de irregularidades. ¿Justicia o venganza? [/video-caption]

Aquel que goza de autoridad y excede sus prerrogativas devora otras formas de autoridad a su alrededor. El presidente municipal excede sus funciones cuando decide sobre el presupuesto asignado como si fuera su cartera personal. El militar rompe sus atribuciones cuando dispara antes de preguntar. Naturalmente, decir que todos los policías y militares abusan de su poder es igual de absurdo que decir que todos los ciudadanos mexicanos son sumisos. No obstante, muchos o pocos, el hecho de que los abusos continúen demuestra que el problema no es un policía malo o un militar que se equivocó, sino una institución incapaz de detener estos extravíos y de asignar castigos. En algunos casos, incluso, los titulares en los gobiernos municipales y estatales alientan a sus cuerpos armados a cruzar la línea de la ley.

Protesta por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. (AP Photo/Marco Ugarte, File)

Todos recordamos al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda, acusados de ordenar el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que se manifestaron en su municipio. Ese ataque derivó en la desaparición de 43 jóvenes estudiantes. Abarca se encuentra procesado y en prisión por estos hechos, en parte porque el horror desatado en esa noche trágica de Igual resonó en todos los rincones del mundo. Pero esa no era la primera vez que Abarca era acusado de abusar de su poder.

Familiares de desaparecidos de Ayotzinapa protestan en la Ciudad de México. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

En junio de 2013, Punto de Partida documentó el asesinato del líder campesino Arturo Hernández Cardona. Sus familiares señalan a Abarca como probable responsable, pues se sabe que la relación de Hernández con el edil estaba llena de episodios ríspidos y desencuentros. Desde 2013 y antes de que procesaran a Abarca, se habían registrado al menos 47 denuncias contra su policía municipal. En la región se sabía que los policías de Iguala tendían a abusar de su poder y a usar la fuerza de manera excesiva. Si ya se tenían todos estos antecedentes contra el presidente municipal, ¿por qué no se le detuvo antes?, ¿por qué tuvimos que esperar a que sucediera una tragedia para separar a este edil de su cargo? ¿Hasta dónde se tolera el abuso de poder?

[video-caption] ¿Qué tan grave tiene que ser el delito de un presidente municipal para que la justicia actúe y la ley se aplique? [/video-caption]

Desafortunadamente, los casos de abuso policíaco se multiplican a lo largo de todo el país. Ya pasaron diez años desde los hechos de Atenco, en donde policías federales y municipales atacaron a manifestantes y pobladores. El saldo fue de 2 muertos y 207 detenidos. Además de 26 acusaciones de abuso sexual por parte de elementos de seguridad pública. Las autoridades inmediatamente responsables admitieron “algunas irregularidades”, pero negaron los abusos sexuales. El entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se posicionó al decir:

Debemos evitar ser rehén de estrategias que a veces tienen estos grupos de pasar de ser victimarios a víctimas de estos hechos.

Además, pidió que las mujeres entregaran declaraciones para iniciar las averiguaciones, a pesar de que, de acuerdo al Código Penal vigente del Estado de México, el gobierno tiene la obligación de perseguir de oficio las investigaciones por violación. Del otro lado, el testimonio de las víctimas es desgarrador y muestra una cara cruda y terrible de los elementos de seguridad.

[video-caption] Las denuncias contra abuso sexual en el caso Atenco se tomaron a la ligera y fueron inmediatamente descalificadas por las autoridades. Tanto el gobernador como el titular de SP del Edomex piden que se entregue una investigación que ellos tienen la responsabilidad de hacer. [/video-caption]

Adicionalmente, Wilfrido Romero, entonces encargado de la Agencia de Seguridad Pública del Estado de México, declaró:

La policía existe porque hay quien se sale del huacal y hay que volver a meterlo a veces reprimiéndolo.

Un policía anti motín del Estado de México pasa junto a una barricada en el enfrentamiento de Atenco en el año 2006. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

¿Cómo poner freno al abuso de poder cuando los funcionarios mismos no saben hasta donde llegan sus atribuciones, cuando ellos mismos pierden la brújula de dónde detenerse?

Soldados vigilando caminos. (AP Photo/Marco Ugarte)

Elementos del Ejército han sido señalados numerosas veces como abusivos y autoritarios. De acuerdo con el informe “Índice de letalidad 2008–2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad” publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), de las 4000 denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2006 y 2014, solo 15 terminaron en una condena. No todos los que han muerto bajo sus disparos han sido criminales. En 2007, cerca del municipio de La Joya en Sinaloa, el Ejército disparó contra una camioneta después de que no se detuviera en un retén. Los ocupantes no eran una amenaza, sino una familia que se dirigía a un funeral. En el incidente fueron asesinados incluso niños y adolescentes.

[video-caption] En la ley mexicana está garantizado el libre tránsito, pero miembros del Ejército se tomaron la atribución de disparar contra una camioneta que no se detuvo en un retén. Adentro venía una familia que incluía adolescentes y niños. [/video-caption]

También célebre fue el caso de Badiraguato en 2008. En este pueblo de Sinaloa han surgido algunos de las narcotraficantes más prominentes de nuestro país, como Rafael Caro Quintero o el mismo Joaquín “El Chapo” Guzmán. De ahí el interés del Ejército por la zona. No obstante, nada justifica que en 2008 algunos de sus miembros dispararan contra una camioneta que se dirigía a una fiesta de quince años. Sus ocupantes no eran narcotraficantes, eran civiles que pasaban por ahí. Dos de ellos murieron, los sobrevivientes relataron con lujo de detalle como uno de los militares se acercó a la camioneta después del ataque y dijo:

La cagamos, no estaban armados.

[video-caption] “Aunque fuéramos narcos, no tienen por qué disparar”, dijo uno de los civiles que sobrevivió a un ataque del Ejército en donde dos amigos suyos fallecieron. Los hechos sucedieron en Badiraguaro, Sinaloa, los afectados iban a una fiesta de quince años, y no estaban armados como al principio pensaron los miembros del Ejército que abrieron fuego contra ellos. [/video-caption]

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País de reyes

El poder es embriagante: cuando se obtiene un poco, es difícil renunciar a obtener más. Punto de Partida también ha seguido los casos de alcaldes que exceden sus funciones. En ocasiones, los excesos no se explican por simple malicia, sino que suelen ser por pura y llana ignorancia, lo que puede resultar mucho más peligroso. Es decir, los ediles se conducen de cierta forma simplemente porque no saben que está más allá de sus funciones gastar dinero del erario en beneficios personales u ordenar la ejecución de personas supuestamente identificados como “criminales”. Las entrevistas que ofrecen hacen transparente su ignorancia.

Hilario Ramírez, “Layín”, (el alcalde que confesó haber robado “poquito”, el mismo que en actos públicos hostigó sexualmente a dos mujeres distintas) pecó de ingenuidad cuando confesó que su fiesta de cumpleaños había costado 15 millones de pesos. En una entrevista diferente, en cambio, aseguró que su municipio no tenía dinero para garantizar el abasto de agua o el servicio de recolección de basura a la población de San Blas, Nayarit. Su fiesta, según él, fue financiada por 40 amigos, pero existen pruebas de manejos irregulares en su administración, como faltantes sin justificar en presupuestos asignados para la pavimentación.

[video-caption] ¿Qué ocurre en este pueblo de Nayarit, donde el alcalde despilfarra en fiestas, pero no hay servicios públicos básicos? A pesar de todo, Hilario Ramírez ha ocupado el mismo cargo dos veces en San Blas. [/video-caption]

Por su parte, Mauricio Fernández Garza, presidente municipal de San Pedro Garza García ha mostrado abiertamente su satisfacción con la muerte de presuntos criminales. En entrevista con Denise Maerker, aseguró que contaría con un comando de inteligencia y otro “comando rudo” para llevar a cabo una “limpieza”. No fue explícito sobre lo que entendía por “limpieza”, pero fue muy claro al decir que los secuestradores debían morir, incluso aunque no hubiera un juicio de por medio. Por si fuera poco, aseguró que algunos grupos criminales se le habían acercado durante su campaña, pero se negó a decir a quiénes se refería específicamente.

[video-caption] El presidente municipal de San Pedro, Nuevo León, asegura que la respuesta a la violencia es más violencia. Al menos así lo plantea con lo que llama “comandos rudos” para su municipio. [/video-caption]

En ambos casos se tiene que subrayar que los presidentes municipales no tienen consciencia clara de sus atribuciones o de lo que significa detentar un puesto de gobierno. ¿No conocen la ley o se sienten por encima de ella? Por su puesto, gastar el dinero del municipio con fines personales o crear un comando especial para limpiar el crimen y pretender que se lleven a cabo ejecuciones extrajudiciales está fuera de los atributos de cualquier funcionario público. Pero, ¿lo saben estos ediles?

Autoridades municipales en Iguala, Guerrero, custodian en día de elecciones. (AP Photo/Eduardo Verdugo, File)

Acaso lo más grave en todos los ejemplos mencionados es que las autoridades responsables del Ejército, la policía federal y las policías estatales están libres y sin pena alguna. Muchos de ellos permanecen en sus cargos o han obtenido incluso cargos más altos sin enfrentar consecuencias. El abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza no deben estar al alcance de cualquiera que ocupe un cargo público. Más aún, las consecuencias de sus abusos deben ser aplicadas por terceros. Existe un sistema de justicia diseñado para prevenir estos abusos, pero ha resultado ineficaz en cada uno de los casos mencionados. Es claro que el castigo a los culpables es indispensable, pero resulta igualmente necesario reafirmar constante y claramente que las autoridades públicas detentan un poder prestado, regulado por la ley, lo que implica límites para el ejercicio de su poder. Si la comprensión de estos límites no llega a constituir un elemento central de nuestra cultura, será siempre difícil hablar de democracia efectiva en México.