Logros y pendientes
La noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Seis personas más murieron esa noche. Se calcula que el total de víctimas indirectas fue de 700 personas, aproximadamente. Se trató de una noche de horror en la que fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) participaron, ya sea por acto o por omisión, en uno de los ataques más severos contra la población civil en la historia reciente de México. A partir de ese momento “desaparición forzada” y “ejecución extrajudicial” se integraron al vocabulario cotidiano de sus habitantes.
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Parientes de los desaparecidos protestaron buscando su paradero (Foto: Televisa)La violencia que se perpetró en una noche inició una resistencia que hoy cumple tres años. “Derechos humanos” y “justicia” fueron otras palabras que se hicieron populares a partir de los hechos. Las mamás y los papás de los normalistas desaparecidos han ido a la cabeza de un movimiento por la aparición de sus hijos. Gracias a su determinación para salir a las calles a exigir su regreso con vida, la población civil pudo sumarse a un esfuerzo colectivo por restituir los daños.
Bienvenidos a la esperanza
En uno de los muros de la normal de Ayotzinapa, está escrito con letras rojas lo siguiente:
“Bienvenidos a lo que no tiene inicio, bienvenidos a lo que no tiene fin, bienvenidos a la lucha eterna. Unos la llaman necedad, nosotros la llamamos ESPERANZA.”
Muchas paredes de la escuela están decoradas con las caras de personajes revolucionarios, como Emiliano Zapata, el Subcomandante Marcos, Lucio Cabañas o el Ché Guevara. Otras, tienen frases referentes a la lucha de clases o los derechos campesinos sobre la tierra. Todos aquellos que entran a estudiar a Ayotzinapa saben que están sumándose a un proyecto, nacido en el Cardenismo, para superar las desigualdades abismales que separan a los ricos de los pobres.
Muros y cartéles sirven como gritos mudos que demandan saber la verdad (Foto: Wiki.Commons)
Las normales rurales fueron creadas para educar a los hijos de gente dedicada al campo, que vive en condiciones precarias. Muchas de estas escuelas imparten las clases en español y en alguna lengua originaria, en atención a las comunidades que las rodean. La mayoría del estudiantado normalista no tenía otras opciones para recibir una formación profesional y conseguir trabajo. Por su historia y por su composición social, estas escuelas promueven una formación política en sus estudiantes. En ese sentido, responden a una de las demandas de la Revolución mexicana: abolir la desigualdad social por medio de la educación. A final de cuentas, se trata de futuros profesores que tendrán que enseñar en contextos violentos y de escasos recursos.
En consideración de este panorama, no resulta extraño que la relación entre las normales rurales y las fuerzas armadas del país siempre haya sido tensa. Secuestros de camiones, bloqueos de caminos, manifestaciones públicas y mítines son algunas de las mecánicas empleadas por el estudiantado para solventar necesidades materiales (la mayoría de normales rurales sobrevive con muebles rotos, poca iluminación, material escaso); para conseguir que se escuchen sus demandas o, simplemente, para denunciar alguna agresión padecida.
Marcha de protesta de por al desaparición de los 43 normalistas (Foto: Noticieros Televisa)
Esta situación, ya de por sí problemática, sufrió nuevas complicaciones a partir de la militarización del país, que comenzó en la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” que declaró el expsresidente Felipe Calderón en 2006. Diversos grupos de crimen organizado entraron en franca confrontación y la violencia armada se volvió espectacular: cuerpos mutilados o acribillados expuestos en vías públicas, secuestros y desapariciones masivas se volvieron parte de nuestra realidad diaria. Según cifras oficiales, desde aquel tiempo hasta la fecha, el número de muertos a causa de esta guerra es de 174 mil 652 personas.
La noche de Iguala
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de normalistas salió a las zonas aledañas a la normal para recaudar fondos y asistir a la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco en 1968. Como en ocasiones pasadas, tomaron algunos camiones de pasajeros y los usaron para trasladarse y pedir dinero en las calles. Cuando regresaron a la terminal de autobuses, un chofer encerró a algunos al interior de uno de los vehículos. La situación se volvió tensa, los estudiantes llamaron por refuerzos. De algún modo, lograron salir del encierro a bordo de varios camiones y tomaron dos rutas para regresar a la Normal. Allí empezaron los ataques. En diversos puntos de las inmediaciones de Iguala, distintos grupos de policías detuvieron los camiones. En uno de los retenes les dispararon a quemarropa a dos estudiantes. En otro lugar, dispararon contra un equipo local de futbolistas adolescentes: murieron un niño, una mujer que viajaba a bordo de un taxi y alguien más que pasaba por ahí. A la mañana siguiente apareció el cuerpo sin vida, desollado de la cara, de otro normalista.(Fuente: primer informe GIEI).
Pupitres vacíos sirven como un macabro recordatorio de los alumnos que no están (Foto: Wiki.Commons)
La primera versión oficial apuntó que los autores de los crímenes habían sido miembros de un grupo de crimen organizado y que los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Unos meses después se supo que esto era falso por medio de pruebas periciales. La rápida organización de las familias de las víctimas hizo que en marzo comenzara a trabajar en el país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aclarar el panorama y ayudar a identificar responsabilidades por lo ocurrido.
Manifestantes disfrazado como parca muestra la lista de desaparecidos (Foto: WikiCommons)
Los resultados de ese trabajo fueron dos detallados informes de la situación. A pesar de que el trabajo del GIEI fue suspendido por la Procuraduría General de la República (PGR), la hipótesis de lo que pudo haber pasado esa noche es que los estudiantes tomaron por equivocación un camión cargado de droga, sin saber lo que hacían. Lo más alarmante del caso es que los cuerpos policiales y el ejército colaboraron en coordinación para impedir la salida de ese autobús. El GIEI también identificó numerosas fallas en el trabajo pericial realizado por la PGR y por las procuradurías locales, tanto en las autopsias como en los lugares de los hechos. Asimismo, el Grupo denunció huellas de tortura en los detenidos por su presunta participación en los crímenes. En suma, el resultado de la estancia de la CIDH por México fue la denuncia del difícil acceso a la verdad, que a su vez, impide el cumplimento de la justicia.
A la fecha, 43 personas siguen desaparecidas.
Mujer camina junto a los carteles de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (Foto: Wiki.commons)
Vivos se los llevaron, vivos los queremos
Después de los primeros meses de la desaparición, se volvió imposible contabilizar cuántas muestras de apoyo externó la población nacional e internacional para las familias de los estudiantes. Miles de personas en diversos estados de la república expresaron en público su indignación frente a los hechos de Iguala. Con la serie de acciones solidarias que se formó tras el 26 de septiembre de 2014 en México, se hizo visible una red de comunidad que esperaba a ser activada.
Imagen anónima, creada para conmemorar al movimiento #VivosLos43 (Imagen: Anónima)
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD, 2011) y el movimiento estudiantil #YoSoy132 (2012) fueron la base de la organización que permitió el acompañamiento a los padres de los 43 en su búsqueda por saber el paradero de sus hijos. Por un lado, el MPJD hizo visible el dolor que atraviesa las vidas de los familiares y seres queridos de las víctimas directas de la violencia. Javier Sicilia, su portavoz y principal impulsor, perdió a uno de sus hijos a manos del crimen organizado. Por otro, #YoSoy132 retomó la costumbre de tomar decisiones por medio de asambleas estudiantiles, gremiales o barriales, así como el trabajo por comisiones, y facilitó una respuesta ordenada a los crímenes de Estado que salieron a la luz en los hechos de Iguala.
A tres años de la desaparición forzada de 43 personas y la ejecución extrajudicial de otras seis, sería impreciso decir que no se ha logrado nada: la resistencia de las familias, la organización civil y el informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México no son despreciables en ningún sentido. Ahora queda perseverar en la búsqueda con vida de los 43 y el cumplimiento de la justicia para que nada así vuelva a pasar.
Texto: Nayeli García @nayegasa
Ilustración principal: José Aguilar @esepe1
