Por qué la sociedad mexicana se tiene tanto miedo entre sí

El miedo es bueno.

El miedo es un mecanismo de defensa que nos pone en alerta cuando sentimos que algo o alguien nos puede provocar un daño, ya sea físico, emocional o material.

Si no fuera por el miedo, todos estaríamos manejando a más de 140 kilómetros por hora en las calles. O nos adentraríamos solos en una zona baldía a medianoche. En otras palabras, el miedo evita que cometamos actos de imprudencia.

Pero hay ocasiones en que el miedo se desfigura por la carencia de información y se transforma en paranoia. Cuando se trata de una comunidad, esta paranoia deriva en una psicosis colectiva que reduce nuestro margen crítico, al punto en que solo podemos percibir la realidad a partir de términos absolutos y generales.

¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos?

Al momento en que esta psicosis se manifiesta en las redes sociales, los comentarios adoptan la forma de una indignación ciega, una indignación que no se ajusta a la lógica del problema y que se propaga por Facebook, Twitter e Instagram como incendio forestal.

Las notas y reportajes sobre la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México -que distingue los delitos entre “graves” y “no graves”– pone de manifiesto el pánico sin sentido de la opinión popular.

Dentro del contexto de la lógica perversa que hemos manejado, el argumento es casi comprensible: con toda la inseguridad que azota a la Ciudad de México y a la Zona Metropolitana en estos tiempos, con todos los asaltos en el transporte público, con todas las denuncias de abuso sexual… con todo esto encima ¿todavía piensan dejar en libertad a 4 mil delincuentes? ¿Están mal de la cabeza?

Demos un paso atrás. Existen algunas imprecisiones con este reclamo:

En primer lugar, no es libertad, es libertad provisional, lo que quiere decir que van a seguir sujetos a un proceso, solo que fuera del confinamiento de la prisión preventiva.

Segundo. No es un hecho de que sean 4 mil personas. Esto fue una estimación mal valorada que arrojó Miguel Ángel Mancera cuando anunció que la CDMX debía “prepararse”, como si fueran a abrir las puertas de los reclusorios, desatando sobre la ciudad a miles de reos armados hasta los dientes como si fueran personajes de The Purge.

Y tercero. No son delincuentes ya que ni siquiera han recibido una sentencia, ni condenatoria ni absolutoria (aunque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ya avaló que los reos procesados por delitos “no graves” pueden solicitar la revisión de sus casos para ver si aplica la libertad provisional).

Ahora bien, se vale cuestionar que delitos como “privación de la libertad con fines sexuales” o “violencia familiar” no caigan dentro del parámetro de “graves” de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, pero en el fondo de esta polémica hay un terror que inquieta.

CUANDO EL CRIMEN DEJA DE SER UN ACTO Y SE VUELVE UNA PERSONA

Por más que descalifiquemos ciertos actos como la fabricación de culpables por parte de las autoridades, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que la gente todavía se niega a reconocer. Una vez que un ciudadano cualquiera es arrestado y presentado ante el ministerio público, a la sociedad no le hace falta ver la evidencia, ni escuchar a los testigos, ni medir el peso de las pruebas. Las esposas en sus muñecas ya son un señalamiento de culpa, del que es casi imposible librarse, por lo que este “presunto culpable” será marcado como criminal de por vida.

Son numerosos los casos de indignación en meses recientes en los que “un criminal” es puesto en libertad por la decisión de un juez. Alentados por los medios y las redes sociales, a la opinión pública le cuesta menos trabajo creer que el fallo se debe a un soborno que por falta de pruebas o una carpeta de investigación mal integrada. En otras palabras, un juicio no debería ser más que un mero trámite, un obstáculo, para que un criminal finalmente pague su deuda con la justicia por el resto de sus días, si es posible.

Ahora bien, en México nadie cree que las cárceles realmente cumplen alguna función de “readaptación social”. Lo suyo no es corregir conductas sino castigar a los transgresores del orden social.

Esta va de vuelta a lo que postuló Michel Foucault en Vigilar y castigar. En la sociedad moderna, el pueblo no solo tolera, sino exige que el delincuente debe sufrir.

Sistema Justicia Penal, delitos graves, prisión preventiva, miedo
Cámara de tortura usada por la Santa Inquisición en el siglo XVI (Three Lions/Getty Images)

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Cuando leemos en las noticias que una riña en un penal dejó una veintena de muertos o sobre el número de reos que son víctimas de abuso sexual, la reacción común es decir que “se lo buscaron”.

En el caso de México, con una cultura arraigada en la noción católica de la culpa, el delincuente debe pagar su injuria contra la ley y el orden ya sea con sangre o una vida en cautiverio. Nuestro concepto de penitencia es una herencia de la Santa Inquisición, cuando los herejes eran sometidos a toda clase de torturas con tal de expurgar al demonio criminal que ha contaminado el alma.

Esta mentalidad no ha cambiado mucho. Un reo apenas puede ser percibido como un ser humano y por tal motivo, debe acostumbrarse a vivir en condiciones infrahumanas. ¿Qué debería ser la prisión preventiva sino una antesala del purgatorio?

Sin embargo, dicha mentalidad no radica en la repugnancia sino en el terror. Ya que no tenemos ninguna confianza en el sistema penal en lo que respecta a su habilidad para corregir el comportamiento de un delincuente, no vemos ninguna posibilidad de que esta persona pueda reingresar a la sociedad como un ciudadano modelo. ¿Qué sucede entonces? En los reos no vemos más que casos perdidos, y en lugar de ofrecerles nuevas herramientas para reanudar sus vidas, preferimos que estos hombres y mujeres “consumidos por el Mal” se pudran en sus celdas para siempre.

Sobre las cárceles de México se dice que solo vemos “universidades del crimen”, “nidos de ratas” y “basureros humanos”. ¿Cómo cambiar esta percepción tan tóxica?

…no es técnicamente posible readaptar a ningún delincuente en lugares donde imperan la drogadicción, la violencia cotidiana, la sobrepoblación y las condiciones degradantes de vida, la extorsión institucionalizada, las golpizas sistemáticas, los precios elevadísimos de las mercancías, la ociosidad generalizada y la ausencia de programas de empleo remunerado.” -Comité de Exreos para la Defensa de los Derechos Humanos “José Revueltas” en 1995 (no mucho ha cambiado desde entonces).

Las fallas del antiguo sistema penitenciario se deben a varios factores, entre los que figura primordialmente la sobrepoblación. De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, la población de reclusos en los centros penitenciarios a nivel nacional al cierre del 2014 era de 223,565 personas (252,026 del fuero común y 35,676 del fuero federal). A nivel estatal, la Ciudad de México superaba por mucho a las demás entidades federativas, con 39,257 personas detrás de las rejas. Más o menos la mitad del Estadio Azteca.

Se espera que la implementación del nuevo sistema pueda aliviar la presión ejercida sobre los reclusorios de la capital del país. Al reducir la población, el Estado puede reasignar aquellos recursos que antes eran invertidos en reos que no representan una amenaza grave hacia la sociedad, y así enfocarse en los presos clasificados como “peligrosos”.

Claro, la sociedad está en su derecho de reclamar y exigir medidas más eficientes. Nadie quiere ser víctima de fraude ni descubrir al regresar a su casa que sus pertenencias han sido robadas (por mencionar dos de los delitos “no graves”). Da coraje que las personas que sigan cometiendo estos actos puedan caminar por las calles como cualquier ciudadano. Pero no es responsabilidad del ciudadano de pie investigar, detener y castigar a los responsables. Esas funciones le corresponden al Estado, mismo que debe contar con herramientas especiales para encontrar a los sospechosos, procesarlos de acuerdo a un sistema de leyes, salvaguardar la integridad de las víctimas, e instaurar mecanismos para evitar que estos actos vuelvan a ocurrir.

Aquí la pregunta importante es: ¿qué medidas concretas ha tomado el Estado mexicano con respecto a este último punto, el de la prevención del delito? Probablemente la respuesta es la que nos provoca tanto temor.

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