Así de terribles fueron los crímenes en Argentina

Cuando el Estado es asesino

La madre solía ser ejecutada pocos días después del alumbramiento y el bebé se enviaba a un orfanato, se daba en adopción o, eventualmente, se entregaba a la familia. Quedaba así limpia la conciencia de los desaparecedores: mataban a quien debían matar; preservaban la otra vida, le evitaban un hogar subversivo y se desentendían de su responsabilidad.

Las líneas anteriores fueron extraídas de un texto de Pilar Calveiro. El trabajo reúne reflexiones sobre los centros de detención que operaron durante la última dictadura militar argentina, de 1976 a 1983. El Proceso de Reorganización Nacional, como se le conoce también, fue producto de un golpe de Estado que sucedió hace 41 años. Ello fue el inicio de uno de los periodos más cruentos y dolorosos de la historia política argentina y latinoamericana.

Hoy también se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha en que se recuerdan las muertes y desapariciones ocasionadas por la dictadura. Es preciso dar lugar a la rememoración: el totalitarismo es un fenómeno que siempre puede reactivarse, sea en el lugar que sea. Recordar, elaborar, es una forma de evitar la reaparición de la tortura, la vigilancia, la censura armada y paranoica.

Un golpe, todos los golpes

Golpe de Estado Argentina
(AP Photo/Eduardo Di Baia)

(AP Photo/Eduardo Di Baia)

El Proceso, la dictadura de la que hablamos, no fue el primer gobierno militar de Argentina. Desde 1930, y hasta 1973, el país vivió cinco periodos en que el Ejército tomó las riendas del Estado. María Soledad Catoggio recupera, entre otros, el concepto de pretorianismo para explicar la legitimación de la última dictadura argentina: el país vivió una alternancia naturalizada entre los partidos civiles y los militares dentro del mismo juego político. Se normalizó, pues, el recurso a la violencia como forma de sofocación del conflicto.

Los militares golpistas se hicieron del poder en una situación de violencia que incluía al propio Ejército y a grupos guerrilleros como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Estas células fueron la justificación primordial de los militares para realizar el golpe. El concepto de “subversión” se convirtió en el enemigo a vencer. El golpe de Estado ocurrió el 24 de marzo de 1976. El evento ocasionó que una Junta de Comandantes de las fuerzas armadas se erigiera como el órgano supremo del Estado. La primera Junta fue conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. El primero fue nombrado presidente. La Junta disolvió el Congreso Nacional, derrocó gobernadores, legislaturas, y destituyó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia para colocar a las personas de su conveniencia. El objetivo del nuevo gobierno, según dijo, era reorganizar radicalmente al país, modificar profundamente el sistema político y la cultura, la economía, el trabajo, y limpiar a Argentina de cualquier germen plausible de subversión.

La desaparición de personas adquirió proporciones nacionales y una sofisticación burocrática que empleaba los recursos y las instalaciones estatales. La modalidad represiva de la dictadura no fue la cárcel, sino los centros clandestinos de detención (CCD). Estos funcionaban como campos concentracionarios ilegales para los prisioneros acusados de subversión. Hubo alrededor de 340 centros en 11 de las 23 provincias argentinas. Para su funcionamiento, se usaron locales civiles, dependencias policiales y asentamientos militares. Los encargados de secuestrar a los sospechosos de subversión eran los Grupos de Tareas. La abducción se llevaba a cabo en el domicilio personal, en la calle, en el trabajo o en la escuela. Después, se ingresaba al preso en el centro para torturarlo física y psicológicamente. La víctima podía ser liberada, o bien, asesinada y desaparecida. El operativo de secuestro incluía el despojo de los bienes de la víctima y, además, el robo de su bebé, detenido con la madre o nacido dentro del cautiverio.

En el centro hablando, Jorge Rafael Videla.
En el centro hablando, Jorge Rafael Videla. (AP Photo)

En el centro hablando, Jorge Rafael Videla. (AP Photo)

En 1982, el gobierno militar pasaba una crisis de legitimidad ante los ojos del mundo y de los argentinos. Así, decidió intentar la recuperación de las Islas Malvinas, que estaban (y están) en disputa longeva con el Reino Unido. Argentina intentó tomar posesión del territorio, pero el Ejército de Margaret Thatcher ganó el conflicto. La derrota ocasionó la caída de la tercera junta militar y, meses después, la cuarta llamó a elecciones en 1983. Raúl Alfonsín, candidato civil de la Unión Cívica Radical, ganó la votación. Ello dio inicio a un nuevo periodo democrático en que se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para indagar en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Entre 1986 y 1987, Alfonsín dictó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, terminando los juicios por crímenes de lesa humanidad. Este código de impunidad se reforzó entre 1989 y 1990, cuando el presidente Carlos Menem dictó indultos que beneficiaron a los ejecutores del Proceso. No obstante, hacia 2003, el presidente Néstor Kirchner y el Congreso argentino dieron fin a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que permitió reabrir los juicios. Gente como Videla o Massera fue condenada a cadena perpetua.

El Proceso se distingue por características peculiares. La política económica, por ejemplo, quedó en manos de Alfredo Martínez de Hoz, empresario cómplice de la maquinación del golpe. Martínez de Hoz siguió los lineamientos de la Escuela de Chicago y, por ello, implementó una política de corte neoliberal. Más allá de eso, el discurso de los militares llama la atención por diversos motivos. El primer día, la Junta Militar estableció, como enemigo a combatir, a ‘la subversión’: “persiguiendo el bien común, alcanzará, con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional”. La Junta emitió 31 comunicados el día del golpe. En el número 19, dijo:

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo.

Ese mismo día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra:

Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte.

Y además:

Art. 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.

No obstante, subversivos podían ser todos. No había una línea política o ideológica clara que definiera la ‘subversión’. Así, las organizaciones guerrilleras ya no fueron las únicas perseguidas, sino también los obreros, los universitarios, los intelectuales, los comerciantes, los activistas, los homosexuales, los ateos, los testigos de Jehová… La lista es larga. La Junta Militar pretendía sostener “la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino”. El Proceso fue, en una medida considerable, la puesta en marcha de una paranoia militar: todos eran sospechosos de estar contra el régimen. El comunicado 19 da cuenta de cierta monopolización del discurso público: el objeto era anular la circulación de discursos distintos a los imperativos militares, es decir, evitar toda crítica posible. Ricardo Piglia escribió que:

Es lo que sucedió con el golpe de 1976. Antes que nada se construyó una versión de la realidad, los militares aparecían en ese mito como el reaseguro médico de la sociedad. Empezó a circular la teoría del cuerpo extraño que había penetrado en el tejido social y que debía ser extirpado.

Esta frenética circulación del discurso dictatorial, hecho para ser asimilado sin críticas ni oposición entre los argentinos, tuvo efectos de violencia sobre la palabra misma.

La incorporación de ese discurso implicó, en muchas ocasiones, silencio ante la vejación, justificarla mediante nociones que apuntaban hacia la culpabilización de la víctima: si desapareció, fue porque algo habrá hecho. Esto constituye el punto culmen de la dominación subjetiva del totalitarismo: cuando el dominado defiende en automático el proceder del régimen, él mismo se ha convertido en parte de su engranaje, su funcionamiento.

Es allí donde comienza una propagación efectiva del terrorismo de Estado, de la censura, la desaparición y el asesinato.

Desaparecer

Georges Didi-Huberman nos recuerda que todo archivo, toda memoria está amenazada de desaparición, de pasar por las llamas. Tantos libros y bibliotecas han sido quemadas.

Y es cierto: la dictadura militar argentina llevó a cabo un proceso enorme de quema de libros potencialmente ‘subversivos’. El comunicado oficial decía:

Se incinera esta documentación perniciosa que afecta el intelecto y nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual.

El objeto de la censura era destruir lo que concebían como la fuente intelectual de la subversión. ¿Qué ocurrió con las personas sospechosas de ser subversivas?

(AP Photo/ Natacha Pisarenko)

(AP Photo/ Natacha Pisarenko)

Muchísima gente fue detenida, torturada, desaparecida y asesinada. El número de desaparecidos no ha sido determinado. Muchos de los archivos sobre los prisioneros han sido destruidos. No obstante, CONADEP documentó 8 mil 961 casos. Los militares actuaron contra obreros, estudiantes, trabajadores, profesores, amas de casa, artistas, periodistas. El objetivo era secuestrado por los Grupos de Tareas y encerrado en un centro clandestino de detención, un sitio en condiciones miserables, insalubres, diseñado para la tortura.

Pilar Calveiro, politóloga y sobreviviente de un centro, escribe que “el campo es un lugar de contrarios que coexisten, de ambivalencia y conflicto superpuesto, no resuelto, en donde la confrontación se resuelve por la separación, clasificación y eliminación de lo disfuncional”. Es que en los centros habitaba una serie de contradicciones enormes que, finalmente, servían para la tortura psicológica de los prisioneros. En uno de los testimonios recopilados por Calveiro, de Graciela Geuna, se menciona que los médicos del centro “se interesaban por mi salud, por mis heridas, por mi debilidad (había adelgazado diez kilos en veinte días). Me trajeron vendas y vitaminas. Me cuidaban y al mismo tiempo me decían que me iban a matar”. La aparente incongruencia entre el cuidado y la amenaza servía para que los presos creyeran que no serían asesinados. Pero serían asesinados. Esa atmósfera de incongruencia, sin contradicción aparente según los verdugos, provocaba una apabullante sensación de locura.

Algunos sacerdotes también cumplieron funciones en los centros: se dedicaron a atormentar a los prisioneros y tranquilizar a los verdugos. Julio Alberto Emmed, desaparecedor, asesinó a tres hombres con inyecciones de veneno administradas directamente en el corazón. Según sus palabras, el cura Christian Von Wernich le habló “de forma especial por la impresión que me había causado lo ocurrido; me dice que lo que habíamos hecho era necesario, que era un acto patriótico y que Dios sabía que era para el bien del país”.

¿Cómo pensar el acto de un sacerdote que convalida el asesinato y lo encumbra como un acto patriótico? El objeto de la desaparición era eliminar a los agentes de la subversión, es decir, a todos aquellos fuera del ideal militar argentino. Si se busca eliminar la fuente de la subversión (el arte, la cátedra, el libro), parece lógico que se desee erradicar también su continuidad posible.

Los niños

Clara Petrakos, muestra fotos de sus padres desaparecidos durante la Dictadura después de que su madre diera a luz en un centro de detención clandestino.
Clara Petrakos, muestra fotos de sus padres desaparecidos durante la Dictadura después de que su madre diera a luz en un centro de detención clandestino. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Clara Petrakos, muestra fotos de sus padres desaparecidos durante la Dictadura después de que su madre diera a luz en un centro de detención clandestino. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

La purga de materiales potencialmente subversivos, como la desaparición de aquellos sospechosos de desmarcarse del régimen, cumplía la función de proteger los valores militares/cristianos de la dictadura. Querían, entre otras cosas, formar a las nuevas generaciones de argentinos bajo ese esquema.

El robo y apropiación de niños, llevado a cabo por los militares como un plan sistemático, es uno de los puntos más sensibles en la historia del Proceso. Los bebés eran hurtados de sus madres cuando eran capturadas, o bien, ellos nacían al interior de los centros de detención, donde los verdugos se los apropiaban. Ellas fueron torturadas a pesar del embarazo. Los chicos fueron dados en adopción a familias de militares o de civiles cómplices de la dictadura. Los militares ocultaron a esos niños su identidad, su origen biológico, en aras de anular cualquier germen de subversión proveniente de sus padres. Muchos de ellos no saben de las condiciones en que nacieron. Había que cancelar, desde la óptica del Proceso, la reproducción de lo diferente, de lo potencialmente rebelde.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo, asociación civil dedicada a encontrar y restablecer los vínculos con los niños desaparecidos, estima que unos 500 menores fueron hurtados. Un caso paradigmático es el de los mellizos Reggiardo, apropiados por el ex sub comisario Samuel Miara y Beatriz Castillo. A la edad de 10 años, los hermanos supieron por primera vez que otras personas reclamaban su tutela. Eventualmente fueron entregados a su tío biológico, pero ellos siguieron buscando a escondidas a la familia Miara, a esos que concebían como sus padres. “A nosotros, por la fuerza, de la noche a la mañana, nos prohibieron ver a cualquier persona de nuestro pasado, como si nuestra vida anterior no hubiera existido”.

Miembro de las Madres de Plaza de Mayo.
Miembro de las Madres de Plaza de Mayo. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Miembro de las Madres de Plaza de Mayo. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Hasta mediados de 2016, las Abuelas de la Plaza de Mayo han encontrado a 120 de los niños desaparecidos. Su lucha es una tentativa de restaurar, reinaugurar esos lazos rotos por el Estado militar. Es que, finalmente, un régimen totalitario se distingue también por el impedimento de conocer la propia historia, el propio origen, en aras de sostener dicho régimen. Para un Estado voraz, impositivo a tal grado, los jóvenes son vistos como potenciales nichos de continuidad ideológica, o bien, de subversión y desobediencia. Si se busca continuar y ejecutar el supuesto deber ser de los militares, robar un niño puede significar un costo aceptable.

¿Cómo resistir? La sola transición a la democracia no es suficiente. Para evitar la vuelta del fascismo es preciso un acto de memoria: recordar, dar voz a las víctimas, mirar los episodios negros más allá de las dimensiones numéricas o estadísticas. Es necesario, pues, caer en cuenta de que el fascismo puede volver si dejamos de cuestionar, de poner en crisis, el discurso de los Estados.

Hay que cuidarse, pues, de la ciega adscripción ideológica.

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