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Las mujeres de Atenco: la violencia sexual y el Estado

El cuerpo de las mujeres como territorio para la violencia

El 3 y 4 de mayo de 2006 hubo un enfrentamiento brutal entre población civil y fuerzas de seguridad pública en los municipios San Salvador Atenco y Texcoco, ubicados en el Estado de México. Como resultado, muchas personas de los dos bandos resultaron heridas. Sin embargo, el saldo más grave fueron las más de 200 denuncias por agresiones sexuales, maltrato y lesiones severas, perpetradas por las autoridades. ¿A qué tipo particular de violencia estuvieron expuestas las mujeres en esos hechos? ¿Por qué las agresiones sexuales pueden considerarse un arma de guerra? ¿Qué peso especial tienen estos ataques cuando son cometidos por policías o militares?

Rompiendo el silencio: las sobrevivientes hablaron

Once sobrevivientes de las violaciones sexuales lograron recientemente que su caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en donde acusaron al Estado mexicano por tortura sexual y por su impunidad. A lo largo de su búsqueda por la justicia, estas mujeres descubrieron que no eran las únicas en sufrir este tipo de agresiones. La campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, lanzada por ellas mismas en 2014, hizo visible la frecuencia de este tipo de violencia machista. Por medio de su movimiento, identificaron las agresiones que padecieron como una técnica del Estado para provocar terror y desactivar movilizaciones.

Un grupo de mujeres mazahua ponen un cartel que muestra una imagen de Magdalena García. Esto sucedió en los últimos días de mayo de 2006, durante unas protestas por las detenciones en Atenco. (AP Photo/Gregory Bull)

Un grupo de mujeres mazahua ponen un cartel que muestra una imagen de Magdalena García. Esto sucedió en los últimos días de mayo de 2006, durante unas protestas por las detenciones en Atenco. (AP Photo/Gregory Bull)

Según un reporte de Amnistía Internacional, la violencia más frecuente que sufren mujeres detenidas por miembros de seguridad del Estado puede agruparse en dos rubros:

  1. Violencia que no deja huellas visibles. La mayoría de mujeres entrevistadas para el estudio declaró haber sido golpeada en sitios como la cabeza, el estómago, el tórax, las piernas y los oídos, debido a que se trata de lugares donde es difícil identificar el maltrato.
  2. Violencia de carácter sexual. En los arrestos de mujeres es frecuente que haya acoso sexual y abuso psicológico, que se manifiesta en insultos centrados en la identidad de género y la orientación sexual de las detenidas. Las agresiones físicas (como tocamientos, descargas eléctricas en el pecho o los genitales y violaciones) son consideradas formas de tortura, de acuerdo con el Protocolo de Estambul.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la segunda violación de derechos humanos más denunciada frente a comisiones estatales en México es la tortura y los malos tratos durante los arrestos. El primer lugar lo ocupan las detenciones arbitrarias. A pesar del avance que significa el registro de esta información, aún hacen falta análisis detallados sobre el género de las víctimas, su nivel socioeconómico y otros factores que pueden influir en el trato recibido.

(AP Photo/Mario Vazquez de la Torra-Agencia MVT)

(AP Photo/Mario Vazquez de la Torra-Agencia MVT)

Tener claro cuántas de esas denuncias son hechas por mujeres ayudaría a identificar qué tipo de violencia está determinada por el género. El estudio de Amnistía Internacional mostró que en México siete de cada diez mujeres detenidas son víctimas de violencia sexual y un 33% son violadas durante el arresto.

Lo que hicieron Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramill, las once sobrevivientes de Atenco, fue muy importante precisamente porque hicieron visible un problema grave y sistemático. La Corte IDH analizó su caso y determinó en septiembre de 2016 que:

Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto.

Por lo que el caso continúa abierto y será atendido en la instancia internacional. El resultado de ese proceso podría ser una reprimenda contra el Estado mexicano, en forma de recomendaciones a cumplir, dentro de los protocolos de detención y traslado de personas; así como una tipificación más severa de la violencia sexual y los modos de atenderla.

2006: nuevas armas para la Guerra

(AP Photo/Gregory Bull, File)

(AP Photo/Gregory Bull, File)

El año en que ocurrieron los hechos de Atenco fue un parteaguas en la historia reciente de nuestro país. En diciembre de 2006, el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, dio por comenzada la Guerra contra el Narcotráfico, que a la fecha ha dejado aproximadamente 150 mil muertos y 30 mil desaparecidos. En esta cruel contienda, se pusieron en práctica modos de tortura popularizados por algunos otros conflictos armados en el mundo. La antropóloga Rita Segato explica que:

Las guerras de la antigua Yugoslavia y de Rwanda son paradigmáticas de esta transformación e inauguran un nuevo tipo de accionar bélico en el que la agresión sexual pasa a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, dentro de una forma de daño letal que es simultáneamente material y moral.

Por esta razón, los ataques masivos contra mujeres de Atenco no pueden considerarse hechos aislados o daños colaterales de otros conflictos. El fin de esas agresiones era central. En los hechos de Atenco, los cuerpos de las mujeres se convirtieron en territorio de la violencia. Sobre ellas se ejerció un poder policial desmedido por el simple hecho de ser mujeres. Las agresiones sexuales modificaron temporalmente el significado de sus cuerpos: al mismo tiempo que fueron empleados como objetos sexuales a disposición de los policías, sufrieron una expresión de desprecio en el maltrato y la tortura.

¿Y los responsables?

Este tipo de prácticas bélicas logran someter a las sobrevivientes por medio del terror que provoca el abuso y, al mismo tiempo, amenazar y violentar a la comunidad a la que pertenecen las mujeres atacadas. El caso particular de Atenco es aún más grave si consideramos quiénes fueron los autores de las agresiones.

  1. Cuando un policía hace uso de las herramientas a su disposición para violentar a la población civil, estamos frente a una subversión de las funciones que por ley debería cumplir.
  2. Las mujeres se encontraban indefensas, debido a un proceso indebido de arresto, custodia y traslado en manos de fuerzas de seguridad. Así que no sólo se violaron sus derechos humanos fundamentales, sino también sus derechos penales.
  3. El Estado no dio una respuesta atenta e inmediata a las denuncias de las víctimas, presentadas desde los momentos que siguieron a su detención arbitraria. Esto permitió la revictimización de las sobrevivientes, que han tenido que pasar por un martirio burocrático para lograr ser escuchadas.

En aquel mayo de Atenco todo comenzó porque una organización campesina, llamada Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), defendió a unos vendedores de flores en el jardín municipal de Texcoco de un operativo policial. Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República y en ese momento gobernador del Estado de México, había enviado fuerzas de seguridad para contrarrestar las protestas de los pobladores contra la construcción de un nuevo aeropuerto. Tras el primer enfrentamiento (ocurrido el 3 de mayo), llegaron refuerzos policiales al día siguiente y agredieron brutalmente a centenares de personas.

(AP Photo/Eduardo Verdugo)

(AP Photo/Eduardo Verdugo)

En una de las primeras declaraciones, Peña Nieto aseguró que las denuncias por violación y tortura eran falsas; sin embargo, la Corte IDH ha determinado tras investigaciones y exámenes psicológicos que las declaraciones de las víctimas fueron verdaderas. La única vía para que un crimen cometido por el Estado fuera juzgado con objetividad era acudir a una instancia internacional. Ahora que el cumplimiento de la justicia ha salido de las manos de nuestro gobierno, se renueva la esperanza de alcanzarlo.

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