La verdadera aportación del GIEI en el caso Ayotzinapa

La salida del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) supuso un reto para la sociedad mexicana. Durante su estancia en México, el equipo de asistencia internacional logró reparar la desgastada relación entre el gobierno federal y los padres de los normalistas desaparecidos. Su función mediadora entre estos dos sectores fue fundamental para lograr avances en la investigación del caso Ayotzinapa. Ante su ausencia, una pregunta quedó en el aire: ¿quién se encargaría de restablecer los vínculos fracturados entre las autoridades y las víctimas?

El interés común sobre el caso se ha centrado en determinar qué pasó aquella noche del 26 de septiembre de 2014, quiénes fueron los responsables y dónde están los estudiantes desaparecidos. Hasta hoy, ninguna de estas tres interrogantes ha encontrado respuesta satisfactoria.

A lo largo de todo este tiempo se han configurado dos polos en la discusión: en uno están los padres de los normalistas y, en el otro, las autoridades federales. Si al leer esto sientes sorpresa de que las víctimas y las instancias encargadas de dar respuesta a sus demandas no estén del mismo lado del discurso, quiere decir que tu confianza en la democracia y la legalidad persiste. Sin embargo, la relación entre estos miembros de la sociedad civil y los representantes del Estado se encuentra profundamente dañada, tanto en su capacidad de mantener diálogos como en términos de credibilidad del discurso.

En este escenario, el único actor que logró restablecer algunos lazos rotos entre las autoridades y los padres fue el grupo de expertos que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para colaborar en el caso. Sin embargo, el gobierno mexicano determinó su salida del país el 30 de abril del 2016.

¿Cómo llego aquí el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México?

El 18 de noviembre de 2014 se firmó un acuerdo entre el Estado mexicano y la CIDH para dar inicio a la participación de un grupo de científicos y especialistas en el caso Ayotzinapa. Gracias a ese documento se formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), compuesto por cuatro reconocidos abogados y un psicólogo extranjeros con una larga trayectoria en procesos de lucha por los derechos humanos.

(Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

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El GIEI trabajó en México desde el 2 de marzo de 2015 hasta el 30 de abril de 2016. Durante este periodo presentó dos informes de trabajo (que puedes descargar aquí y acá), en los que se explican detalladamente sus observaciones y análisis, tanto de los hechos que pudieron ocurrir en septiembre de 2014 en Iguala, como del trabajo que realizó entonces la Procuraduría General de la República bajo las órdenes de Jesús Murillo Karam, las Procuradurías Generales de Justicia de diversos estados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Al final de cada informe, el Grupo ofrece un balance de la cuestión y un conjunto de recomendaciones a seguir.

Ambos informes se articularon sobre una cercanía y trabajo con las víctimas indirectas de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, es decir, con las familias de los normalistas agredidos y con los sobrevivientes de la noche del 26 de septiembre.

(Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

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Gracias a ello, el GIEI tuvo la posibilidad de determinar algunas causas de la ruptura entre los padres de las víctimas y las autoridades, así como de proponer soluciones para restablecer la necesaria conexión entre ambos sectores.

Si bien este no era parte del mandato del GIEI en el caso Ayotzinapa, las gestiones entre las partes, la facilitación de espacios de encuentro, el establecimiento de condiciones de confianza para avanzar tanto en la investigación como algunos compromisos con la búsqueda o la atención a las víctimas ha sido parte del trabajo desarrollado por el grupo en numerosos espacios. (Primer Informe, p. 303)

El financiamiento y los objetivos del GIEI

El Estado mexicano fue el encargado de financiar el proyecto de la Asistencia Técnica Internacional para el caso Ayotzinapa. Todos los gastos realizados por el GIEI fueron debidamente auditados por tres miembros de la Organización de los Estados Americanos, elegidos en su Asamblea General.

Los objetivos del Grupo, como se hizo público desde el acuerdo que lo creó, fueron tres:

  • Elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas,
  • Hacer un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y
  • Realizar un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre.

Marcha barrial por Ayotzinapa, Coyoacán, noviembre de 2014. Fuente: Flickr bajo licencia Creative Commons

Marcha barrial por Ayotzinapa, Coyoacán, noviembre de 2014. Fuente: Flickr bajo licencia Creative Commons

El punto que más ha llamado la atención en la opinión pública no especializada ha sido el segundo, que tiene relación directa con la evaluación de los procedimientos y las gestiones de elaboración realizadas por la PGR. En este sentido, los esfuerzos del Grupo se concentraron en el análisis de la información proporcionada por la Procuraduría en el expediente del caso (que puede descargarse aquí y acá).

Los resultados más apremiantes de esta investigación están relacionados con cuatro temas:

  1. La baja probabilidad de que haya habido un incendio de gran magnitud en el basurero de Cocula el 27 de septiembre, tal como quedó asentado en el Peritaje sobre basurero de Cocula, realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
  2. La probable tortura que sufrieron los inculpados que confesaron su participación en el presunto asesinato de los normalistas. El apartado “Torturas” del segundo informe del GIEI analiza 17 casos de los inculpados (considerados miembros de la organización criminal Guerreros Unidos). Con base en el peritaje de sus expedientes y bajo discusión sometida a un equipo de especialistas del International Rehabilitation Council for Victims of Torture de Copenhague, el GIEI determinó que existen indicios muy importantes de tortura en los detenidos, así como un trabajo deficiente en la elaboración y análisis de sus informes médicos.
  3. La ausencia de una línea de investigación sobre el quinto camión tomado por los normalistas la noche del 26 de septiembre. Desde el inicio de su visita, el GIEI encontró inconsistencias sobre el número de camiones en que viajaban los normalistas la noche en que desaparecieron: mientras que los normalistas y la Procuraduría de Guerrero sostuvieron que eran cinco; la PGR dirigida entonces por Murillo Karam sólo consignó cuatro en su investigación. El Grupo tuvo noticia de que la zona de Iguala es importante para el narcotráfico de heroína y, según información pública, “una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada” (Primer Informe, p. 324).
  4. La presencia de miembros de la PGR en las inmediaciones del río San Juan el 28 de octubre de 2014. El GIEI adjuntó a su Segundo Informe un video, tomado por prensa independiente, en el que se observa a algunos miembros de la Procuraduría cerca del río, a pesar de que tal visita no se registró de manera oficial en el expediente del caso.

Conforme el Grupo avanzó en sus pesquisas, comenzó a existir una brecha entre la versión oficial de lo ocurrido en Aytozinapa y las pruebas científicas que los expertos pudieron obtener a partir de diversos análisis.

El hecho de que la PGR de Murillo haya dado a conocer, de manera pública, una hipótesis de los hechos basada sólo en confesiones de detenidos y sin un proceso de confrontación de datos y recabación de pruebas necesarias para determinar su veracidad terminó por romper la confianza de los padres en la institución federal.

Desafortunadamente, a la premura de las declaraciones de la Procuraduría se sumaron varios factores, que debilitaron aún más la desgastada relación entre familiares y representantes del Estado. La crisis de legitimidad de la palabra de las autoridades sumergió a las familias en procesos de revictimización y alimentó la percepción de que la PGR de Murillo, y demás instancias encargadas de promover justicia, intentaba cerrar el caso de golpe y encubrir información para hallar a sus hijos desaparecidos.

La primera muerte fue cuando supimos que nuestro hijo estaba desaparecido; la segunda muerte cuando nos querían entregar las primeras fosas; la tercera muerte fue en las demás y la cuarta en lo de Cocula…” E3 (Primer Informe, p. 279).

El restablecimiento del diálogo y la credibilidad

En la ceremonia de despedida del GIEI que organizó la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, uno de los expertos señaló un aspecto fundamental de su labor que, hasta el momento, no ha recibido la debida atención: el mantenimiento de la esperanza por la justicia y la verdad como resultado de la estancia del Grupo en nuestro país.

A pesar de la dureza de los resultados de los análisis realizados por el GIEI, su trabajo jamás estuvo regido por un afán de acusar funcionarios o desacreditar el trabajo de nuestras instituciones, dedicadas a preservar el estado de derecho en el país. Muy por el contrario, uno de los objetivos principales fue restablecer los lazos de colaboración y confianza entre los familiares de las víctimas y las instancias gubernamentales; así como mejorar el desempeño de sus funciones.

(Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

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Es notable, por ejemplo, la coordinación de búsquedas de los desaparecidos, que hubo entre el Equipo Argentino de Antropología Forense, la PGR y la Policía Federal. Como resultado de estas acciones, se descubrieron nuevas fosas clandestinas en el estado de Guerrero. Estos hallazgos mostraron el problema sistemático de desapariciones forzadas en México y la debilidad de nuestro Estado de derecho.

Mención aparte merece la restitución de la confianza en las instituciones y en el seguimiento del caso que se logró gracias a la metodología de acción del Grupo. Desde el principio de su mandato en el país, los expertos buscaron recoger testimonios y experiencias de las familias, para determinar cuál es su afectación en el doloroso proceso que inició en septiembre de 2014. Debido a ello, se logró la legitimidad del Grupo frente al Comité de padres de los 43 desaparecidos y frente a los representantes legales de las familias de los masacrados.

(Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

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El derecho a la verdad y la reparación de los daños

La desaparición forzada, de acuerdo con el Departamento de Derecho Internacional, es un crimen de lesa humanidad, debido a la múltiple y sostenida violación de derechos humanos que implica. Para hablar de tal delito, debe existir una conjunción de cinco elementos:

  1. privación de la libertad;
  2. participación directa o indirecta de agentes estatales;
  3. negativa a reconocer la detención y a revelar el paradero de las víctimas;
  4. que estas acciones se lleven a cabo para mantener a los desaparecidos fuera de la protección legal;
  5. que ocurran durante un periodo prolongado.

Por su naturaleza legal, la desaparición forzada implica la violación de varios derechos fundamentales (como el derecho a la libertad y a la verdad) tanto de las víctimas directas como de sus familiares por el estado de estrés emocional y angustia en el que permanecen durante todo el tiempo que dura la desaparición. Este punto es muy importante para comprender la gravedad del delito, que se actualiza en todo momento mientras la víctima continúa desaparecida.

Antimonumento +43. Fuente Flickr bajo licencia Creative Commons

Antimonumento +43. Fuente Flickr bajo licencia Creative Commons

En cuanto al derecho a la verdad, es importante establecer una narrativa coherente de lo ocurrido, basada en peritajes científicos y rigurosos que cumplan con estándares necesarios para ser estimados tanto en cortes nacionales como internacionales.

La colaboración entre la PGR y el GIEI permitió, en este sentido, la elaboración de recomendaciones por parte de los expertos internacionales y el compromiso explícito de la Procuraduría por atenderlas; así como la formación de una comisión especial de seguimiento al caso, propuesta por la CIDH.

¿Por qué el GIEI se fue de México?

Como hemos sostenido, durante su estancia en México el GIEI mostró en todo momento la intención de trabajar conjuntamente con instancias gubernamentales e independientes para brindar ayuda a los familiares de las víctimas. Gracias a su mediación discursiva, el Grupo logró elaborar algunas hipótesis sobre las razones por las que la confianza entre víctimas y autoridades se rompió. A partir de esa base, se realizaron labores varias (talleres, entrevistas, encuentros acompañados) para subsanar esa confianza y preparar un terreno amable que permitiera la solución de la grave crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país.

En el Acuerdo Inicial de participación de un Grupo de Expertos enviados por la CIDH a México, hay un apartado sobre el periodo destinado a los trabajos:

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos será de seis meses, y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes (Acuerdo, p. 4, ap. 10).

Sin embargo, a pesar de que el trabajo del Grupo hubiera necesitado algo más de tiempo para ayudar en la medida de sus posibilidades en el caso, su estancia terminó en un ambiente incómodo.

El 1 de abril, el GIEI emitió un boletín de prensa para expresar su extrañeza frente a la ruptura de acuerdos de comunicación, entablados entre ellos y la PGR, sobre la forma de difundir los resultados de los nuevos peritajes en el basurero de Cocula:

El GIEI lamenta profundamente esta forma de cambiar la dinámica de diálogo y consenso que hemos mantenido con la PGR en estos meses, en una de decisiones unilaterales y que violan los acuerdos tomados (Boletín 1 de abril de 2016, p. 2).

Por esta razón, ante la salida del GIEI hoy quedan en el aire tres importantes preguntas sobre la salida del Grupo:

  1. ¿Quién continuará la importante labor de restructuración de lazos rotos entre la PGR y el Comité de Padres?
  2. ¿Qué ocurrirá con las veinte recomendaciones generales sobre el caso?

¿Un cambio en las investigaciones?

(Photo by Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

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Hace unos días, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Expresó su respaldo a los padres y enfatizó que el caso no puede quedar impune.

Jarab también apuntó que el caso de los 43 puso en la atención pública el terrible fenómeno de la desaparición en México y pidió que se discuta la Ley general contra las desapariciones pues servirá como un apoyo a las familias que tienen desaparecidos en el país ya que les da una posición muy importante.

El representante de la ONU señaló que también hay hechos positivos como el establecimiento de mecanismos de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinaro De Expertos Independientes. Además afirmó que ha visto algunas indicaciones, en las últimas semanas, de que ya se está siguiendo otras pistas y nuevas líneas de investigación:

Tenemos contacto con las autoridades de México, en este caso con la PGR, con Arely Gómez. Nuestra oficina pide que se investiguen todas las líneas hasta que se dé con el paradero de los 43. Esperamos llegar a los resultados esperados: establecer la verdad, garantizar la justicia, garantizar la reparación del daño y garantizar la no repetición

¿Será que las investigaciones tengan un cambio drástico finalmente? Por otro lado, sin el GIEI ¿cuál será la estrategia de la nueva administración de la PGR para recuperar la confianza de los padres de familia?

(Photo by Brett Gundlock/Getty Images)

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