Manifestantes chocan contra la policía afuera del Senado en la Ciudad de México en protestas contra las reformas laborales en el año 2007.

Los acuerdos rotos: derechos humanos en México

Desde 1948 hasta la actualidad, México ha firmado y ratificado más de una centena de pactos, convenios y tratados internacionales para salvaguardar la dignidad humana y permitir el libre desarrollo de las personas. De tal forma, nuestro país asumió obligaciones y condiciones mínimas para preservar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los seres humanos.


56 países reunidos: 48 a favor, 8 abstenciones, 2 ausentes

Los derechos humanos tomaron carácter jurídico internacional después de los ataques atómicos perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, fueron entendidos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar su pertenencia a distintos sectores culturales, políticos o religiosos. Desde la perspectiva del derecho internacional, los gobiernos que han ratificado los acuerdos deben asumir la responsabilidad de promover y proteger la integridad de todas las personas sin distinción.

Existen tres propiedades de los derechos humanos que obligan a su cumplimiento cabal y que impiden que unos se consideren más importantes que otros:

  1. Carácter interdependiente e indivisible. La privación de uno afecta el cumplimiento de muchos otros.
  2. Principio de no discriminación. Todas las personas pueden exigir el cumplimiento de sus derechos, sin importar su género, nacionalidad o religión.
  3. Responsabilidad compartida. Los derechos humanos implican el cumplimiento de ciertas obligaciones, como no interferir con el disfrute ajeno de los derechos asumidos.
Se exigió durante manifestaciones la lista de las personas detenidas tras el conflicto en Atenco en el año 2006.
Se exigió durante manifestaciones la lista de las personas detenidas tras el conflicto en Atenco en el año 2006. (AP Photo/Alexandre Meneghini)

En México existe una larga serie de experiencias de lucha que señalan el camino que hace falta recorrer para lograr el cabal cumplimiento de los derechos humanos. Punto de Partida se ha encargado de hacer un registro puntual de algunas historias que aportan elementos invaluables para la reflexión crítica sobre lo que falta y lo que ya está hecho para que en nuestro país se ejerzan libremente.

A lo largo de varios años, un equipo de reporteros comprometidos se ha encargado de hacer visibles algunos casos de violaciones a derechos humanos y, cuando ha sido posible, a darles seguimiento. La diversidad de casos observados abre espacio para una reflexión amplia y que no se ciñe a un sólo ámbito de la sociedad.

Luchas de pueblos en resistencia, denuncias ciudadanas, organizaciones vecinales, radios comunitarias y acciones individuales son muestra de que es posible cultivar los derechos humanos en nuestra sociedad sin tener que pasar por transformaciones masivas. Los reportajes de Punto de Partida conforman un mosaico de voces en el que es posible encontrar estrategias para el trabajo común por los derechos humanos.

Un policía anti motín del Estado de México pasa junto a una barricada durante el enfrentamiento de Atenco en el año 2006.
Un policía anti motín del Estado de México pasa junto a una barricada durante el enfrentamiento de Atenco en el año 2006. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Un policía anti motín del Estado de México pasa junto a una barricada durante el enfrentamiento de Atenco en el año 2006. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

El caso de San Salvador Atenco

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, pertenecientes al Estado de México, hubo una serie de enfrentamientos entre la población civil y las fuerzas de seguridad de la nación que dejó como saldo más de 200 denuncias por violaciones sexuales, maltrato y lesiones severas, perpetradas por las autoridades.


800 civiles con machetes, petardos, palos y piedras contra 700 elementos de seguridad con gases lacrimógenos, escopetas de sal, macana, escudos, armas de fuego y un helicóptero.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mayor parte de los denunciantes de los hechos de Atenco mostraban lesiones a consecuencia del trato recibido antes, durante y después de su detención, “de las cuales se desprenden presuntas violaciones relacionadas con: el derecho a la vida, daño en propiedad ajena; cateo domiciliario ilegal; robo; incomunicación; amenazas y dilación o negligencia en la atención médica”.

Policías y manifestantes se enfrentaron en San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006.
Policías y manifestantes se enfrentaron en San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006. (AP Photo/Marco Ugarte)

Como parte de la investigación realizada por Punto de Partida, la reportera Olivia Zerón entrevistó a Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México y principal responsable del operativo en Atenco, a nivel estatal. Al cuestionarlo por las consecuencias de las violaciones que cometieron miembros de fuerzas armadas a su cargo, el comisionado respondió que lo único que había recibido del gobernador del estado — que en ese entonces era Enrique Peña Nieto — eran felicitaciones por su labor.

“El pueblo de San Salvador Atenco organizó un movimiento de resistencia y de defensa de sus tierras en contra de la expropiación que el gobierno pretendió hacer en 2001, sin haberlos informado y consultado, con motivo del malogrado proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco” (Centro ProDH).

Protesta en Paseo de la Reforma, Ciudad de México tras un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Protesta en Paseo de la Reforma, Ciudad de México tras un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Ayotzinapa: los antecedentes del alcalde de Iguala

Desafortunadamente, la ignorancia de las autoridades respecto al tema de los derechos humanos pervive en muchos sectores de la administración pública.

Casi diez años después de los hechos de Atenco, un grupo de investigación de Punto de Partida hizo un recuento del deficiente desempeño de algunas autoridades locales en Guerrero. El reportaje fue hecho en respuesta a la detención de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda el martes 4 de noviembre de 2014.


El 26 de septiembre de 2014 la violencia en Iguala alcanzó a 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos.

Abarca era presidente municipal de Iguala, Guerrero, cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron como saldo 6 personas muertas y 43 desaparecidas. Sin embargo, las denuncias y quejas por su mala administración existían desde (por lo menos) el 2013, año en que Arturo Hernández Cardona, líder campesino de la región, fue asesinado junto con otros dos compañeros, tras exigirle abiertamente tanto al alcalde como al presidente municipal la resolución de problemas locales. A pesar de su gravedad, este caso no es único: en total había más de cuarenta quejas contra la presidencia municipal durante la administración de Abarca.

Un examinador forense camina en el basurero de Cocula para investigar sobre los presuntos restos de los 43 desaparecidos.
Un examinador forense camina en el basurero de Cocula para investigar sobre los presuntos restos de los 43 desaparecidos. (AP Photo/Rebecca Blackwell, file)

Los excesos de la pareja municipal de los Abarca no fueron sólo policiacos sino también administrativos: existen pruebas documentales de gastos injustificados en artículos de uso personal del presidente municipal y su esposa. Aunque había registro de este tipo de prácticas, las autoridades no actuaron en consecuencia debido al fuero constitucional con el que contaba el funcionario público.

“Desde 2013 se denunciaron abusos de parte de su policía municipal [de José Luis Abarca] Decenas de líderes sociales fueron víctimas de los policías en Iguala. Según la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero, más de 30 integrantes de su agrupación fueron acosados en los 3 retenes que instalaba la corporación municipal.”

Vista del desarrollo de casas en Tecamac en el año 2005.
Vista del desarrollo de casas en Tecamac en el año 2005. (AP Photo/Jose Luis Magana)

El derecho a una vivienda digna

Punto de Partida realizó un reportaje sobre un caso de fraude cometido por la constructora Urbi Desarrollo Urbano contra miles de familias mexicanas. En la sexta sección del fraccionamiento Villa del Real en Tecamac, Estado de México, se construyeron más de 6 mil casas que se pusieron en venta incluso antes de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda autorizara su existencia.


Según el gobierno federal, las lluvias provocadas por los huracanes Ingrid y Manuel afectaron a un millón 200 mil personas.

Con el paso del tiempo, miles de familias descubrieron que sus nuevas casas estaban hechas a base de unicel y que las instalaciones de agua, gas y electricidad eran inservibles. En pocas palabras, que habían sido brutalmente engañados por una empresa constructora.

En 2008 se formó un frente vecinal que interpuso denuncias civiles y penales por fraude ante las autoridades correspondientes y en 2014, gracias a la organización colectiva, se logró asegurar las 6 mil casas y se giraron órdenes de aprehensión contra los representantes legales de Urbi con los cargos de agravio a la colectividad y a la seguridad pública.

“Las casas […] se vendieron antes de que las autoridades autorizaran la construcción del conjunto habitacional y fuera publicada en la gaceta del gobierno del Estado de México, como lo marca la ley.”


En un peritaje la Procuraduría del estado comprobó que Urbi no construyó la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable de la sexta sección.

A pesar de que la responsabilidad de vigilar y hacer cumplir derechos fundamentales, como el derecho a la vida digna, sea del Estado, la participación ciudadana es necesaria debido a que sólo con ella se logran sanar las posibles fallas de las instituciones administrativas que, algunas veces, no cumplen con su labor. Este año, Punto de Partida se dio a la tarea de revisar el avance de la atención a los damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel que azotaron México en 2013.

Un hombre de la comunidad Papa Gallo de Tierra Colorada en las cercanías de Acapulco, se para junto a su casa que fue afectada por el Huracán Manuel y en el momento de la foto por el Huracán Raymond.
Un hombre de la comunidad Papa Gallo de Tierra Colorada en las cercanías de Acapulco, se para junto a su casa que fue afectada por el Huracán Manuel y en el momento de la foto por el Huracán Raymond. (AP Photo/Bernandino Hernandez)

El problema es que las autoridades encargadas de reparar el daño material que sufrieron los damnificados no han hecho su trabajo. De 43 fraccionamientos prometidos, sólo han sido entregados seis y, hasta el momento de la investigación, 13 obras habían sido clausuradas por falta de permisos.

“No podemos echar piso porque pues decimos: ¿cómo vamos a tirar nuestro dinero, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, si al último nos van a quitar de aquí? Entonces cada vez que llueve se baja el agua aquí, aquí corre un río y, como sea, nos subimos a las camas…” (Benjamín García, damnificado)

Una mujer pasa frente a un bloqueo de la policía en el centro de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Esto sucedió después de que manifestaciones ocurrieran para exigir la renuncia del gobernador del Estado, Ulises Ruiz.
Una mujer pasa frente a un bloqueo de la policía en el centro de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Esto sucedió después de que manifestaciones ocurrieran para exigir la renuncia del gobernador del Estado, Ulises Ruiz. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Oaxaca: dos modelos de lucha feminista

La posibilidad de que las malas prácticas de gobierno pervivan durante años tiene que ver con la precariedad material de muchas zonas del país y con el aislamiento al que se ven sometidas. Se necesita un esfuerzo conjunto, impulsado sobre todo por la sociedad civil, para lograr el buen funcionamiento de las instituciones y el respeto a los derechos humanos.

En 2008 Punto de Partida se dio a la tarea de contar la historia de Eufrosina Cruz, contadora pública perteneciente al pueblo Santa María Quiegolani, Oaxaca, que decidió ser la primera mujer de su comunidad en contender en las elecciones municipales de la localidad.

Celia Miguel López en el pueblo Santa María Quiegolani. En su pueblo se llevó a cabo una lucha para defender el derecho a que una mujer pueda ser electa.
Celia Miguel López en el pueblo Santa María Quiegolani. En su pueblo se llevó a cabo una lucha para defender el derecho a que una mujer pueda ser electa. (AP Photo/Gregory Bull)

Celia Miguel López en el pueblo Santa María Quiegolani. En su pueblo se llevó a cabo una lucha para defender el derecho a que una mujer pueda ser electa. (AP Photo/Gregory Bull)

Eufrosina Cruz comenzó un movimiento por los derechos humanos y políticos de las mujeres en Quiegolani para romper con una tradición de largo tiempo sostenida por las Asambleas Comunitarias, que impide la participación de las mujeres en las elecciones locales, realizadas cada tres años. Quiegolani pertenece al grupo de municipios indígenas autoregidos de acuerdo con sus usos y costumbres, logro histórico de las luchas por el reconocimiento y el respeto a las comunidades indígenas en México.

“En Quiegolani las mujeres votan para presidente de la república, diputados y gobernador; pero no pueden hacerlo en las elecciones locales que se celebran cada tres años. El padrón de ciudadanos, según los Usos y Costumbres, lo integran varones de entre 18 y 60 años.”


En un centenar de los 418 municipios oaxaqueños que se rigen por Usos y Costumbres, las mujeres no tienen derecho a la palabra pública.

El movimiento iniciado por Cruz busca permitir y fomentar la participación de las mujeres en la vida política de sus comunidades. A pesar de lo arduo de este camino, Eufrosina no es la única con esas ideas. En la sierra Triqui de Oaxaca existen radios comunitarias en las que hay locutoras que defienden la organización de sus pueblos y promueven un discurso crítico sobre los problemas que enfrentan.


“Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber. Deberían saber que somos muy jóvenes para morir”, La voz que rompe el silencio, radio comunitaria.

El mismo año de 2008 Punto de Partida presentó el caso de dos locutoras triquis asesinadas por conflictos políticos. Felicitas Martínez y Teresa Bautista, masacradas por disparos de fuego, recibieron el Premio Nacional de Periodismo 2007, en la categoría de Orientación a la Sociedad, por su trabajo en la Radio comunitaria: la voz que rompe el silencio en la región mixteca.

“El asunto de las fronteras es fundamental en el conflicto entre las organizaciones triquis […] La realidad es que esta zona está armada, los dirigentes políticos manejan a su gente y el asesinato de Felícitas y Teresa ha propiciado que el gobierno del estado intervenga ante la presión internacional.”

Soldados ven mientras la policía y los investigadores forenses suben cuerpos a camionetas. Esto es en las afueras de Ciudad Juárez, después de que hombres armados abrieran fuego contra seis personas.
Soldados ven mientras la policía y los investigadores forenses suben cuerpos a camionetas. Esto es en las afueras de Ciudad Juárez, después de que hombres armados abrieran fuego contra seis personas. (AP Photo)

Identificar cadáveres: primer paso de la reparación del daño

En ocasiones los encargados de hacer cumplir los compromisos con la sociedad civil se enfrentan a laberintos burocráticos que, en vez de facilitar, dificultan sus funciones.


Nombrar los cuerpos y contar sus historias son pilares imprescindibles para resolver cualquier crisis humanitaria.

El mal de la burocracia es la fragmentación de los procesos administrativos, que complica encontrar espacios para la iniciativa personal de mejorar alguna situación o de hallar soluciones a problemas. Aún así, incluso en el desierto más árido hay lugar para ejercer el ingenio y darle la vuelta a trámites y procesos burocráticos que parecen obstruir todo camino posible.

“Gracias a este proceso, perfeccionado por el odontólogo forense, Alejandro Hernández, lo que estaba deformado y secado por el sol en cinco días recuperó forma: los detalles característicos de ella en vida quedaron al descubierto”.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, un odontólogo forense llamado Alejandro Hernández, encontró una mezcla química para rehidratar cuerpos abandonados en el desierto y facilitar su identificación. Con su técnica, Hernández aportó algo fundamental para resolver el grave problema de la violencia en México: la posibilidad de devolverle su identidad y su nombre a quienes les fueron arrebatados. Asimismo, abrió la posibilidad de analizar algunos factores a considerar para las investigaciones legales por asesinatos. Por ejemplo, en sus prácticas Hernández logró devolverle el rostro a un cuerpo abandonado en el desierto, que resultó ser el de una mujer violada y golpeada hasta la muerte. Sin la participación del forense, ese cuerpo hubiera permanecido anónimo y sin historia.

Alumnos del primer año de la Escuela Normal de Ayotzinapa protestan tras la desaparición de los 43 estudiantes.
Alumnos del primer año de la Escuela Normal de Ayotzinapa protestan tras la desaparición de los 43 estudiantes. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

El cumplimiento y la conservación de los derechos humanos, como puede verse en los reportajes de Punto de Partida, no es tarea exclusiva ni de las autoridades ni de los ciudadanos. Se necesita una verdadera labor conjunta entre diversos sectores de una sociedad para hacerlos cumplir. La principal fuerza de los derechos humanos es la gente común. Sólo se necesita un poco de disposición para escuchar las historias de quienes hacen un cambio en el panorama de los derechos humanos en México.

Si después de 1945 el mundo aceptó que necesitaba establecer acuerdos internacionales sobre los derechos que todo ser humano debe gozar, en 1976 se logró otro paso en el mismo sentido: el 23 de marzo entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege a las personas de la discriminación y establece derechos relacionados con la participación de las personas en la vida civil y política, tales como el derechos a la libre asociación y a la defensa jurídica, a la presunción de inocencia y a la reparación de los daños. Este Pacto también contempla derechos colectivos, como el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.

La perspectiva internacional que protege los derechos humanos permite que haya mecanismos jurídicos que entran en operación cuando un Estado muestra ser incompetente para resolver un conflicto humanitario. Sin embargo, el trabajo que se necesitó para llegar a los acuerdos internacionales surgió de acciones ciudadanas que, por medio de organización y denuncia, lograron preparar el terreno para la defensa de los derechos humanos. Quizá algunas de las historias registradas por Punto de Partida sean el comienzo de una nueva etapa.

Mural en el interior de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
Mural en el interior de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. (AP Photo/Eduardo Verdugo, File)

Mural en el interior de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. (AP Photo/Eduardo Verdugo, File)

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