Clases de Civismo en las calles

Todos los mexicanos tenemos derecho a protestar y manifestar nuestras ideas libremente. Las marchas que hacen uso de ese derecho se han multiplicado año con año en los últimos tiempos, pero, tal vez, lo más curioso haya sido la respuesta de lo legisladores mexicanos, sobre todo una iniciativa que había presentado el priista Arturo Zamora, quien asegura que “se abusa de la inocencia” de las niñas y los niños que asisten a marchas. Lo que dice Zamora es interesante porque nos hace plantearnos un hecho muy específico ¿qué pasa cuando los niños participan en marchas?, ¿se abusa de su inocencia com o el legislador asegura o se les enseña cultura cívica?

Hay marchas para todo en México. Marchas por la familia, por las mascotas, por la defensa de la vida y el territorio, por derechos laborales, por el derecho a seguir vivos y por la justicia que tanto tiempo tarda en llegar. Uno puede asistir a muchas marchas en la Ciudad de México y jamás enterarse de lo que significa protestar en las carreteras de Chiapas o en las comunidades de Michoacán; uno puede marchar en Monterrey en contra de un candidato a la presidencia o en Guerrero para mantener el único medio de subsistencia con el que se cuenta.

La multiplicación de las marchas y sus prácticas tan diferenciadas reflejan un descontento social, si no generalizado, al menos sí vigente en comunidades de todo el país. Desde un punto de vista neutral, las marchas ponen en contradicción dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 9° que garantiza el derecho a manifestarse, y el 11°, que hace referencia al libre tránsito. Pero una perspectiva de esta naturaleza ignora por completo la naturaleza de cada marcha y lo que motiva a una persona a salir de su casa, pintar una pancarta y tomar las calles a gritos. Ver en las marchas un problema en sí es mirar el dedo que señala al cielo. ¿Cuál es el problema urgente y más importante: atender la razón por la que la gente sale a marchar, o las marchas en sí? La prohibición y la regulación han caído en saco roto porque tratan de atender un problema secundario.

La mayoría de los mexicanos justifican la existencia de las marchas porque el problema no es que marchen sino que existan motivos para salir a marchar. Sólo una mirada muy corta vería en las manifestaciones el problema principal; son algo más que un cierre de una carretera, más que la ocupación momentánea del Zócalo y mucho más que el tráfico que nos hace llegar tarde a trabajar. Si las marchas desaparecen, los verdaderos problemas seguirían ahí. Sin embargo, los brotes de violencia en la protesta (incluidas las acciones de las fuerzas del Estado) urgen a garantizar que cualquier manifestación de ideas se pueda llevar a cabo sin agresiones de ningún tipo. No se trata de que el Estado tenga la facultad de decidir qué marchas se deben llevar a cabo y cuáles no, por el contrario, se trata de que actúen en apego a derecho cada vez que la ciudadanía decida salir a marchar.

Las iniciativas de ley que pretenden “regular” las manifestaciones tanto a nivel Federal como en varias entidades del país tienden a criminalizar el derecho a la protesta antes que garantizar y cuidar ese derecho. Así ocurrió con la iniciativa del Partido Verde hace algunos años o la de Convergencia y el Partido del Trabajo en 2006. Legislar al respecto no necesariamente tiene que derivar en prohibiciones o criminalización, pero la voluntad política de los partidos parece no interesarse en cuidar que las manifestaciones sean pacíficas. Hace dos años, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Arturo Zamora, propuso una reforma al párrafo tercero del artículo 64 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que consta de lo siguiente:

Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a no ser utilizados por personas o grupos que transgredan las limitaciones a la manifestación de ideas establecidas en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la práctica eso constituiría un riesgo potencial de prohibición para que los niños asistan a manifestarse. El artículo 6° no es nada claro en lo que respecta a las limitaciones a la manifestación, a la letra dice no se perseguirá la expresión de ideas, excepto:

“en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

¿Qué es un ataque a la moral o a la vida privada?, ¿cómo sabemos en qué manifestaciones se puede llevar a un niño y en qué manifestaciones estaría prohibido?

Zamora alude a la participación de niños en delitos como el motín o el bloqueo; pero eso ya está tipificado como delito, se llama “perversión de menores”. Entonces, ¿para qué reformar la Ley de Derechos de Niñas y Niños? Para explicar sus intenciones, el senador declaró:

Se deben establecer sanciones ejemplares para quienes se aprovechan de la inocencia de nuestros niños para convertirlos en rehenes de causas políticas ajenas a sus derechos fundamentales, valiéndose de ello para cometer delitos como el motín o el bloqueo a las vías de comunicación.

Pero, una vez más, ya existe el delito de “corrupción de menores” que castiga a quienes se hacen acompañar de niñas o niños para cometer cualquier tipo de delito, no sólo los que se cometen en el contexto de una manifestación. Entonces, ¿para qué reformaría el senador? Sin duda tendrá que ver con aquello de aprovecharse de la inocencia de los niños para convertirlos en rehenes de causas políticas. Pero entonces, ¿las niñas, niños y adolescentes no pueden tener vida política?, ¿no pueden manifestar ideas como lo dice el artículo 6°?

El caso es más complicado de lo que parece. Sin duda, el Estado no tiene por qué decidir por los padres si van a llevar a su hija o hijo a una manifestación; pero es innegable que cualquier persona que asista a una marcha corre cierto peligro en México.

En la marcha #VivasNosQueremos, madres y padres de familia llevaron a sus hijas pequeñas, con razones como la siguiente: “Me horroriza lo que les puede pasar a mis hijas, basta de inseguridad para las mujeres”. Pero por otro lado, padres de familia de Apatzingán, Michoacán denunciaron que sus hijos habían sido “manipulados” para ir a marchar con maestros de la CNTE; los maestros se defendieron con el argumento de que los alumnos de secundaria se habían organizados por ellos mismos. ¿Cuál es el límite en estos casos? ¿Rehenes de causas políticas o niños ejerciendo su derecho a expresar ideas?, ¿adultos que abusan de la inocencia de los niños, o padres y maestros que apoyan que las pequeñas y los pequeños defiendan sus derechos?

Adicionalmente, no podemos obviar lo peligroso que puede ser asistir a una manifestación en México. Desde el 1 de diciembre de 2012, día de toma de posición del presidente Enrique Peña Nieto, la violencia en manifestaciones públicas se ha vuelto común en todo el país. Detenciones arbitrarias, asesinatos de las autoridades con armas de goma (como lo que sucedió en Puebla con el niño Tehautlie), uso de armas de fuego en manifestaciones civiles, actuación arbitraria de las fuerzas Federales y el Ejército y muchas otras cosas que han hecho que salir a las calles a manifestarse no sea del todo seguro.

Recordemos que el año pasado uno de los ataques de fuerzas federales en Michoacán cobró la vida de un menor e hirió a otra. En el operativo que el Ejército llevó a cabo para capturar a Semeí Vardía Cepeda, policía comunitario de la localidad, fuerzas federales abrieron fuego contra pobladores de la región que intentaban hacer un bloqueo. En la ráfaga de fuego resultó muerto Iriberto Reyes García, de 12 años, y herida una niña de seis. El caso no se ha resuelto, ni se han fincado responsabilidades. A más de un año de estos hechos, la comunidad de Ostula sigue sufriendo los efectos del acoso por parte del gobierno y temen represalias violentas.

Sin duda, existen numerosas manifestaciones públicas en las que llevar niños resulta peligroso. Pero en casos como el de Ostula, ¿hay que castigar a los padres del menor o más bien a las fuerzas federales que causaron su muerte? La regulación de la protesta es un tema pendiente y fundamental. Pero hay que entenderlo bien, las marchas no son el problema sino el síntoma del problema. Cualquier regulación tiene que ir encaminada a garantizar el derecho a la protesta y a resguardarlo de agresiones de todo tipo. Las mismas “fuerzas del orden” tienen que tener un papel transparente acerca de cómo deben de actuar en manifestaciones pacíficas y cómo atender los brotes de violencia; porque los ataques injustificados y las detenciones arbitrarias violan derechos fundamentales y no pueden ser la estrategia de policías y soldados. Un México ideal estaría libre de marchas, pero no porque el Estado las prohíba, sino porque la voz de los ciudadanos sería escuchada y reinaría un clima de justicia.