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Un soldado del ejército mexicano en un campo de marihuana en Culiacán, Sinaloa.

Crimen organizado: civiles en el frente

El pacto se ha roto. Durante muchos años, desde sus primeros asomos, la cruenta guerra del crimen organizado en México, especialmente la asociada al tráfico de drogas, parecía librarse en trincheras aisladas, dentro del país pero ajena a la cotidianidad de sus habitantes. Las historias de narcotraficantes y sicarios, algunas ciertas y otras no tanto, se contaban como leyendas, emulando los relatos de los corridos en la época revolucionaria. Hoy, en vastas regiones del país la delincuencia ha tomado las calles y se ha metido en los hogares imponiendo una nueva cultura basada en la alegoría de la violencia, la expansión del miedo y la agonía de la paz. Nadie está a salvo.


Entre 2007 y 2014 hubo 164,000 víctimas por la guerra contra el narco. Durante el mismo periodo, en las guerras de Irak y Afganistán murieron 103 mil personas.

En las diversas batallas entre grupos que se disputan el negocio y en la lucha que todos ellos libran con el Estado, la sociedad civil ha quedado en medio del cada vez más extendido campo de batalla. El cáncer del crimen organizado ya carcomió comunidades enteras y es, hoy por hoy, uno de los más grandes desafíos de la nación. Cada vez más mexicanos de a pie se suman a la lista de víctimas del narcotráfico y también cada vez más ciudadanos, amenazados por esta realidad, levantan la mano para tomar posiciones activas en el gobierno o buscar alternativas de organización local, en ocasiones planteando desafíos inéditos para la autoridad y para la propia sociedad.

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, en una conferencia.
Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, en una conferencia. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, en una conferencia. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

El inicio de la guerra

Las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de droga empezaron a cobrar fama en México desde los años 80 del siglo pasado. Poco después, el lucrativo negocio atraería a muchos interesados y provocaría escisiones en las células originarias. El negocio daba para muchos más. En poco tiempo, las confrontaciones por el dominio de suculentos mercados se intensificaron aunque sería hasta después de una década cuando la incertidumbre, el pánico y la sombra de la muerte invadirían abiertamente a la población civil, hasta no dejar un solo estado inmune en el país.


La venta de drogas representa un negocio mundial de 500 mil millones de dólares anuales, cifra equivalente al 9% del PIB de todo el planeta.

Como también ocurrió en otros estados, en Michoacán, desde 2006 el narco conquistó espacios y los cárteles impusieron su dictadura. El turismo se redujo considerablemente y la vida cotidiana en ciudades y poblados se transformó radicalmente. En especial, la llamada Familia Michoacana hizo todo lo posible por darse a conocer en la opinión pública con métodos brutales y a la voz de “quien debe morir, muere”.

Dos personas caminan hacia un grupo de soldados en una ceremonia militar el día 14 de septiembre de 2009.
Dos personas caminan hacia un grupo de soldados en una ceremonia militar el día 14 de septiembre de 2009. (AP Photo/Gregory Bull)

Dos personas caminan hacia un grupo de soldados en una ceremonia militar el día 14 de septiembre de 2009. (AP Photo/Gregory Bull)

Ese mismo año, en los albores de su gestión, el presidente de México, Felipe Calderón, oriundo de esa entidad, anunció la Operación Conjunta Michoacán y envió siete mil efectivos del Ejército para iniciar el combate frontal a los carteles que marcó su gobierno. Michoacán se había convertido en la tierra natal de la guerra contra el narco en México.

En el municipio de Aguililla, “ellos”, aquellos que ni siquiera podían ser nombrados, fueron los causantes de que un pequeño poblado, cuyos anales apenas registran un incendio provocado por el guerrillero Pascual Rodríguez Pinzón en 1854, llegara a ser considerado como la comunidad más violenta de Michoacán.

Si bien la mayoría de las víctimas de la delincuencia organizada —  sobre todo la asociada al tráfico de drogas — , son los propios miembros de los cárteles, un número difícil de estimar pero sin duda creciente, corresponde a hombres, mujeres y niños ajenos a estas contiendas para ganar plazas y burlar la autoridad y la ley. Contra su voluntad, periodistas, defensores de los derechos humanos, ciudadanos y personas nunca identificadas, se han convertido en carne de cañón, asidos a la intrincada red criminal y a la negra estadística de muertos.

Juana de Jesús Ortiz es parte de otro grupo de víctimas, las que viven para contarlo aunque quisieran no hacerlo, las que conocen bien el ruido de las balas que en segundos destruye familias y cambia destinos.

Investigadores forenses y militar investigan el lugar de los hechos.
Investigadores forenses y militar investigan el lugar de los hechos. (AP Photo/Agencia MVT-Crisanta Espinosa)

El terror crece

Además de los operativos que levantaron polémica por involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales, la confrontación entre el narco y el Gobierno se volvió más cruenta y más compleja. La respuesta de los carteles fue inmediata. Las autoridades y, especialmente, las fuerzas de seguridad se convirtieron en blanco de muchos ataques. El entorno en México fue comparado con el terror vivido en Colombia con Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, en el periodo 1984–1993.


“¿A qué horas, cuándo permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia?”. Fernando del Paso

A la intromisión de las fuerzas federales, los criminales respondieron con estrategias bélicas de alto impacto, entre ellas la infiltración en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Muchos gobiernos municipales, los más cercanos a la población, quedaron sometidos a los intereses de la delincuencia organizada.

Una señalización de tránsito destruida por balas en Ciudad Mier, Tamaulipas.
Una señalización de tránsito destruida por balas en Ciudad Mier, Tamaulipas. (AP Photo/Dario Lopez-Mills)

En marzo de 2012, el entonces subsecretario de Estado para temas narcotráfico internacional de Estados Unidos, William Brownfield resaltó el alcance del poder del crimen organizado en México. Dijo que las policías estatales y locales en México parecían ser parte del problema y no de la solución. El funcionario no reveló nada nuevo, la infiltración era evidente e, incluso, en muchas comunidades fue exhibida con descaro.

Lugar de los hechos de un tiroteo en Tijuana.
Lugar de los hechos de un tiroteo en Tijuana. (AP Photo/Guillermo Arias)

Lugar de los hechos de un tiroteo en Tijuana. (AP Photo/Guillermo Arias)

Enfrentar el caos

El crecimiento del narcotráfico en México ya era una maraña de proporciones asombrosas. Un gobierno que movía a las fuerzas federales de un lado a otro, en algunos casos con acusaciones de violar derechos humanos, una sociedad ultrajada y enojada, y estructuras de gobierno intimidadas e infiltradas hasta lo más profundo. Sin embargo, pese a los riesgos patentes, muchas manos se levantaron en el país con opiniones, marchas y propuestas. Los civiles volvían a quedar en el frente.


281 mil 400 personas fueron desplazadas por la violencia en México durante el 2014.

Un caso emblemático fue el de Jesús Alberto Capella Ibarra, abogado, empresario y activista de Baja California quien, luego de sobrevivir a un atentado, aceptó encargarse de la Secretaría de Seguridad Pública de esa ciudad fronteriza de 2007 a 2008, Tijuana, (volvió a ocupar el cargo dos años después). Nada de lo que pudo haber vivido al frente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California podía compararse con esta nueva misión que lo obligó a lidiar con el enemigo en casa. Los “traidores”, como llamó a sus subalternos corruptos, se paseaban tranquilamente por los pasillos de la corporación.

Sicarios dispararon durante 15 minutos contra la casa de Capella. Él contraatacó con las armas que habían dejados sus escoltas en su casa y libró el ataque. Un par de días más tarde, se informó que Capella sería secretario de seguridad pública de Tijuana.

Más allá de los esfuerzos individuales, la sociedad encontró novedosas formas para actuar ante la violencia que ya era insostenible. Y es que la incapacidad del Estado avanzaba al mismo ritmo que el hartazgo social. No era para menos si consideramos que en entidades como Michoacán, Durango, Tamaulipas, Durango, Morelos, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato, se cuentan por decenas de miles los desplazados, extorsionados y despojados de tierras, ranchos y caseríos. Junto a los numerosos agricultores y trabajadores que tuvieron que abandonar sus tierras o se vieron forzados a entregarlas a los narcos a cambio del respeto de su vida y la de sus familias, había otros que fueron obligados a pagar por años altísimas cuotas para mantener sus propiedades.


6 de cada 100 migrantes mexicanos salieron de su comunidad por la violencia.

Ciudad Mier, en Tamaulipas, Sonoyta, en Sonora y San Miguel Totolapan, en Michoacán, así como Quetzalcoatlán e Ixtayotla, junto con muchos poblados cercanos a las zonas de cultivo de amapola, en Guerrero, son solo algunos ejemplos de comunidades que en algún momento del apogeo criminal, se convirtieron en zona fantasma. En Michoacán, estado líder en la producción de aguacate en México y en el mundo, la Familia Michoacana y los Templarios amedrentaron a familias enteras de agricultores para despojarlas de sus tierras y controlar buena parte de la producción de este fruto, considerado el oro verde de la región.

Miembros de las Autodefensas de Michoacán hacen guardia en un punto de control.
Miembros de las Autodefensas de Michoacán hacen guardia en un punto de control. (AP Photo/Eduardo Verdugo, file)

Autodefensas

A principios de 2013, en algunas regiones, principalmente Michoacán, Guerrero y Jalisco, surgió una modalidad de participación ciudadana conjunta que sería conocida como “autodefensas comunitarias”. Eran grupos de civiles que, con el miedo a cuestas y la dignidad herida, se armaron para enfrentar a los grupos criminales. Al principio, varios líderes comunitarios entraron a escena respaldados por la confianza y la esperanza de la gente.

En Michoacán, un médico de nombre José Manuel Mireles se convertiría en fundador, vocero y uno de los principales líderes de las autodefensas michoacanas, con una relación inestable y contradictoria con el gobierno federal que terminó de romperse con su detención en 2014.

José Juan Mireles (izquierda) e Hipólito Mora (derecha) en una junta de autodefensas en el año 2014.
José Juan Mireles (izquierda) e Hipólito Mora (derecha) en una junta de autodefensas en el año 2014. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Con otros matices, una historia similar le ocurrió a otro doctor que gozaba de amplio reconocimiento en su comunidad, Tumbiscatío, conocida por haber sido refugio del líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez “La Tuta”, aprehendido en febrero de 2015.

Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco siguieron para Punto de Partida, el caso del Dr. José Cuevas, quien aceptó encabezar las autodefensas de este poblado de la sierra michoacana para, más tarde, ser acusado y detenido por policías federales, junto con otras colaboradores.

La incursión de civiles a través de los movimientos de autodefensas se complicó en poco tiempo porque la posesión y uso de armas en esas regiones y la imposición de algunos liderazgos, constituía una bomba de tiempo que, eventualmente, llegó a detonarse. Precisamente, fue la portación de armas uno de los delitos por los que fueron acusados varios de los principales líderes comunitarios.

Según las autoridades, las autodefensas comenzaron sus labores de protección y seguridad con armas cortas y rifles comunes, pero en poco tiempo algunas armaron pequeños arsenales con armas de grueso calibre e incluso dispositivos de francotirador.

Autodefensas de Michoacán armadas hacen guardia.
Autodefensas de Michoacán armadas hacen guardia. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Al cabo de un par de años, varios de estos grupos siguieron operando sin registro ante la autoridad y muchos otros fueron convertidos en fuerzas rurales al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía estatal.

Los grupos de autodefensa se transformaron, algunos de los líderes terminaron en la cárcel y otros se envolvieron en riñas con dolorosas consecuencias. En febrero de este año, se oficializó el fin de estos movimientos en Michoacán.

Autodefensas de Michoacán escuchan a Mireles.
Autodefensas de Michoacán escuchan a Mireles. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Autodefensas de Michoacán escuchan a Mireles. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

El gobernador Silvano Aureoles aseguró que no habrá más grupos civiles armados en el estado haciendo las tareas que solo competen al Gobierno por mandato de la Constitución. Sin embargo, el narcotráfico persiste y el miedo también. La sociedad sigue lastimada y ofendida. Voluntaria o involuntariamente los civiles están inmersos en este laberinto y no hay señales de que puedan deslindarse de él, al menos en el futuro cercano.

Un francotirador vigila en un helicóptero que vuela sobre Ciudad Juárez, Chihuahua.
Un francotirador vigila en un helicóptero que vuela sobre Ciudad Juárez, Chihuahua. (AP Photo/Guillermo Arias)

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