¿Es México el paraíso de los violadores?
La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) anunció este año que, en México, se registra un promedio de 600 mil casos de abusos sexuales al año. Sin embargo, el 94% de estos delitos no se denuncia. Esto quiere decir que las cifras son mucho, muchísimo más altas. El dato aparece junto a una noticia concreta: Diego Cruz, uno de los Porkys veracruzanos que violaron a Daphne Fernández, recibió un amparo del juez Anuar González Hemadi. ¿La razón? De acuerdo con el funcionario, Cruz realizó un tocamiento que no tuvo la intención de violarla. Al parecer, si el agresor no tiene el objetivo de llegar a la coito, o si no busca la obtención de placer, entonces no se trata cabalmente de un abuso sexual.
Si “el agente no tiene la excitación o el impulso de satisfacer una avidez sexual, ni el propósito de ejecutar la cópula”, entonces un juez puede dictaminar que no hay abuso. A estas alturas, ya sabemos que el Consejo de la Judicatura ha suspendido al juez y que iniciará una investigación en su contra.
No obstante, durante la misma semana en que González Hemadi concedió el amparo a Diego Cruz, otro caso de violación quedó impune en Veracruz: Jorge Francisco Pereda Ceballos, uno de los estudiantes de la UVM involucrados en la violación filmada y difundida de Karla (19 años), también recibió un amparo. A pesar de la grabación y del evidente estado inconsciente de la joven, el juez Arquímides Gregorio Loranca dictaminó que el acto fue consensuado.
Lo anterior pone de manifiesto dos situaciones, por lo menos: la intolerable impunidad de la que pueden gozar los ricos en México; el hecho de que nuestro país es un lugar muy peligroso para las mujeres.
México, el paraíso del violador
La CEAV lo deja claro: en este país se denuncian al año unos 600 mil casos de abuso sexual; el 90% de ellos se realiza contra mujeres y la mitad de ellas son menores de 15 años. De 2010 a 2015 se habrían cometido más de 2 millones 900 mil ataques sexuales en México. Además, se estima que el 94% de los abusos no se denuncia, lo que significa que las cifras son muchísimo más grandes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia sexual y/o física por parte de su pareja o por algún tercero. La cosa se agrava en los países donde hay pobreza, o peor, donde se gesta un conflicto bélico.
(AP Photo/Dario Lopez-Mills)
A finales del año anterior, la misma CEAV emitió un diagnóstico sobre violencia sexual en México. En él se muestran las fallas de nuestro sistema de atención a víctimas por parte de las diferentes dependencias del Estado. La Comisión pidió a las procuradurías locales la cantidad de averiguaciones previas por delitos sexuales en el periodo 2010–2015, pero sólo la mitad contestó. Se contabilizaron 83 mil expedientes de ese estimado de 2 millones 900 mil ataques. ¿Por qué no se denuncian las agresiones sexuales en nuestro país? CEAV encuentra varios motivos de los que Animal Político ha hecho una valiosa condensación. Algunos de ellos son:
- Hay caos en los códigos penales. No existe una ley para este tipo de delitos que rija en todo el país. Cada estado determina su propio código penal. Esto implica variaciones en cuanto a los castigos. Por ejemplo, en Zacatecas, Tamaulipas y la ley Federal se exige a la víctima que compruebe un daño o perjuicio. En Baja California, Campeche, Durango y Sonora, se deja de sancionar la relación sexual con un menor si el agresor se casa con la víctima. Además, la violación impropia (usar un objeto para penetrar a la víctima) es más grave que la violación propia (copular sin consentimiento) en Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa; en Durango, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas funciona de forma inversa.
- Los diagnósticos oficiales son muy incompletos. CEAV concluye que, en términos generales, hay desórdenes y deficiencias en la evaluación de los casos de violencia sexual. Las dependencias que deben atender los crímenes son de justicia, salud, derechos humanos y atención social. Cada una de ellas tiende a registrar arbitrariamente la información sobre las víctimas, los rasgos del evento y los servicios que se brindan. Algunas instituciones de salud, por ejemplo, desconocen la información del número y la edad de las víctimas de violación que recibieron anticonceptivos de emergencia.
- Se resuelven muy pocos casos. Esta es una de las razones más graves para desalentar la denuncia: si se investiga el caso, existen pocas esperanzas de que algo se resuelva. De las 83 mil averiguaciones por delitos sexuales que se iniciaron en procuradurías, sólo 29 mil se consignaron frente a un juez. 50 mil casos permanecieron en manos de los fiscales sin que se procediera contra los responsables.
- Deficientes servicios de salud. De los casos atendidos en varias secretarías de Salud de México, en el 51.4% de ellos no se notificó al Ministerio Público de la agresión. En el 71% de los hechos se envió a casa a las personas que recibieron atención médica. Menos de la tercera parte de las secretarías envió a las víctimas a otras instancias.
De acuerdo con la psicóloga Georgina Castillo, el temor a las represalias es otro factor importante para no denunciar penalmente a los agresores. En efecto, tal vez la cultura de la denuncia se haya fomentado en los últimos años, pero los registros no coinciden aún con los casos reales de abuso.
Es que la balanza de la justicia favorece a los más poderosos. La posibilidad de la represalia es real.
Los Porkys, los jueces, el pacto de semen
Enrique Capitaine (Fiscalía General del Estado de Veracruz)
En 2015, la menor Daphne Fernández fue violada por cuatro juniors veracruzanos, es decir, cuatro jóvenes pertenecientes a familias ricas. Ellos son Enrique Capitaine Marín, hijo de un ex presidente municipal veracruzano, que ahora está preso; Diego Cruz Alonso, cuyo amparo es noticia estos días; Jorge Cotaita Cabrales, que está prófugo; Gerardo Rodríguez Acosta, que fue detenido y liberado porque, supuestamente, no participó activamente en el acto. Los Porkys fueron acusados de pederastia.
Anuar González Hemadi, juez tercero de distrito de Veracruz, dio un auto de liberación a Diego Cruz. ¿La razón? Tocó violentamente los genitales de Daphne contra su voluntad, sí, pero ‘sin intención lasciva’. El juez fue expuesto en redes como el #JuezPorky, se le acusó de recibir sobornos y de ser un machista. El Consejo de la Judicatura ha informado que González Hemadi será suspendido temporalmente e investigado por el caso. Pero la cosa no acaba aquí.
Durante la misma semana, otro juez veracruzano dio un amparo a Jorge Francisco Pereda Ceballos, a quien se acusa de violar a Karla, de 19 años, y de haber subido la grabación del acto a una página de videos porno. Pereda Ceballos no es el único responsable: otros dos estudiantes de la Universidad del Valle de México están involucrados; uno de ellos, Oswaldo Rafael Cruz, es hijo de Rafael Cruz, que entonces era director de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de Javier Duarte. Oswaldo Rafael no ha llegado a la cárcel. Arquímides Gregorio Loranca, el juez que amparó a Pereda Ceballos, dijo que la relación había sido consensuada.
¿Qué es un abuso sexual para un juez, cuántos impartidores de justicia piensan como estos veracruzanos? No lo sabemos aún. Además, lo anterior señala un problema que, hoy por hoy, parece endémico entre nosotros: los ricos pueden gozar de una impunidad intolerable y pasar por encima de quien ellos prefieran. En México, por otra parte, abunda la idea de que cuando una mujer sufre violencia sexual, es porque ella se lo buscó: su forma de vestir, o de actuar, o de beber, o de comportarse, siempre se puede encontrar algo que la responsabilice de su ataque.
Sonia M. Frías escribió un artículo brillante para Horizontal. En él, señala el circuito continuo de violencia sexual del que las mujeres son objeto: desde manifestaciones supuestamente inofensivas (acoso callejero, roces, tocamientos) hasta la violación. Las formas de abuso más prevalecientes, como el acoso, se normalizan y toleran. Ello contribuye a perpetuar el uso de la violencia sexual; contribuye, pues, a excusar con eventualidad las formas más agresivas de dicha violencia. Frías nos recuerda que la familia y el hogar no son lugares precisamente seguros para las mujeres: 30% de las violaciones son realizadas por un familiar, es decir, un padre, hermano, suegro, abuelo, tío, cuñado o primo. Además, ella se hace una pregunta que, por obvia tal vez, pasa desapercibida: ¿por qué violar a una mujer?
La respuesta es multifactorial y compleja y debe entenderse como el resultado de pactos patriarcales que se materializan, por ejemplo, en que se piense que el cuerpo de la mujer está para ser apropiado, que la apropiación del cuerpo femenino por alguien quien no tiene derecho resulte en la estigmatización de la víctima, que el cuerpo de la mujer pueda servir para sellar pactos entre varones, y que la apropiación de la sexualidad de la mujer se vea como un acto de exhibición de hombría o virilidad. […] En ocasiones, la demostración de fuerza y brutalidad que conlleva la violación de una mujer sirve para sellar la lealtad de un grupo de hombres a partir de ser cómplices de la violencia y de un pacto de semen. Asimismo, al igual que sucede con el acoso callejero, la violación puede servir para desarrollar relaciones de camaradería entre hombres y como generador de identidades masculinas.
El cuerpo de las mujeres, pues, puede utilizarse como medio y soporte de la gestación de hermandades/identidades masculinas. El caso de los violadores veracruzanos, todos ellos, podría mirarse así: como un pacto de semen entre jóvenes poderosos. El dictamen de los jueces refuerza la fratría entre ellos: podemos hacer lo que queramos, nadie nos va a tocar.
¿Estamos frente a la posibilitación de un Estado violador? Tal vez mi ocurrencia sea apresurada. Tal vez. Sin embargo, es innegable que el dictamen de estos jueces implica revictimizar a esas chicas: primero fueron violadas y después, de la mano de funcionarios públicos, fueron radicalmente desatendidas.
Referentes
(AP Photo)
La marcha nacional contra las violencias machistas, que llevó el lema #VivasNosQueremos, es muestra de una lucha necesaria y más viva que nunca. El objeto de esa lucha, la feminista, es difundir y ejecutar un mensaje específico: el cuerpo femenino no es para consumirse o para ser apropiado, no está para ser objeto de imposiciones. Esa lucha busca crear los códigos y los referentes para reconocer las violencias sexuales, machistas, y saber señalarlas, denunciarlas. De acuerdo con Catalina Ruiz-Navarro, el feminismo busca desmontar y subvertir el patriarcado, ese sistema que legitima y normaliza las violencias machistas, las nociones que justifican la desigualdad, la agresión. Ruiz-Navarro menciona:
Soy una convencida de que, una vez abierta la puerta a estos cuestionamientos, es fácil coincidir con alguna forma de feminismo. Además, una vez que uno entiende cómo opera la discriminación por género, no la puede dejar de ver.
Eso necesitamos aquí: entender cómo operan la violencia sexual y la discriminación machista para que nadie aquí, ni siquiera los funcionarios públicos, deje de verla.
