Pena de muerte

5 indignantes casos en los que aplicaron pena de muerte a inocentes

La pena de muerte es uno de los tópicos que más se discuten entre quienes exigen castigos más severos para los criminales. Hay partidos políticos que esgrimen esta penitencia como una de sus principales propuestas e incluso existen importantes sectores de la población que la apoyan como único método para detener la descomposición del tejido social.

En México no hay pena de muerte desde 1929, año en que quedó proscrita a nivel federal en el Código Penal. Antes de eso, algunos legisladores de finales del siglo XIX ya la consideraban injusta, indivisible, ilegítima, innecesaria y, principalmente, irreparable. La imperfección del sistema judicial y la oscuridad en la aplicación de procesos en plena transformación política del país eran el caldo de cultivo perfecto para que la pena máxima fuera aplicada a inocentes. Hoy el escenario no parece ser muy diferente.

En efecto, la pregunta “¿qué tan probable es que una persona inocente sea condenada a muerte en México?” es, sin duda, la cuestión práctica a debatir antes de  pasar a las de corte filosófico o moral. Consideremos un caso tan solo para abrir la discusión: el 42% de los presos en cárceles mexicanas son inocentes a la ley, esto debido a que no cuentan con un veredicto claro en torno a su caso.

Como los culpables, los condenado inocentes a pena de muerte tienen rostros y nombres. Vale la pena recordar la historia de algunas de estos mortales equívocos cometidos por estados en otras latitudes para contextualizar el debate.  Aquí te presentamos cinco historias.

John Thompson, 1999

John Thompson
El de Thompson es otro ejemplo de una vida destruida por un sistema judicial errado (Twitter)

El de Thompson es otro ejemplo de una vida destruida por un sistema judicial errado (Twitter)

A pesar de ser inocente (y de que el jurado tenía pruebas de ello), Thompson pasó varios años en prisión en Nueva Orleans luego de que se le condenara a muerte por el delito de robo y asesinato en 1985.

Durante su larga estadía en la cárcel, las autoridades penitenciarias cambiaron la fecha de su ejecución seis veces hasta que llegó la séptima y definitiva en la que cobrarían la vida de Thompson. Sin embargo, semanas antes de que llegara el fatídico día, un investigador privado que sus abogados habían contratado para limpiar el nombre del acusado, descubrió una carpeta con evidencia de su inocencia y la mostró ante el juez, alegando que esas pruebas siempre habían estado en poder del jurado pero que, por alguna razón, este no las había divulgado.

Ese descubrimiento fue suficiente para que Thompson fuera liberado en 2003, pero de haber confiado únicamente en los miembros del jurado, ese hombre no habría podido contar su historia.

Revisa su caso aquí.

Juan Roberto Meléndez-Colón, 1983

Juan Roberto Melendez-Colon
Juan fue de los pocos condenados a muerte que se salvó de morir (Twitter)

Juan fue de los pocos condenados a muerte que se salvó de morir (Twitter)

Este hombre fue el condenado número 99 en ser exonerado de la pena de muerte -cifra que, por lo demás, revela  que revela que el sistema judicial de Estados Unidos está lejos de ser perfecto.

Meléndez-Colón fue acusado de asesinato en 1983. Las únicas pruebas en su contra fueron dos testimonios de criminales. El jurado decidió  que una inyección letal era el castigo adecuado para Meléndez-Colón.

Posteriormente, cuando se reabrió el caso nuevamente para revisar la evidencia que lo inculpaba, se descubrieron pruebas (o la falta de ellas) de que el acusado no era culpable, así que, luego de otro largo proceso de análisis de información, se optó por levantar todos los cargos y dar marcha atrás a su condena.

Actualmente Meléndez-Colón es un activista muy vocal que lleva décadas luchando en defensa de los derechos humanos.

Carlos DeLuna, 1989

DeLuna
Ejecutaron a DeLuna con la inyección legal en Texas, Estados Unidos (Twitter)

Ejecutaron a DeLuna con la inyección legal en Texas, Estados Unidos (Twitter)

En este caso la vida del acusado no fue salvada por la recolección oportuna de evidencia.

En 1989 DeLuna fue ejecutado por el supuesto asesinato de Wanda López, la empleada de una tienda de conveniencia en Texas, pero una investigación de 2006 llevada a cabo por periodistas del diario Chicago Tribune encontró suficiente evidencia de que el condenado no solo era inocente, sino que había sido ejecutado sin pruebas suficientes, pues el verdadero criminal, llamado Carlos Hernández, había confesado haber cometido el crimen en varias ocasiones sin que el jurado le prestara la debida atención

Larry Griffin, 1995

Griffin condenado
Se consideró el testimonio de solo una testigo para condenarlo (Twitter)

Se consideró el testimonio de solo una testigo para condenarlo (Twitter)

El caso Griffin es uno de los más dolorosos para la comunidad afroamericana, pues cuando se descubrieron las verdaderas razones por las que el Estado lo ejecutó, la tensión racial en Misuri creció a niveles históricos hasta detonar un verdadero cuestionamiento sobre el sistema judicial en ese estado.

A este hombre se le condenó por haber participado en un tiroteo entre pandillas, aun cuando el jurado tuvo en su poder el testimonio de una de las víctimas que indicaba que Griffin no había participado. Hasta su muerte, Griffin sostuvo que era inocente.

Desde que se reabrió el caso se han descubierto nuevas piezas del rompecabezas que permiten armar un nuevo retrato del incidente, uno en el que el acusado era inocente.

Gary Graham, 2000

Graham
Graham murió a pesar de que había suficiente evidencia para exonerarlo (Twitter)

Graham murió a pesar de que había suficiente evidencia para exonerarlo (Twitter)

En el año 2000, otro hombre inocente fue ejecutado por el sistema judicial de Texas. A pesar de haber tenido evidencia suficiente para comprobar su inocencia, su vida llegó a su fin el 23 de junio mediante inyección letal, una combinación de dos potentes químicos que suspenden las funciones del cuerpo humano hasta causar la muerte.

La historia de Graham comienza en 1981, cuando fue condenado por el asalto y asesinato de Bobby Lambert en un supermercado de Houston. La única evidencia que tuvo el jurado para condenarlo a muerte fue el testimonio de una mujer que creyó haber visto su rostro a través de la ventana de su automóvil. Sin embargo, dos de los empleados que fueron asaltados esa ocasión declararon fuera de la corte que Graham no había sido el asesino, sino alguien más. Sin embargo, su testimonio no fue tomado en cuenta porque el abogado de oficio que defendía al acusado no lo presentó ante el juez.

Entrevistados años más tarde, algunos miembros del jurado dijeron que, de haber conocido el testimonio de los empleados, no habrían condenado a Graham a muerte.

¿Se puede aplicar la pena capital en un sistema judicial imperfecto?

Como estos casos hay cientos, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Cuando los procesos son tan susceptibles a malinterpretaciones y errores, las vidas de gente inocente son sentenciadas a terminar de manera injusta. Tan solo desde que se reinstauró la pena capital en Estados Unidos hace 41 años, aproximadamente 138 condenados a muerte han sido liberados luego de que se descubriera su inocencia. Sin embargo, los casos en los que el acusado es encontrado inocente después de su ejecución son mucho más escasos y complicados de descubrir.

En otras palabras, la pena de muerte es un riesgo ético que muy pocas sociedades están dispuestas a correr.

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