Informalidad y pensiones

CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 25, 2016.- Durante dos décadas, a partir de los años noventa, los países de América Latina y el Caribe se enzarzaron en un debate a propósito de cuál sería el mejor sistema de pensiones para proveer a los ciudadanos jubilados. Se preveía que las poblaciones envejecerían rápidamente. Los presupuestos eran ajustados y las tasas de ahorro privado y nacional eran bajas, recuerda Santiago Levy en el texto La informalidad laboral y el desastre de la pensiones, del blog Ideas que cuentan, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Había que encontrar una manera de garantizar las jubilaciones a la vez que aumentaba el ahorro y se dejaba espacio para otros gastos del gobierno.

Algunos, dice el autor, pensaron que era necesario conservar los sistemas tradicionales de reparto en los que las jubilaciones se pagan con las contribuciones actuales de la población trabajadora, más joven. Otros pensaban que debían adoptar sistemas de capitalización individual basados en las contribuciones de cada persona, más un retorno del mercado. El debate, que situaba los sistemas gestionados por el Estado frente a los sistemas dependientes del mercado, fue feroz y estuvo cargado de elementos ideológicos. También fue lamentablemente inadecuado.

Fundamentalmente, dice Levy, ignoró la realidad de los mercados laborales de la región, un punto que destaca la edición de 2016 de la publicación Ahorrar para desarrollarse: Cómo América Latina y el Caribe puede ahorrar más y mejor, del propio BID.

Para empezar, los dos sistemas padecían de falta de inclusión. Más de la mitad de la fuerza laboral en la región está empleada informalmente. Como consecuencia, no contribuyen a las pensiones. En los tres deciles más bajos de la distribución del ingreso, esa cifra llega hasta 90%-95 por ciento. Los sistemas también son regresivos. Si un trabajador tiene la mala suerte de tener un historial laboral inestable, marcado por periodos de empleo formal e informal, o aun el desempleo, se le negará una pensión en la mayoría de los sistemas de reparto. Se requiere un mínimo de años de pago de cotizaciones, y en Colombia, para citar un ejemplo, hasta el 65% de los contribuyentes no cumple con este principio. Estas personas no sólo acaban sin tener una pensión; lo hacen después de haber subsidiado a otros trabajadores más afortunados y acomodados a lo largo de sus carreras.

Los sistemas basados en las cuentas individuales no han funcionado como se esperaba. Numerosos países, entre ellos México, Perú y Chile, han vivido la transición a estos sistemas desde los años ochenta. Pero no están en mejores condiciones para tratar con la realidad de un empleo informal muy extendido. Estos nuevos sistemas se fundaron en las mismas bases inestables y han acabado produciendo resultados similares, a saber, cobertura insuficiente y ahorros insuficientes para la jubilación.

Hacia principios de la década del 2000, en era evidente en la región que ninguno de los dos sistemas funcionaba y que un gran número de personas llegaba a una edad avanzada en condiciones de pobreza. Por esto se llevó a cabo otro intento para lidiar con las fallas de los sistemas. Éste se produjo bajo la forma de pensiones financiadas por el Estado, que proveía a numerosos jubilados en dificultades, independientemente de los pagos anteriores. Estas presiones, denominadas inadecuadamente no contributivas (porque al final alguien tiene que pagar) se han vuelto endémicas en la región.

"Actualmente, aproximadamente una tercera parte de la cobertura en la región es no contributiva y se ha ayudado a millones de personas. Sin embargo, son escasos los beneficios, que oscilan entre el 5%-7% del ingreso per cápita en Colombia y México, hasta aproximadamente el 30% del ingreso per cápita en Brasil y Argentina. Los programas pueden ser caros y llegar a representar hasta el 1% del PIB. Además, empeora el problema del gasto fiscal que supuestamente debía resolver el sistema de cuentas individuales. También pueden desincentivar el ahorro y las transferencias dentro de la familia. ¿Por qué deberían ahorrar las personas para su jubilación cuando saben que el gobierno proveerá para ellos independientemente de que hayan ahorrado o no?"

El autor concluye que América Latina entra en un periodo de grandes transiciones demográficas; hacia finales de siglo, dice, en la región habrá proporcionalmente más personas en edad avanzada que en Europa. Sin embargo, los sistemas de pensión de la región están lejos de cumplir los requerimientos para abordar los retos sociales y demográficos en el futuro. "No proporcionan una red de protección lo bastante amplia para las personas en edad avanzada y no permiten a los gobiernos ahorrar lo suficiente para invertir en salud, educación e infraestructura de maneras que aumenten la productividad y reduzcan la desigualdad. La solución de los sistemas de pensiones requerirá mucho más que un simple ajuste. Exigirá cambios estructurales, empezando por la necesidad de abordar el problema de la informalidad laboral y sus desastrosas consecuencias. Al fin y al cabo, no importa realmente cuán atractivo parezca el sistema de pensiones en el papel si los fundamentos sobre los que descansa el mercado laboralno están preparados para servir de soporte."

(El texto original apareció en el Blog Ideas que cuentan, del BID)

tfo